Concejales recorrieron Bio4 y se interiorizaron de la situación del sector

Apenas 35 días restan para que venza la ley de biocombustibles que les da marco legal a las empresas que producen etanol a base de caña o maíz y biodiésel de soja. Sin esa legislación, las petroleras dejarían de estar obligadas a comprarles el combustible renovable para cortar con las naftas elaboradas a partir del petróleo, un camino que comenzó en 2006 con la ley 26093 y que está a punto de terminar.

La industria tiene fuerte presencia en 10 provincias argentinas, pero fundamentalmente en Córdoba, Santa Fe y Tucumán, cada una con su materia prima. En nuestra provincia, el etanol de maíz es clave porque además le agrega valor en origen a un grano del que Córdoba es el principal productor nacional. Por eso, las plantas de Bio4 en Río Cuarto, AcaBio en Villa María y Promaíz en Alejandro Roca no tardaron en desarrollarse al amparo de la normativa surgida del gobierno de Néstor Kirchner.

Y por eso también hay preocupación no sólo en el sector empresario, sino también en el arco político porque temen que las inversiones y los puestos de trabajo caigan junto con la ley.

Ayer fueron los concejales de los tres bloques legislativos los que se llegaron hasta la planta de Bio4 para hacer una recorrida, entender cómo funciona y conocer de primera mano el conflicto por el que transitan unas 54 plantas en distintos puntos del país.

Estuvieron el presidente del Concejo, Darío Fuentes, y los jefes de bloque Guillermo Natali (Hacemos por Córdoba), Gonzalo Parodi (Juntos por Río Cuarto) y Pablo Carrizo (Frente Política Abierta).

“Es indispensable no desalentar la inversión de aquellos proyectos que agregan valor a nuestra producción agropecuaria y generan empleo. Las etanoleras generan valor agregado a la producción primaria y sustituyen importaciones. Dos premisas fundamentales para defender la producción local, los puestos de trabajo y el cuidado del medioambiente", dijo Natali tras la recorrida por la industria.