Universidades, entre el ajuste y la apatía

Javier Milei es un presidente distinto. Tan distinto que, para él, la ley no es obligatoria sino opcional. Su categoría de outsider, ese término que denomina al que viene de los márgenes de la sociedad, parece haberle dado la facultad de desentenderse de lo que vota el Congreso u ordena la Justicia. El último ejemplo de esa actitud es la ley de Financiamiento Universitario. Argentina parece haberlo naturalizado pero no debería pasar desapercibido que el jefe de Estado primero haya ignorado la ley que se votó en 2025 y que ahora se esté debatiendo entre cumplir o no la sentencia que hace apenas días emitió la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que le ordenó que de inmediato cumpla con el envío de fondos a las universidades. En ese fallo, además, los camaristas desbarataron el principal argumento del Gobierno, el fiscalista, y señalaron que un gasto del 0,23 por ciento del PBI no es significativo, menos cuando lo que está en juego es el derecho constitucional a la educación pública universitaria.

¿La sentencia judicial reciente, que le da solidez al reclamo por los fondos, cambió el ánimo en los campus? No demasiado. En las principales casas de altos estudios que están instaladas en Córdoba no imaginan a Milei cumpliendo mansamente la disposición judicial. Y se preparan para continuar con el conflicto. “Los constitucionalistas nos dicen que el Gobierno tiene caminos para seguir dilatando el envío de los fondos”, relató un funcionario universitario.

La situación en todo el sistema es de quiebre. No solamente por la caída real de los presupuestos sino porque la composición salarial es insostenible. Hoy, el máximo sueldo al que puede acceder un docente en Argentina, con dedicación exclusiva, es de 2.500.000 pesos, unos 1.785 dólares. En Brasil y Uruguay, por el mismo cargo se cobra 5.000 dólares y en Panamá, 6.000.

El último documento que emitieron los rectores, que están nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional, hace un diagnóstico conceptual y numérico de la crisis presupuestaria. Señala que entre 2023 y 2026, las universidades han sufrido un recorte real del 45,6 por ciento de los fondos; es decir, perdieron casi la mitad de sus recursos. Pero, además, los ingresos de los docentes y no docentes cayeron el 32 por ciento y hoy los salarios universitarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años;uno de los peores desde el retorno de la democracia.

En la Universidad de Río Cuarto, según el Portal de Transparencia, el 23% de la planta docente está integrada por profesores adjuntos, que para la dedicación semiexclusiva tienen un básico de 544.000 pesos. Los profesores titulares son sólo 85, el 4,5 por ciento del total, y tienen básicos que van de 698 mil pesos a 1.396.000 pesos.

Con esas cifras, la discusión ya no se enfoca sólo en el plano económico, en las líneas de subsistencia, sino que pasa también a ser simbólica. Ya no es únicamente un planteo para garantizar que los salarios traspasen los umbrales mínimos de pobreza e indigencia, sino que además compete a la integridad. Un sueldo en esos niveles es denigrante porque le está diciendo a quien lo cobra que su trabajo, en este caso la formación de profesionales, no tiene demasiado sentido. Es casi el equivalente a un insulto.

En ese punto, hay una valoración intrínseca que el gobierno de Milei hace de los docentes pero, además, de la educación universitaria pública en general.

Hay una característica notoriamente marcada en el gobierno nacional: su vacío discursivo con respecto a lo que pretende del sistema universitario. Hasta ahora, solamente ha reducido la discusión a un plano presupuestario pero, además, ha cargado de disvalor a todo lo que está relacionado con las universidades públicas. De los datos se desprende que pretende desfinanciarlas a corto y largo plazo -y lo está haciendo- pero ninguno de sus funcionarios, ni siquiera el gris subsecretario del área, Alejandro Álvarez, ha expresado cuál es el modelo de educación superior del presidente Milei.

