“La Argentina necesita una modernización laboral profunda, porque el régimen actual es de hace 50 años por lo menos”, reclamó el titular de la UIC, Luis Macario. El gobernador busca evitar que le quiten casi 100 mil millones
El empresariado cordobés presiona por la reforma laboral pero el gobernador Martín Llaryora condiciona su respaldo.
“La Argentina necesita una modernización laboral profunda, porque el régimen actual es de hace 50 años por lo menos”, reclamó ayer en diálogo con Puntal el titular de la UIC, Luis Macario.
El gobernador Llaryora coincide con que hay que modernizar la legislación laboral, pero está preocupado porque el proyecto contiene un capítulo impositivo que les quita fondos a las provincias.
En el caso de Córdoba, son casi 100 mil millones de pesos.
“La Argentina necesita una modernización laboral profunda, porque el régimen actual surge de una realidad productiva de hace 50 años por lo menos”, manifestó Luis Macario.
“En la era de la inteligencia artificial, debemos hacer una modernización de las normas laborales. Las modificaciones de propuestas con matices y ajustes necesarios y más allá de lo que surge de la negociación creemos que apuntan en la dirección correcta”, añadió.
“Reducen la litigiosidad, que es uno de los mayores costos ocultos que tiene el sistema; dan previsibilidad a las empresas, condición indispensable para poder contratar más personal;promueven la negociación por empresa, donde en realidad se juega la verdadera productividad; y reconocen nuevas formas de trabajo que hoy operan en la formalidad”, expresó.
“Creemos que la modernización laboral no es para quitar derechos, sino para que un sinnúmero de trabajadores que hoy no tienen ninguno puedan acceder a un empleo formal y protegido”, señaló.
“Sin que tengamos un régimen laboral que sea moderno, competitivo y de alguna manera equilibrado, no va a haber creación de empleo formal ni desarrollo industrial sostenido en la Argentina”, sostuvo.
“Por supuesto que ésta es una condición necesaria y no suficiente, porque también necesitamos que se recupere la actividad económica”, agregó.
Como publicó Puntal, al reclamo de Llaryora por el capítulo impositivo de la ley, se suma ahora el del mandatario santafecino Maximiliano Pullaro.
El proyecto oficial también tiene impacto negativo en Entre Ríos, provincia ésta que es gobernada por Rogelio Frigerio.
Dichas provincias, si se aprueba la ley, dejarán de recibir $ 250 mil millones.
Por eso, esos distritos, entre ellos el de Córdoba, están en alerta.
