El testimonio de una mujer que sufrió 10 años de violencia de género

Sandra Edith Avoledo soñaba con formar una familia, y creyó que había encontrado al hombre para hacer realidad su proyecto de vida. Pero a poco de casarse comenzó a vivir un verdadero calvario. Golpizas, humillaciones, vejaciones, comenzaron ser parte de su vida diaria.

Debieron transcurrir más de 10 años para que se animara a divorciarse y reconocer que era víctima de violencia psicológica, física, sexual, económica y hasta institucional. Esto último debido a que no fue protegida por la policía o jueces a los que ella y su hermano y padre acudieron para plantear la situación.

Fue en Pueblo Italiano donde transcurrió este hecho, y hoy sale a la luz ante la decisión de Sandra de exponerlo públicamente. “Decidí hablar porque estoy cansada. Cansada de ver que lo siguen protegiendo. Yo pasé por todas las humillaciones y hasta en dos oportunidades quise quitarme la vida, pero no pude, porque pensé que Américo (suegro) quedaba solo”.

El relato de la mujer de 41 años estremece. Acompañada de su abogada, Lucía Isoardi, de su hermano y cuñada, llegó a PUNTAL a contar su historia. Decidida a que su testimonio ayude a que otras mujeres no pasen por lo mismo.

Tras separarse de su esposo lucha por que su caso sea atendido en la Justicia, y además reclama un resarcimiento por las numerosas secuelas que dejaron tantos años de maltrato. 

Su victimario, Alfredo Fabián Pinto, un policía hoy jubilado, horadó tanto  su autoestima que Sandra llegó a no poder mirarse al espejo y redujo su vida a ser solamente la enfermera de su suegro y una “esclava” de su marido, tal como lo dice esta mujer que finalmente tomó coraje y decidió cortar con esta relación.

Aún así, el calvario sigue y una medida de restricción es lo único que la protege,  pero dicho recurso vence el martes y de no otorgar una renovación la Justicia, Sandra volverá a estar desprotegida. 

“Los primeros años de convivencia dentro de todo fueron buenos. Después del 2002, cuando nos casamos, empiezan los problemas”, comienza diciendo. La decisión de legalizar la relación se planteó ante la necesidad de Sandra de contar con una cobertura médica para asistir sus problemas de visión. “Al principio fue una violencia económica, él controlaba todo, yo no disponía de dinero para nada. Tampoco me dejaba salir a trabajar”. 

Fue en 2003 cuando un episodio despertó la alarma en el entorno de Sandra. “Él me empujó del techo, caí tres metros y estuve varios días internada en Río Cuarto. Ahí los médicos y otra persona me preguntaban qué había pasado, y yo tenía que buscar alguna forma de explicar, sin decir la verdad. Porque él estaba siempre presente”.

Vecinos de la pareja en Pueblo Italiano habían advertido a los hermanos de la mujer sobre lo que estaba ocurriendo. “Mi papá y hermano hicieron denuncias, pero yo iba y las sacaba. Imagínese, era policía, portaba armas, y yo tenía miedo. Además me decía que si no lo atendía al padre hacía abandono de persona”.

A este hecho de violencia extrema le siguieron otros que Sandra calló. “Yo vivía encerrada en la casa. Me alejó de mi familia y no permitía que nadie me visitara. Sólo podía ir a la casa de mi suegro a atenderlo. Imagínese, un hombre enfermo al que había que cambiarle los pañales, darle de comer. A él (su marido) le daba asco atender al padre. Entonces me llevó a mí, me tuvo de enfermera permanente. Pero a la noche debía ir a la casa matrimonial, y eso era mi calvario”, sentencia.

Agresiones permanentes

Menciona que su marido la humillaba permanentemente y la obligaba a cumplir sus fantasías sexuales. “Fue terrible, me ataba, me esposaba. Un día me desperté desnuda, con las esposas y toda dolorida. No me podía levantar. Le pregunté qué había pasado, y nunca me dijo. Me llevó al baño para tratar de reanimarme”, y el relato se corta ante el llanto de la mujer.

Sandra tiene serios problemas en sus ojos y debió ser sometida a 8 operaciones, y en medio de éstas sufrió golpes que obligaron a realizar nuevas intervenciones.

“Yo iba a operarme a Río Cuarto y tenía que llevar a mi suegro conmigo porque no había quién lo cuidara. Él (siempre refiriéndose de esta manera a su exesposo), también me acompañaba pero se iba a tomar café. Yo quedaba sola”, sigue contando Sandra. En ocasión de una de las operaciones  (2016) y a poco de salir de la cirugía, su suegro pide ir al baño. “Viene un policía y me dice que Américo necesita ir al baño. Le pido que busque a mi marido, pero no estaba. Entonces lo llevo, le cambio el pañal, pero hice tanta fuerza que la operación que hacía ratito me habían hecho se dañó. Tuve que entrar de nuevo a sala”.

