Por qué la estatización de Vicentin no es una buena medida de política económica

El presidente de la Nación anunció días atrás la intención del gobierno de estatizar Vicentin SA, una de las principales empresas que comercializan e industrializan semillas oleaginosas en Argentina. De acuerdo a las últimas estadísticas, Vicentin representa aproximadamente el 10% de las exportaciones totales de granos y sus principales derivados industriales del país.

Por el tamaño de la empresa que se encuentra en concurso de acreedores, la cantidad y diversidad de actores involucrados (productores, acopiadores, Banco Nación, AFIP) era de esperar algún tipo de intervención oficial, pero no la estatización, por motivos que se discutirán luego. Lo que se requería en todo caso es más bien de un rol de facilitación del proceso de transición hacia una nueva empresa privada (donde es clave la colaboración del Banco Nación) y de la protección de los actores más vulnerables, los empleados de menor jerarquía (no la gerencia ni los propietarios), aquellos que no estaban seguramente al tanto de los problemas de la empresa y de su presunta mala praxis.

Entre las razones esgrimidas para justificar esta medida tan drástica se encuentra la búsqueda de una mayor “soberanía alimentaria”. ¿A qué refiere este concepto y puede ser éste motivo suficiente para la intervención?

El término soberanía alimentaria es de uso poco frecuente, su significado es bastante difuso, se encuentra en el reclamo de algunos movimientos sociales, muchos de ellos vinculados a la agricultura familiar, pero también en los discursos políticos que promueven el “nacionalismo” económico, la conservación de determinadas actividades productivas “estratégicas” en manos públicas o de capitales nacionales; el concepto podría asociarse entonces tanto a una idea de autoabastecimiento (no depender de la producción importada), como a una crítica hacia los sistemas de producción modernos y el comercio global, y un pedido de retorno a una economía más cerrada, a una agricultura y una tenencia de la tierra de pequeña y mediana escala.

Por el contrario, los organismos internacionales, caso de Naciones Unidas, usan en forma frecuente el término seguridad alimentaria. Para tener perspectiva, si se busca en Google “seguridad alimentaria” aparecen 45 millones de resultados, si la búsqueda es de “soberanía alimentaria” sólo 1 millón. Seguridad alimentaria apunta a monitorear las condiciones de acceso a los alimentos, particularmente en los segmentos de la sociedad más vulnerables, de forma tal de detectar situaciones comprometidas e intentar su reversión a partir de intervenciones públicas. Hay seguridad alimentaria si los alimentos están disponibles (cantidad y calidad) y las familias disponen de suficientes ingresos como para adquirirlos. No preocupa tanto el origen (nacional, importado) ni quién los elabora (pequeño, mediano o gran productor), sino más bien el hecho que haya personas que estén sin un buen acceso a alimentos de calidad.

Argentina cuenta con un sistema productivo que genera enormes excedentes de materias primas agrícolas y alimentos y que coloca productos en más de 100 mercados externos garantizando el pleno abastecimiento al mercado local (soberanía alimentaria). Pero carece de seguridad alimentaria, amplios segmentos sociales viven de la asistencia social y de la ayuda solidaria de sus compatriotas. La estatización no resuelve la falta de acceso a una buena canasta de alimentos, de hecho hasta probablemente la agrave.

Ahora bien, ¿por qué se considera que la estatización no es una buena decisión en materia de política económica? Al menos por los siguientes tres motivos:

En primer lugar, porque genera incertidumbre en el resto de actores de la cadena y esa incertidumbre se paga en términos de inversiones postergadas. Quiénes disputan el mercado con Vicentin seguramente hoy se están preguntando si la empresa pública competirá bajo las actuales reglas u otras; una empresa pública puede inclinar fácilmente la cancha a su favor (competencia desleal) si su financiamiento y/o capacidad de pago provienen en parte de subsidios del Estado; también debe preocupar esta manifestación de poder que significa que el Estado pueda expropiar una empresa a partir de un decreto y un Congreso con mayoría y es inevitable preguntarse hasta dónde llega la ambición de construir un Estado empresario.

Segundo, porque expropiar una empresa privada con patrimonio neto negativo implica nacionalizar pasivos, es decir, incrementa la deuda del Estado, la deuda que es pública. Que una deuda de una empresa privada sea ahora deuda de toda la sociedad ya es una muy mala noticia para los ciudadanos contribuyentes, que un Estado con déficit fiscal creciente asuma compromisos y empleados nuevos también es grave, y que además la decisión se tome justo cuando se requiere cerrar un acuerdo con acreedores externos (a los que no se les paga por falta de recursos) resulta ya directamente inentendible.

Finalmente, porque si hay mercados que son competitivos, donde no se generan rentas extraordinarias, en los que la competencia funciona tal como en los libros de texto, que no requieren de empresas testigo, es en los mercados de producción y comercialización de granos y derivados (commodities). Vicentin es una de al menos 10 grandes empresas que compiten por estos productos en Argentina. La cadena cuenta, además, con varios mercados que concentran operaciones (Bolsa de Comercio de Rosario, MATBA, Chicago, BM&FBOVESPA), que brindan transparencia y permiten detectar rápidamente desequilibrios y corregirlos. Más aún, la intervención de los gobiernos al normal funcionamiento de estos mercados es la que suele generar rentas extraordinarias, como sucediera con los famosos ROEs o Registros de Operaciones de Exportación, que se aplicaron durante muchos años del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner para la exportaciones de cereales (maíz, trigo).

En síntesis, y como ya se mencionó, la estatización de una empresa agroindustrial que opera en un mercado competitivo no resuelve la inseguridad alimentaria, no agrega nada nuevo en términos de mejor funcionamiento de ese mercado, pero sí contribuye a deteriorar más aún un clima de negocios ya afectado por factores varios (elevados impuestos, brecha cambiaria, falta de crédito, restricción al acceso de divisas, etc.); el Estado debe complementar al sector privado y no sustituirlo, su función es promover la creación y un desarrollo sano de las empresas, y asegurar al capitalista privado (de todos los tamaños, pequeño, mediano o grande) que su inversión será resguardada de acciones arbitrarias, aquellas que están fuera del marco legal vigente, particularmente las que pueden provenir del propio gobierno de turno.