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Transferencias a universidades cayeron 31% en enero: son las menores en 9 años

Mientras las casas de altos estudios continúan con los mismos presupuestos que en 2023, los efectos empiezan a sentirse con recursos que rinden mucho menos que hace un año. Insisten en la necesidad de recomponer fondos

Las autoridades de las universidades nacionales insisten en el reclamo para reforzar con más fondos al sistema educativo superior con el argumento de que el fuerte proceso inflacionario, especialmente el desatado a partir de diciembre tras la devaluación, hace inviable el desarrollo de las múltiples actividades académicas, de investigación y extensión con el presupuesto reconducido del año pasado.

Es que las casas de altos estudios cuentan con los mismos fondos que hace un año, con la inflación corriendo al 254% y sin miras de bajar de esos niveles en los próximos meses.

Ayer, el economista y titular del Iaraf, Nadim Argañaraz, publicó un dato revelador: las transferencias a universidades nacionales tuvieron un descenso interanual real del 31% en enero. Fueron las menores de los últimos 9 años. Respecto al punto máximo de la serie, correspondiente a 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, estuvieron un 41% abajo. En relación al promedio, la baja fue del 32%.

De acuerdo a la planilla anexo aprobada por el Congreso a fines de 2022 correspondiente al ejercicio de 2023, el conjunto de 57 universidades ya en funcionamiento -sin tener en cuenta las 5 que fueron aprobadas por el Congreso el año pasado y que el Gobierno decidió “revisar”, entre las que está la de Río Tercero- tienen un presupuesto de 752.482 millones de pesos. Si esa suma fuera ahora ajustada por inflación, debería trepar a $ 2.663.786.280.000 para mantener el mismo poder de compra. Es decir, que al no variar aquella cifra porque el Gobierno decidió reconducir el presupuesto nacional como una forma de ajuste, al sistema le faltarían $ 1.911.304.280.000 para poder afrontar, en promedio, los mismos costos del año pasado. De otro modo: ahora tendrían dinero para funcionar sólo por 3 meses y medio de no mediar una revisión de la situación.

El sistema universitario tiene un presupuesto de $ 752.482 millones. Si esa suma fuera ahora ajustada por inflación, debería trepar a $ 2.663.786.280.000 para mantener el poder de compra de 2023.

La urgencia

De allí la urgencia de los rectores, que empezaron a levantar el tono de los planteos con el correr del calendario. Ya finalizando febrero y con un ritmo de actividad que va en aumento, el margen de maniobra se hace cada vez más angosto.

En ese marco, la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene en aquella planilla del ejercicio 2023 asignado un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos anuales. Siguiendo el mismo ejercicio de ajuste por inflación, debería contar con algo más de 35 mil millones de pesos para 2024. Por lo cual, le faltarían 25 mil millones para igualar los recursos que le permitieron transitar el año pasado.

Con ese presupuesto de 2023 la UNRC era la 21° casa de altos estudios con mayor volumen de fondos aprobados. En ese ránking lidera por lejos la UBA con 121.623 millones de pesos, seguida por la Tecnológica que suma $ 48.992 millones y La Plata que alcanza los $48.236 millones.

Frente a ese panorama, la rectora de la UNRC, Marisa Rovera, remarcó en una nota publicada ayer en este diario que “en este contexto inflacionario es claramente visible que se complica el funcionamiento. Y cuando hablamos de eso hacemos referencia a las múltiples funciones que cumple la Universidad”.

Y agregó: “Bregamos para que se refuerce ese presupuesto que hace al funcionamiento sin dejar de lado lo que tiene que ver con las partidas salariales”. Sobre este último punto, lo que ocurre en los otros niveles educativos, y en particular el fracaso de la reunión de ayer entre Ctera y los funcionarios del Gobierno nacional abren un signo de interrogación adicional.

Por último, en referencia a la escasez de recursos que vienen planteando los rectores, Rovera indicó que “claramente vamos a necesitar un refuerzo, un nuevo presupuesto, una política de apoyo financiero a corto y mediano plazo para poder cumplir durante el ciclo lectivo con ese quehacer múltiple de la universidad”.