Robo de agua: habrá denuncia penal del Emos contra Urú
El directorio decidió ir a fondo en la avanzada judicial: se constituirá como querellante para esclarecer quiénes y cuándo hicieron la conexión ilegal. Además, se le aplicará al club una multa de $ 1.000.000
El Emos ya decidió la estrategia final que encarará por la conexión clandestina que se detectó en Urú Curé y que se usaba para regar con agua potable la cancha de hockey, una plantación de álamos y que terminaba en la piscina que tiene el club. El directorio le pedirá al Tribunal de Faltas que aplique la máxima sanción económica posible, que implicará una multa cercana al millón de pesos; además, hará una denuncia penal para tratar de establecer las responsabilidades y avanzar en la penalización del delito.
La semana pasada, después de una discusión entre directivos del club de rugby con el director obrero del Emos, Gastón Álvarez, se le aplicó a Urú Curé una restricción en el suministro de agua por una deuda de 692 mil pesos. Pero cuando fueron a hacer efectiva la penalización, los operarios y Álvarez se toparon con una conexión ilegal de dos pulgadas, un diámetro considerado de red distribuidora que suele usarse para abastecer barrios enteros, que salía de la cañería que alimenta al barrio Soles del Oeste y terminaba en dependencias del club.
A partir de ese momento, Urú Curé estuvo en el ojo de la tormenta no sólo por su abultada deuda sino, sobre todo, por el robo de agua potable con fines de riego. Después de una serie de desacoples en el oficialismo, finalmente las autoridades del Emos decidieron junto al Ejecutivo una estrategia en común.
La primera acción será judicial. Álvarez ya hizo una exposición policial en la comisaría de Abilene en la que denunció la conexión clandestina; incluso llevó policías e hizo filmar el recorrido de la red ilegal para que quedara asentado como prueba. Cuando esas actuaciones pasen a la Fiscalía de Instrucción, los miembros del directorio del Emos se constituirán como querellantes, según detallaron integrantes de la conducción, para tener una participación activa en la causa y reclamar medidas de prueba.
“Tiene que quedar en claro que queremos conocer la verdad; saber qué pasó y quiénes son los responsables, si es sólo el club o hubo algo más”, detallaron en el Emos. Si de la investigación judicial resulta que hubo algún tipo de complicidad interna o que algún operario del ente participó en realizar la construcción, entonces recién entonces se dispararán los procedimientos internos del Emos para tomar medidas administrativas o disciplinarias.
En el oficialismo, a mediados de semana no había una posición común. Es más, los mensajes hacia afuera eran confusos. Mientras desde el ente se daba por cerrada cualquier posibilidad de que hubiera habido complicidad en la conexión clandestina, desde el Concejo Deliberante el PJ reclamaba ir a fondo para establecer responsabilidades. Incluso, se mencionó que la gestión anterior, encabezada por el radicalismo, podría haber actuado en connivencia. Hasta se mencionó el término corrupción.
Una postura única
En una reunión en el Palacio se determinó desterrar esas señales contradictorias e ir con una estrategia única, que contempla la denuncia penal contra Urú Curé y, además, la aplicación de la máxima sanción económica posible al club por la conexión clandestina que tendría, según testimonios recogidos por el Emos entre personal de mantenimiento del predio, unos ocho años de antigüedad.
Del análisis que realizó el área jurídica del ente municipal surgió que se aplicará el articulado del Código de Faltas vinculado con los daños ocasionados a una obra pública. La pena establecida en ese caso tiene un máximo de 1.000 unidades de multa, lo que actualmente es equivale a una cifra cercana al millón de pesos.
Es decir, que a los 694 mil pesos que fueron determinados como deuda por los servicios impagos -692 mil originales más una sanción adicional por la reconexión- hay que sumarle 1.000.000 de pesos en el caso de que el Tribunal de Faltas acepte el criterio de la conducción del Emos.
“No podemos hacer otra cosa. Lo que hizo el club fue grave y merece la máxima sanción posible. Y, además, si no los denunciáramos a la Justicia estaríamos incumpliendo nuestros deberes como funcionarios”, indicó un directivo del Emos.
Marcos Jure
mjure@puntal.com.ar
La semana pasada, después de una discusión entre directivos del club de rugby con el director obrero del Emos, Gastón Álvarez, se le aplicó a Urú Curé una restricción en el suministro de agua por una deuda de 692 mil pesos. Pero cuando fueron a hacer efectiva la penalización, los operarios y Álvarez se toparon con una conexión ilegal de dos pulgadas, un diámetro considerado de red distribuidora que suele usarse para abastecer barrios enteros, que salía de la cañería que alimenta al barrio Soles del Oeste y terminaba en dependencias del club.
A partir de ese momento, Urú Curé estuvo en el ojo de la tormenta no sólo por su abultada deuda sino, sobre todo, por el robo de agua potable con fines de riego. Después de una serie de desacoples en el oficialismo, finalmente las autoridades del Emos decidieron junto al Ejecutivo una estrategia en común.
La primera acción será judicial. Álvarez ya hizo una exposición policial en la comisaría de Abilene en la que denunció la conexión clandestina; incluso llevó policías e hizo filmar el recorrido de la red ilegal para que quedara asentado como prueba. Cuando esas actuaciones pasen a la Fiscalía de Instrucción, los miembros del directorio del Emos se constituirán como querellantes, según detallaron integrantes de la conducción, para tener una participación activa en la causa y reclamar medidas de prueba.
“Tiene que quedar en claro que queremos conocer la verdad; saber qué pasó y quiénes son los responsables, si es sólo el club o hubo algo más”, detallaron en el Emos. Si de la investigación judicial resulta que hubo algún tipo de complicidad interna o que algún operario del ente participó en realizar la construcción, entonces recién entonces se dispararán los procedimientos internos del Emos para tomar medidas administrativas o disciplinarias.
En el oficialismo, a mediados de semana no había una posición común. Es más, los mensajes hacia afuera eran confusos. Mientras desde el ente se daba por cerrada cualquier posibilidad de que hubiera habido complicidad en la conexión clandestina, desde el Concejo Deliberante el PJ reclamaba ir a fondo para establecer responsabilidades. Incluso, se mencionó que la gestión anterior, encabezada por el radicalismo, podría haber actuado en connivencia. Hasta se mencionó el término corrupción.
Una postura única
En una reunión en el Palacio se determinó desterrar esas señales contradictorias e ir con una estrategia única, que contempla la denuncia penal contra Urú Curé y, además, la aplicación de la máxima sanción económica posible al club por la conexión clandestina que tendría, según testimonios recogidos por el Emos entre personal de mantenimiento del predio, unos ocho años de antigüedad.
Del análisis que realizó el área jurídica del ente municipal surgió que se aplicará el articulado del Código de Faltas vinculado con los daños ocasionados a una obra pública. La pena establecida en ese caso tiene un máximo de 1.000 unidades de multa, lo que actualmente es equivale a una cifra cercana al millón de pesos.
Es decir, que a los 694 mil pesos que fueron determinados como deuda por los servicios impagos -692 mil originales más una sanción adicional por la reconexión- hay que sumarle 1.000.000 de pesos en el caso de que el Tribunal de Faltas acepte el criterio de la conducción del Emos.
“No podemos hacer otra cosa. Lo que hizo el club fue grave y merece la máxima sanción posible. Y, además, si no los denunciáramos a la Justicia estaríamos incumpliendo nuestros deberes como funcionarios”, indicó un directivo del Emos.
Marcos Jure
mjure@puntal.com.ar