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El Gobierno dio marcha atrás con el decreto de intervención a Vicentin

Fernández criticó al juez concursal Lorenzini por haberse negado a la remoción del directorio de la empresa.

Un mes y veinte días después de anunciar la intervención de la cerealera Vicentin, el presidente Alberto Fernández decidió ayer derogar el decreto que la había impulsado y, con críticas al juez que tramita la convocatoria, dijo que el Estado nunca llegó a conocer el "pasivo real" de la compañía.

También cuestionó al magistrado porque pese a las irregularidades mantuvo a los mismos directores.

De este modo, el jefe de Estado puso fin a una medida que generó protestas y movilizaciones, y que en la práctica nunca llegó a concretarse porque el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, impidió a los funcionarios interventores tomar el control de la compañía.

El anuncio de intervención, que incluía el envío al Congreso de un proyecto de expropiación, fue hecho público el 9 de junio en un acto compartido con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, y el economista Gabriel Delgado, designado interventor.

Luego de las movilizaciones y un fuerte rechazo de la oposición, Fernández decidió dar marcha atrás con la propuesta y en su cuenta de la red social Twitter explicó los motivos.

Allí, afirmó que el magistrado que lleva adelante la convocatoria de acreedores "ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".

"El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", afirmó el mandatario.

Dijo que la intención del Gobierno "siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo".

"Nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin SAIC como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial", remarcó.

Agregó que "en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores".

"He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado", afirmó.

Fracaso

El Presidente tomó esa decisión después del fracaso del plan que impulsó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para crear un fideicomiso con participación estatal, que había ofrecido como alternativa luego de anunciada la intervención y el proyecto de expropiación.

El gobernador santafesino dio por terminado el jueves su intento de poner al frente del grupo concursado a un interventor nombrado por la provincia.

Al respecto, la conducción de Vicentin señaló ayer que hay "muchas más coincidencias que discrepancias" con las autoridades de Santa Fe, pero consideró que existe un "hostigamiento político" para con la compañía.

"Las conversaciones mantenidas con representantes oficiales de la provincia de Santa Fe, a instancias del tribunal concursal, arrojaron muchas más coincidencias que discrepancias", señaló el directorio de Vicentin en un comunicado.

Las autoridades de la empresa aclararon que "sí debe hablarse de criterios contrapuestos a propósito de cómo implementar los instrumentos jurídicos enderezados a materializar esas coincidencias".

El jueves, representantes del gobierno santafesino y del directorio de Vicentin se reunieron en Reconquista a instancias del juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de esa localidad, Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso, para continuar la negociación para la conformación del fideicomiso que busca darle continuidad a la operatoria de la agroexportadora.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial aseguraron que no se llegó a un acuerdo para la conformación del fideicomiso debido a que la parte empresaria se negó a apartar al actual directorio.