Ahora, 5 meses más tarde, los universitarios volverán hoy a salir a las calles para reclamar por el atraso salarial. Es decir, por esa porción del 90% del presupuesto, bajo el argumento de que los sueldos docentes y no docentes perdieron al menos 50% del poder adquisitivo que tenían a fines de 2023, y especialmente en los primeros meses de 2024.
¿Volverá el Gobierno a tropezar con la misma piedra? Es posible que la movilización de esta tarde, en distintos puntos del país, aunque con epicentro en Buenos Aires, tenga una fuerte convocatoria. Si eso es así, habrá un costo político para Milei, que sigue manteniendo altos niveles de aprobación más allá del fuerte ajuste aplicado en lo que va de su gestión.
Anoche, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, disparó: “El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2%, el de los docentes universitarios fue de 81,4%”. De todos modos, la inflación será cercana al 98% para ese mismo período.
Pero respecto a las universidades, parece que aún no logró decodificar el conflicto y lejos de aportarle un rédito, hasta acá lo sumió en un costo. ¿Por qué es particular el caso de las casas de altos estudios?
Una reciente encuesta de la consultora Escenarios, que conducen el cordobés Federico Zapata y Pablo Touzon, mostró lo que podría ser al menos una explicación de lo que generan las universidades en la sociedad argentina. Entre las distintas instituciones y organismos públicos, fueron las que mayor imagen positiva cosecharon: 52,7%. Sumaron algo más del 18% de imagen regular.
En segundo lugar, la Presidencia de la Nación sumó 36,17% de positiva y 14,9% de regular. Completó el podio Anses, con el 34,3% y obtuvo 34% de regular. En el fondo de la tabla aparecen la Corte Suprema (12,9%) y el Congreso (13,4%), las representaciones de los otros dos poderes del Estado que deben servir de equilibrio ante el Ejecutivo.
Eso muestra que para buena parte de los argentinos las universidades son un capital relevante y por lo tanto colisionan con las sugerencias emanadas de funcionarios del Gobierno, que las vinculan a manejos espurios y hasta de inventar alumnos que no tienen.
Para ahondar aún más vale un ejemplo: la Universidad Nacional de Río Cuarto les entregó títulos a 30 mil personas en sus años de vida. ¿Cuántos argentinos estudiaron en las universidades públicas o tienen hijos que lo hicieron o están haciendo? ¿Cuántos son primera generación de profesionales gracias a la educación pública?
Más allá de que las prácticas de Milei rompieron con algunos capítulos de los manuales políticos, el tomar como adversario ocasional a personas o instituciones altamente valoradas por la sociedad no parece una buena idea, o al menos una que resulte gratuita. Los analistas políticos suelen desaconsejar apuntar desde los gobiernos contra las universidades y los jubilados. Sobre eso, también parece que Milei quiere imponer su propia lógica.
Eso, claro, no implica que las universidades no tengan cosas para mejorar, tanto en lo académico como en el manejo de sus recursos.
Sobre la valoración del relevamiento de imagen, Zapata, uno de los responsables del estudio, remarcó que “los resultados explican por qué algunos temas tienen repercusión social positiva (Universidades) y otros negativa (Justicia), así como la tolerancia social a discursos y políticas anti-Estado”, indicó el consultor cordobés.
Polémica por una denuncia contra un funcionario de Educación por “usurpación de título”
El legislador porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó ayer una denuncia penal contra el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Alvarez, por supuesta "usurpación de título" a raíz de las dudas sobre la existencia de los grados académicos con que se presenta en redes sociales.
La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini y se radicó en los tribunales de Retiro.
El legislador de izquierda argumentó en la presentación que Álvarez invocaría un cargo en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que no tendría, ya que es "un adjunto interino porque jamás dio un concurso".
Entre las medidas de prueba que pidió, figura certificar las redes sociales del funcionario -X e Instagram- donde alude de manera pública a grados académicos que, según "rumores", no tendría, como el de profesor titular de Ciencia Política en la UBA.
Ayer, Álvarez respondió con una imagen de su cargo en la UBA y un tuit: “Parece que para la UBA sí soy titular de mi materia, de paso aviso a mis alumnos que el próximo teórico no se suspende por paros”, chicaneó el funcionario.