“Otra vez me empujó contra el aljibe, yo estaba recién operada del ojo. Y además tengo una reconstrucción de párpado porque me atacó un perro que trajo él”.

Y las denuncias policiales hechas por familiares terminaban cayendo, porque tan vulnerada la mujer prefería retirarlas. “En Pueblo Italiano él fue jefe, y sus compañeros lo protegían. Hasta el juez de Paz”, sostiene.

El denunciado, Alfredo Pinto, fue jefe  de Policía el Pueblo Italiano, en Canals y Benjamín Gould, y prestó servicios en Monte Maíz.

Doble vida

En los últimos años, la relación de pareja se tornó cada vez más violenta. Ya a esta altura, Pinto se ausentaba del pueblo alegando que trabajaba en Monte Maíz. “Pero ya no trabajaba, estaba jubilado. Un día yo veo el celular y descubro que él tenía una doble vida”.

Sandra dice que este hecho fue otra humillación más y, decidida a todo, pidió ayuda a un hermano y cuñada para ir hasta aquella localidad y descubrir qué ocurría. “Llegué a la casa y me hice pasar por su hermana. Había una mujer y tres chicos. Yo le reclamé, me empujó, me golpeó. Salió una chica parecida a mí y bueno, ahí yo dije basta, no quiero más esto”.

Lo ocurrido en este encuentro -año pasado- terminó en la Policía, pero según Sandra no quisieron tomar su denuncia por violencia. “Me dicen que tenía golpes, pero no marcas, por eso no me la tomaban. Yo me sentí muy mal”, dijo la mujer.

Tras intervenir los abogados que hoy la representan finalmente la denuncia fue tomada.

En medio, hubo otras instancias de denuncias en Pueblo Italiano y Viamonte, donde los jueces de Paz, Carlos Cerutti y Laura Fernández se excusaron de intervenir. 

Avoledo dice que institucionalmente también fue violentada toda vez que no le tomaron denuncias o trataron de direccionar sus declaraciones cuando concurrió a exponer su situación.

Por justicia

A principios de este año salió el divorcio, pero sigue vigente una orden de restricción de acercamiento del policía hacia la mujer quien teme ser nuevamente agredida. “Él me acosaba permanentemente. Cuando decido separarme me voy a vivir con mi hermano y cuñada en Canals, donde estoy ahora”. 

También su familia se siente amenazada, pues temen que el agresor tome represalias. “Cuando fuimos a una audiencia en los Tribunales de La Carlota por el divorcio, él se apareció y acosó hasta a la doctora. La rozaba todo el tiempo y nos siguió una cuadra cuando nos retiramos. A pesar de tener la orden de restricción, ocurrió esto”, agrega Sandra.

Para sacar sus pertenencias tanto de la casa matrimonial como de su suegro debió contar con una orden del juez de Faltas de Pueblo Italiano. “Eso fue otra humillación, porque el juez es amigo de Pinto. En una de las ocasiones en que fui a pedir por mi ropa, me encontré con que estaba tirada en un rincón en la Policía, y los agentes se reían. Fue muy humillante”. 

En otra ocasión recibió sus pertenencias con preservativos usados, “con eso, adelante de mis sobrinos”.

Todos estos sucesos calaron hondo en la autoestima de la mujer que por meses no pudo mirarse al espejo. “Me daba asco mirarme y saber que ese hombre estaba conmigo y con otra mujer. Y las cosas que me hizo”, dice ahora, consciente de lo vivido. “No quería ni bañarme. Si no fuera por mi cuñada, yo no quería saber nada de mí”.

Tras lograr el divorcio, siguen en curso varias causas judiciales.

Sandra necesita asistencia psicológica, también médica, ante las numerosas dolencias que sufre, en particular en su visión. Y una nueva enfermedad que asegura le fue contagiada, el virus del papiloma humano.

Para todo ello requiere dinero que no posee.  Hasta salido el divorcio, Avoledo percibió una cuota alimentaria provisoria y cobertura social, que podrían suspenderse.

Sandra está de pie, su hermano y cuñada son sus bastones de apoyo. También su abogada. Ella está juntando sus pedazos para volver a rearmarse, pero dice sentirse fuerte y dispuesta a que su lucha sirva a otras mujeres a denunciar.

Reclaman un resarcimiento por “daños y perjuicios”

La doctora Lucía Isoardi integra el buffet de abogados que asiste a Sandra Avoledo. Con varios frentes judiciales en puja contra el denunciado Alfredo Fabián Pinto, la profesional  sostiene que aunque se está actuando los pasos procesales son lentos y la integridad de su representada está en riesgo.

Es en los Tribunales de La Carlota donde se sustancian las causas penales, por un lado, relacionadas a la violencia de género, y causas civiles para lograr un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos por Avoledo.