El concepto casi exclusivo que surge como política universitaria de la gestión libertaria es que el sistema debe gastar menos. El último intento por evitar el refuerzo de fondos fue un proyecto de ley que parece haberse caído definitivamente, según señalan en la Cámara de Diputados.

Con la musculatura numérica que le dio la última elección legislativa, el Gobierno amagó con una nueva ley que iba a modificar la de 2025 y que eliminaba la recomposición salarial de 2023 y 2024. Los rectores se plantaron pero la discusión en el Congreso desnudó una grieta: el Ejecutivo decía que el proyecto había sido consensuado con el CIN cuando, en realidad, sólo había tenido la venia de la conducción de la UBA.

El nuevo proyecto terminó empantanado en Diputados, donde no pasó de consultas previas. Los legisladores del cordobesismo, por ejemplo, que ya habían votado la ley anterior de financiamiento, exigieron, para acompañar, que hubiera un apoyo expreso y público de los rectores al nuevo criterio que, en realidad, institucionalizaba la pérdida de recursos. Ese aval nunca apareció.

Ahora, ¿la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa de Buenos Aires les da otra posición de fuerza a las universidades y a los gremios? En teoría sí, pero nadie está del todo seguro. Por lo pronto, la Conadu sigue con las medidas de fuerza previstas.

Va a combinar nuevas maneras de exponer el reclamo con los paros que viene realizando desde el inicio del año lectivo. En ese punto, los gremios docentes corren un riesgo. Quizás, tal como está planteado el conflicto, insistir con la metodología del paro no sea la estrategia más efectiva. Hasta ahora, ha encadenado cuatro semanas sin clases pero la magnitud de la medida no generó los resultados que se podrían esperar. Es más, a esta altura, los sindicatos deberían preguntarse si el paro no termina siendo un instrumento funcional a Milei.

Primero, la efectividad de una medida de fuerza puede medirse por el grado de incomodidad, de costo que le hace padecer al destinatario de la protesta. En este caso, el gobierno de Milei parece indiferente al hecho de que no haya clases. En el fondo, si es un gobierno que desprecia a las universidades públicas y que entiende que la educación debería ser mayoritariamente privada, ¿en qué puede afectarle la pérdida de días y semanas de clases?

La única alternativa que haría que el Gobierno cambiara su política universitaria sería externa: es decir, si existiera presión social. Sin embargo, no parece ser el caso. Más allá de que las marchas en las calles fueron masivas, Milei pudo aplicar su criterio de ajuste a las universidades porque existió, de mínima, pasividad de la sociedad. Hubo y hay, en el mejor de los casos, apatía y desinterés. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las cuatro semanas de paro no hubieran sido en las universidades sino en la primaria y en la secundaria? El malestar habría sido infinitamente mayor. Con respecto a la educación superior parece haber una especie de anestesiamiento. En ese aspecto puntual, Milei parece haber ganado: hasta su llegada al poder, las universidades eran consideradas un valor innegociable para la sociedad argentina. Hoy, el discurso del curro, de la falta de transparencia, de los ñoquis, ha causado efecto.

Además, parece haber una disociación entre lo que les ocurre a las universidades y lo que la sociedad asume como daño para sí. Es como si una franja importante de la población no percibiera que el deterioro del sistema universitario le afecta de manera directa. Hoy, cada vez que los medios de comunicación publican una nota sobre el conflicto y el presupuesto universitario, ya no está entre las más leídas. El interés ha decaído notablemente. Y cuando hay repercusiones, por ejemplo en los comentarios de las redes sociales, las opiniones van más en el sentido de Milei que en el de los docentes o los rectores. No es raro encontrarse con decenas de “Vayan a laburar”.

“Tenemos que encontrar mecanismos para visibilizar lo que pasa pero sin ponernos a la sociedad en contra”, señaló un funcionario de una universidad cordobesa. El reclamo, además de fundamentado, está obligado a leer el contexto si es que además pretende ser efectivo.