El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba fijó nuevas pautas para el registro de su propia productividad, a los efectos de reducir los plazos de resolución de los procesos y hacerlos más transparentes.
Al respecto, el presidente del TSJ, Sebastián López Peña, de visita por la ciudad, dijo ayer que en la actualidad hay récord de resoluciones en la Justicia cordobesa.
En ese sentido, se pasó de 2.622 resoluciones durante el período 2019-2020 a 3.453 en el lapso que fue de 2020 a 2021, lo que representa un aumento del 32 por ciento.
“Nosotros vamos teniendo acuerdos de productividad que anualmente publica el Centro de Estudios y Proyectos del Poder Judicial y estamos también implementando medidas para conocer la productividad de los tribunales”, señaló López Peña.
Y agregó: “La productividad no es un análisis lineal que se pueda medir por número de resoluciones. Por ahí, una Cámara del Crimen que tiene una causa muy compleja tendrá una repercusión negativa en cuanto a cantidad si uno ve los números finales, pero no quiere decir que esa cámara haya trabajado menos”.
“Pero hay una serie de parámetros que tienen que ver con las horas de audiencia, la cantidad y la complejidad de las sentencias existentes, etcétera, para poder mantener un estándar mínimo de productividad frente a una realidad judicial, no por la pandemia, porque el proyecto de expediente electrónico es previo a ella, que es el cambio de paradigma en el sistema”, manifestó López Peña en su diálogo con Puntal AM.
-¿En qué consiste ese cambio de paradigma?
-En que no solamente ha disminuido notoriamente la presencia de público, abogados y partes en los tribunales, sino también la forma en que se ejerce la abogacía y la magistratura, no estando atados a los tribunales abiertos.
Y continuó: “Es un cambio de forma en la Justicia el hecho de pasar del papel al expediente digital. Frente a esta realidad la productividad se supone que tiene que subir. De hecho estos cambios son para mejorar la productividad y para dar un mayor número de respuestas. Y un análisis más sostenido nos va a dar cuenta de cuál es la ganancia real medida en cuanto a capacidad de respuestas de cada tribunal, de cada sede judicial o del Poder Judicial en general frente a los requerimientos de la sociedad”.
Según se informó a Puntal, “tras la obligada interrupción generada por la pandemia (Covid-19), durante el año 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ha retomado la práctica institucional de definir su compromiso en términos de productividad, esto es, establecer el volumen de causas que pretende resolver en el curso del presente año y durante el primer cuatrimestre de 2022”.
“Al mismo tiempo, avanzará en el diseño de una planilla informática que facilite la carga, registración y sistematización de toda la actividad jurisdiccional cumplida por el TSJ, así como la consulta y difusión pública de la información. Todo esto, en aras de reducir los plazos de resolución de los procesos judiciales y de avanzar en la mayor transparencia y eficacia del Poder Judicial”, se agregó.
A manera de ejemplo, de acuerdo con la estadística del TSJ, entre el 1o de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020, ingresaron al TSJ 2.546 causas y se dictaron 2.622 resoluciones.
Cabe aclarar que se computan como tales sólo las sentencias y los autos que resuelven recursos o pretensiones de competencia originaria.
En tanto, entre el 1o de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021 ingresaron 3.118 causas y se dictaron 3.453 resoluciones.
De acuerdo con la información suministrada a Puntal, el TSJ insistió “en la necesidad de modernizar la sistematización de los procedimientos de recolección y procesamiento de datos, para facilitar el acceso público a la información, siempre en aras de intensificar la transparencia institucional.
El segundo paso consistirá “en la informatización del procedimiento de relevamiento, recolección, carga y procesamiento de los datos” que aportarán las diferentes secretarías y relatorías de las salas y del pleno que componen el TSJ.
Por último, el TSJ explicó que “el objetivo final es que, tras la carga y procesamiento informático de todo lo desarrollado para resolver las causas que ingresan, se genere una interfaz digital de acceso y consulta pública”, que puede resultar de suma utilidad para quienes litigan, para los que pudieran emplear la información con fines académicos y para la sociedad, dado que se trata de “la publicidad de los actos de gobierno”.
Marcelo Irastorza. Redacción Puntal
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