Esta medida no representa una habilitación absoluta ni definitiva. Se trata de una resolución que modifica una medida cautelar previa y habilita el funcionamiento de estas apps bajo estrictas condiciones, hasta tanto se dicte una sentencia de fondo o se sancione una normativa local específica que regule su actividad. Este matiz fue señalado en declaraciones a Puntal con claridad por el asesor letrado de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Martín, quien destacó que se trata de un esquema excepcional, subsidiario y provisorio.
Aun así, para la empresa Uber, el fallo representa una victoria. Eli Frías, Head de Operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, celebró públicamente la decisión mediante un comunicado diciendo: “Hemos esperado mucho tiempo para compartir con los cordobeses que eligen manejar y viajar con Uber la buena noticia que dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. Esta resolución es un reconocimiento de la disposición al diálogo y la convicción de ser parte del futuro de la movilidad de Córdoba que hemos mantenido desde el primer viaje en 2019”.
La compañía considera que el fallo abre finalmente la puerta a la regularización de la actividad y permite que miles de conductores puedan generar ingresos de manera legal, además de ofrecer a los usuarios una opción de transporte que ya era utilizada masivamente, aunque en un contexto de incertidumbre legal.
Sin embargo, no todos celebran. Desde el gremio de choferes de taxis, la resolución fue recibida con preocupación e indignación. Miguel Arias, secretario general del sindicato, afirmó “nosotros sabemos que está en peligro nuestra fuente de trabajo. La mayoría de estos choferes trabajan en sus horas libres, no dependen de esto como nosotros. Es injusto y desigual”.
Arias también cuestionó lo que considera una traición política. “Tenemos la promesa del señor gobernador cuando fue intendente y del actual intendente también, que esto no iba a suceder. Nosotros vamos a movilizarnos la semana próxima y exigiremos explicaciones. Hace años que nos vienen prometiendo una aplicación municipal que nunca llega. Nos sentimos completamente desprotegidos”, concluyó ante Puntal.
La Municipalidad, por su parte, intenta posicionarse en un punto intermedio entre ambos sectores. Gabriel Martín explicó que se cumplirá con la resolución del TSJ, pero que se exigirá a Uber y a otras plataformas el estricto cumplimiento de una serie de requisitos antes de que se les habilite a operar oficialmente. En este sentido, detalló que la empresa debe inscribirse en el Registro de Actividades Económicas (ARCA), en los sistemas de Ingresos Brutos, Comercio e Industria, y tener una sede en Córdoba.
Los choferes, por su parte, deberán contar con licencia de conducir profesional, seguro de responsabilidad civil, cobertura de ART, y no estar incluidos en registros como el de agresores sexuales o deudores alimentarios morosos. Los vehículos, en tanto, deberán tener menos de diez años de antigüedad, estar radicados en Córdoba, contar con capacidad para al menos cinco y hasta siete pasajeros, tener baúl con una capacidad mínima, seguro al día y estar debidamente identificados mediante un ploteo visible.
“Desde la Municipalidad impulsamos que Uber y otras apps puedan trabajar, pero con las reglas que rigen para todos. No puede ser que un kiosco o un taxista tenga que cumplir normativas y que una empresa internacional quiera evitarlo. No hay coronita para nadie”, enfatizó Martín. También subrayó que Córdoba es una ciudad moderna, pero con orden, y que esa combinación es lo que la hace diferente.
Por otra parte, la resolución del TSJ sólo involucra a Uber, ya que es la única empresa que forma parte del expediente judicial. No obstante, desde el municipio confirmaron que se trabajará para establecer un marco regulatorio general para todas las plataformas, incluyendo otras como Cabify o DiDi. De hecho, el Concejo Deliberante ya cuenta con proyectos en carpeta que podrían ser la base para una futura ordenanza que establezca reglas claras y uniformes.
En cuanto a los controles, desde el Palacio 6 de Julio aseguraron que continuarán sin modificaciones, no solo sobre choferes de apps, sino sobre cualquier persona que brinde servicios de transporte sin cumplir con la normativa vigente. “Estos controles no tienen como objetivo castigar, sino ordenar. La clave está en que todos puedan trabajar, pero bajo las mismas condiciones”, indicó Martín.
Por años, el funcionamiento de las apps fue un tema tabú en el ámbito político local. Ahora, con el aval del máximo tribunal provincial, se abre un nuevo escenario en el que el Estado deberá actuar como mediador entre sectores enfrentados, garantizando tanto la innovación como la equidad.
La ciudad capital enfrenta un desafío que ya ha sido transitado por otras grandes urbes del país y del mundo: cómo integrar a las nuevas tecnologías de transporte sin destruir el entramado laboral existente.
