La UNRC suspendió a los 5 involucrados en la causa de los laboratorios ilegales

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Germán Barros, informó ayer la decisión del Consejo Directivo de apartar de manera preventiva a esos cinco implicados en el citado caso por 30 días.

Ymanifestó que, de los cinco investigadores suspendidos, sólo dos tienen vinculación directa con la Universidad.

Los cinco implicados en la causa por los laboratorios de la UNRC son: Lucas Gallarato, Oscar Masciarelli, Judith Reynaga, Analía Llanes y Julia Iparraguirre.

Respecto a la denunciante, las autoridades confirmaron que continúa trabajando con normalidad, con pleno ejercicio de sus derechos laborales. “Nos comunicamos constantemente con ella. Está recibiendo la información y el acompañamiento necesarios para poder cumplir con su tarea sin interferencias”, comentó el decano.

Respecto a la denunciante, confirmaron que continúa trabajando con normalidad.

En conferencia de prensa, la rectora Marisa Rovera dijo que fue un hecho aislado y no institucional y que se remitió al juez federal Carlos Ochoa, a cargo de la investigación judicial, toda la información acerca de los 300 servicios que presta la casa de altos estudios.

“Nuestra posición fue desde el primer momento cumplir con los procedimientos internos y ponernos al servicio de la Justicia”, sostuvo Rovera.

Yagregó que la imagen de la Universidad local no está afectada por esta causa judicial.

“Estamos hablando de un hecho absolutamente aislado, no de una práctica institucional. Más de 300 servicios a terceros se realizan con rigor, legitimidad y control institucional”, subrayó la rectora, enfatizando que la UNRC cumple un papel fundamental en la vinculación con la sociedad a través de tareas de investigación, extensión y transferencia tecnológica.

Destacó, además, que todos los contratos, convenios y antecedentes de los servicios prestados por los equipos de trabajo involucrados han sido puestos a disposición de la Justicia. “Somos extremadamente cuidadosos con el uso del patrimonio público. La documentación está completa y está en manos del Poder Judicial”, aseguró la rectora.

Consultada sobre el posible impacto reputacional de este caso, Rovera fue contundente: “La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene más de 50 años de trayectoria y prestigio bien ganado, no sólo en el ámbito local, sino nacional e internacional. Este es un hecho aislado, particular, que no puede ni debe opacar la labor cotidiana de cientos de docentes, investigadores y trabajadores que hacen funcionar esta universidad pública con esfuerzo y compromiso”.

“Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia Federal y respondimos cada requerimiento. Esto lo abordamos de manera absolutamente conjunta, con el asesoramiento del área jurídica y con el máximo respeto por la legalidad”, puntualizó la rectora.

Por su parte, el director de Asuntos Jurídicos, Hugo Abrahan, confirmó la realización de un sumario administrativo a quienes tienen vinculación con la UNRC y aclaró que las suspensiones no son sanciones, sino medidas de carácter precautorio.

Yexplicó, en relación con los investigadores del Conicet, que la facultad les ha prohibido utilizar las instalaciones.

En relación con la causa judicial, Abrahan explicitó que aún no tienen acceso al expediente penal completo debido al secreto de sumario. “La confidencialidad que rige en esta etapa de la investigación penal es esencial para su eficacia. Pero también la Universidad puede solicitar, como lo ha hecho, el acompañamiento de información a la Fiscalía, siempre que eso no interfiera con la investigación judicial”, señaló.

“Esto no es una falla del sistema, es una posible conducta individual que debe ser investigada. Si se confirma que hubo una acción indebida, tendrá consecuencias. Pero no vamos a permitir que este caso empañe el trabajo de miles que día a día hacen universidad pública”, opinó.

Las autoridades de la UNRC confirmaron que continúan colaborando activamente con la Justicia en el marco de la investigación que involucra a cinco personas vinculadas a la Facultad de Ciencias Exactas y al Conicet.

La causa penal, que aún se encuentra en etapa preliminar bajo secreto de sumario, motivó además la apertura de un sumario administrativo interno, el cual busca determinar responsabilidades en el plano institucional.

Las autoridades aseguraron que los procedimientos internos de aprobación y control de servicios están debidamente normados y son supervisados por el Consejo Directivo y el Consejo Superior. Sin embargo, también reconocieron que todo procedimiento es perfectible y que habrá revisiones si la situación lo amerita.

Finalmente, las autoridades ratificaron el compromiso de la Universidad con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas. “Éste es un hecho inédito para nuestra institución y lo estamos abordando con la seriedad y responsabilidad que exige la comunidad universitaria”, concluyeron.