En su posteo, citó directamente a Karim Ahmad Khan, procurador de la CPI: “Mi marido y padre de nuestro hijo de 2 años, tiene hoy 51 días detenido e incomunicado. No sabemos en circunstancias y en qué lugar está. Ayúdenos, estamos desesperados”, planteó la mujer.
Más temprano había hecho otra publicación en la que expresó: “Libertad para Nahuel Agustín Gallo, detenido e incomunicado injustamente hace 51 días en Venezuela. Su familia necesita su liberación, lo estamos en esperando para regresar a casa”.
El 2 de enero el Gobierno de Javier Milei denunció ante la Corte Penal Internacional la detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme.
Según el comunicado oficial de Cancillería, la denuncia incluyó una mención directa hacia el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, que defendió la decisión del régimen con relación a la situación de Gallo y, entrevistado por Infobae, aseguró que el argentino participaba de “acciones conspirativas contra la paz republicana”.
En el reportaje, Saab insistió con que Nahuel Gallo fue detenido por participar de una supuesta “conspiración” de alcance internacional y puso en duda el argumento de que viajó, en realidad, para visitar a su pareja.
“Esa era la coartada de que quería ver una novia. Bueno, la novia pudo haber ido a Buenos Aires, señor. Mire: el mexicano, estadounidense, los peruanos, los colombianos, los españoles dicen que vinieron a ver a sus novias, incluyendo el argentino. ¿De verdad que, eh?”, afirmó.
La administración argentina enmarcó el secuestro del gendarme dentro de un presunto “patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad” ocurridos en Venezuela, argumentando que dichos actos se encuentran “claramente” bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Durante su presentación ante este organismo, calificaron el hecho como una “violación grave y flagrante de los derechos humanos”.
El caso de Gallo es una de las prioridades de la política exterior del gobierno argentino, que reiteró que se utilizarán “todos los recursos legales y diplomáticos” disponibles con el objetivo de garantizar los derechos del gendarme argentino y “exigir justicia en el ámbito internacional”.
