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Huidobro: denunció a su mujer policía por encerrarlo en su casa pero era una farsa

La presentación se había realizado el año pasado. El juez de Control de Huinca Renancó avaló el pedido del fiscal de sobreseer a la joven. Relató que su pareja le escondía las llaves y no podía salir de la vivienda

La Justicia sobreseyó a una mujer que había sido denunciada por su expareja de dejarlo encerrado en su casa de la localidad de Villa Huidobro cuando se iba a trabajar como policía.

La llamativa denuncia del joven de 19 años fue realizada en octubre del año pasado, quien sostenía que su pareja (la mujer policía) lo mantenía encerrado en la vivienda donde ambos convivían cuando se dirigía a cumplir sus funciones en la comisaría de Huinca Renancó

Con el avance de la investigación y la incorporación de pruebas y testimonios, el fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, solicitó su sobreseimiento, que fue avalada por la sentencia dictada por el juez de Control, Claudio Mazuqui.

El denunciante (C.E.A) señaló en la Justicia que su pareja lo dejaba encerrado en la casa “y no podía salir en todo el día”, que la mujer escondía las llaves y que solo podía salir por una ventana que no tenía rejas, con la ayuda de amigos y parientes. Además, la situación se habría iniciado en 2021.

La versión de la mujer de 24 años -asistida por el abogado, Luis Sánchez- fue totalmente opuesta y manifestó que cada uno tenía un juego de llaves.

Una vez comenzada la investigación y receptados testimonios, junto a los informes periciales, para la Justicia no hay fundamento para elevar la causa a juicio, por lo que hubo coincidencia entre la Fiscalía y el Juzgado de Control.

Durante los nueve meses que se extendió el proceso, la policía estuvo en situación pasiva con reducción de su salario.

La calificación legal del hecho era “privación ilegítima de la libertad personal”.

Hubo algunos testigos que cambiaron su testimonio en la Fiscalía, salvo un familiar, que podría ser denunciado por falso testimonio.

“Que juzgar con perspectiva de género en este caso traído a estudio lejos de ser una moda jurídica es una obligación legal. Encuentra su fundamento y respaldo en el derecho a la igualdad y a la no discriminación reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino ha suscripto”, señaló Mazuqui al momento de emitir la resolución.