“Ella ha sufrido todo tipo de violencia, simbólica, sexual, física, aquella que genera un daño moral y hasta la destrucción del proyecto de vida”, comienza explicando la abogada.

Admitió la abogada que los tiempos judiciales van muy lentos, en particular en los Tribunales de La Carlota. “Acá hay cuestiones de carácter urgente y presentar un escrito luego tarda varios días en hacer lugar. Por ahora Sandra está cubierta con la cuota alimentaria provisoria que fijó el juez antes del divorcio y la cobertura de la mutual, pero salido el divorcio no sabemos qué va a pasar el próximo mes. Y ella necesita la obra social y el aporte económico para vivir. No tiene cómo autosustentarse.

Asimismo, piden que la Justicia se expida de manera urgente en cuanto a la extensión de la orden de restricción. Isoardi explicó aquí: “La primera restricción se impuso en agosto de 2017 y se venció en marzo de este año. Pedimos una renovación que se nos otorgó por dos meses. El martes se vence y pedimos que se le dé continuidad, porque Sandra está aterrada, pero aún no tenemos respuesta.

Demanda por daños y perjuicios

Paralelamente, se lleva adelante otro reclamo en lo civil por “daños y perjuicios” para que “se le pueda resarcir por todos los daños sufridos. No alcanza con la separación de los bienes matrimoniales. Ella requiere  ese resarcimiento. Además necesita atención psicológica, de su vista, un montón de cuestiones que la Justicia debe escuchar”.

“Lo novedoso es que es una demanda que apunta a que la víctima, en este caso Sandra, sea resarcida por los daños ocasionados por la violencia. Esto es realmente nuevo en la materia y hay poca jurisprudencia al respecto. Aunque la violencia cesó porque viven en pueblos distintos, tenemos a una mujer de 41 años que no pudo desarrollar ninguna profesión, oficio, tiene una discapacidad visual, está emocionalmente afectada, todo derivado de los años de violencia”, puntualizó Isoardi.

Las causas civiles se sustancian en el juzgado del doctor Alberto Muñoz, de los Tribunales de La Carlota, mientras que por la violencia familiar está bajo la órbita del juez de Control, Niñez, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas, doctor Juan José Labat.

“La tuvo secuestrada durante todos estos años”

Advertidos por los vecinos que eran testigos de los maltratos que sufría Sandra, la familia trató en varias oportunidades de intervenir haciendo denuncias que luego la mujer víctima, aterrorizada y presionada, iba a la Policía y retiraba.

José Luis Avoledo es el hermano de Sandra y quien hoy la contiene y protege junto con su esposa Alejandra Cazzola. 

Consultado sobre cómo llevó la familia toda esta situación, admitió que fue difícil. “Este hombre la tuvo secuestrada en su casa todos estos años. No dejaba que la visitáramos”, asegura José Luis.

Y agrega que Pinto nunca fue a la casa de la familia de Sandra. “Desde que comenzó a salir con ella, nunca se llegó a mi casa. La esperaba a una cuadra. Nosotros le decíamos a ella, pero como que la había anulado”.

“Nosotros estábamos al tanto de que algo pasaba, pero como la podíamos ver a las perdidas, y ella negaba todo, no podíamos hacer mucho. Hubo gente que era vecina que fue un par de veces a casa a decirnos lo que pasaba”, agrega la cuñada, Alejandra Cazzola.

Y recuerda que con su marido y suegro fueron a asesorarse con un abogado para saber cómo accionar, pero no encontraron salida alguna. “En un momento hicimos una denuncia, pero ella fue después y la negó”, insiste la cuñada.

Aislada

Con Sandra la familia no tenía contacto, salvo que se lograran ver en algún momento en que el marido no estuviese en la casa. “No íbamos porque sabíamos que después se descargaba con ella y le pegaba”, agregan.

“No compartían navidades ni cumpleaños. No la dejaba venir. Hasta hizo que (Sandra) se enemistara con el padre, diciéndole que la había abandonado. En el bautismo de uno de mis hijos del que ella es madrina, fue sólo a la iglesia. No pudo ir a compartir un rato con nosotros”, relata Alejandra.

“Por más de 7 años la tuvo atendiendo al padre. La había anulado por completo”, mencionan.

El hermano, en tanto, dice que al fin pudieron hacer reaccionar a Sandra cuando la acompañaron a Monte Maíz, donde descubrieron que el policía tenía otra familia en esa localidad. “Ahí finalmente se dio cuenta de todo”, dice como aliviado José Luis.

“Esta persona es un psicópata, y no entiendo cómo el juez de Paz (de Pueblo Italiano) no actuó. Ni como hombre accionó. Es una vergüenza”, repite el hermano.

Hoy, esta familia está ayudando a la “reconstrucción de Sandra”, y reclama que la Justicia actúe.