El Tribunal Superior de Justicia creó órganos específicos para combatir la violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial. Fue a partir de un proyecto del gremio de Judiciales de Córdoba. Conformarán un equipo interdisciplinario y un observatorio de la problemática, ambos integrados por profesionales extrajudiciales. Esperan que se acorten los plazos de respuesta y que, en el corto plazo, aumenten las denuncias. Sin embargo, estiman que tendrá un efecto disuasivo sobre las conductas abusivas.
Agostina Nocioli, de la comisión directiva de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (Agepj), es una de las impulsoras del proyecto que sirvió de base para el protocolo de violencia laboral y de género aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. También integró la comisión redactora de la norma.
La normativa le quita competencia al área de recursos humanos del Poder Judicial para intervenir en los casos de violencia laboral y de género.
"Se crea un el equipo interdisciplinario de abordaje para causas de violencia laboral, que recibe estos casos, y pueden tomarse a partir de allí algunas medidas, de acuerdo a la gravedad del caso. El equipo debe ser interdisciplinario y especializado en violencia laboral. Esto puede derivar en causas judiciales, o en sumarios administrativos, según el caso, y todo se tramita con confidencialidad", dijo Nocioli.
Otro punto del protocolo es la conformación de un observatorio para monitorear los tipos de violencia laboral, los casos más frecuentes, quiénes son los principales afectados y otros. Esto es para verlo en forma sistémica, porque se trata de una práctica arraigada en lo institucional, que implica violencia con los que están más abajo.
"El equipo interdisciplinario y el observatorio son dos órganos integrados por personal ajeno al Poder Judicial, y su único vínculo es con el Tribunal Superior de Justicia, que los contrata directamente. No pueden hacer carrera, ni tener vínculo con los jueces. Deben ser imparciales", agregó.
A partir de que se le dio mayor difusión a la problemática, las denuncias por casos de violencia fueron aumentando.
“Creemos que, al haber un reconocimiento de la patronal, y organismos institucionalizados, aumentarán los casos y las denuncias. Ahora, tienen un espacio para la denuncia. Pero, por otro lado, las personas violentas tendrán un mensaje institucional de que esas conductas no se toleran más, de que tendrán consecuencias”, indicó Nocioli.
Además, se mostró confiada en que los plazos se van a acortar, y las personas van a tener respuestas más rápidamente.
Paralelamente, la idea es que el Poder Judcial también haga capacitaciones al respecto, “porque es algo que está tan naturalizado que mucha gente que lo sufre no lo sabe.
“La respuesta institucional a este problema era -y todavía es- muy pobre y, frente a un caso de violencia laboral, a lo sumo se podía conseguir un traslado, después de una gran exposición personal. Por eso presentamos un protocolo el 8 de marzo de 2019, tomando experiencias de Buenos Aires y otras provincias. Mientras eso avanzaba, le dimos máxima difusión y fueron apareciendo muchos casos”, comentó Nocioli.
En el mismo sentido, sostuvo que “Hasta ahora, la mayoría de los sumarios por violencia eran archivados. Uno solo se resolvió desde el 2019 hasta hoy”.
Una herramienta que busca frenar los abusos en el trabajo
El 8 de marzo de 2019, el gremio de empleados judiciales le presentó a la presidenta del Tribunal Superior, Marta Cáceres de Bolatti, un proyecto de Protocolo para abordar y prevenir la violencia laboral y de género en el espacio de trabajo.
“El proyecto fue trabajado y pensado colectivamente por un gran espacio de compañeras judicialas que atento a la magnitud y el gran volumen de casos de violencia que día a día llegaban al gremio se organizaron para pensar y buscar soluciones a ese flagelo”, señaló el gremio en un comunicado de prensa.
Tiempo después de la presentación de Agepj, el Poder Judicial (que no compartía el diagnóstico del gremio sobre la existencia de violencia) ordenó una encuesta cuyo diseño estuvo a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdona. La misma reveló que la violencia laboral y de género existía y existe dentro del Poder Judicial y que era necesario tomar medidas urgentes al respecto.
Quiénes participaron
“A raíz de eso, se conformó una Comisión Asesora sobre violencia laboral a los fines de diseñar un protocolo de actuación ante estos casos. Estuvo conformada por distintos estamentos, como la Asociación de Magistrados, áreas del Poder Judicial como la administración general, oficina de la mujer, sumarios, clima laboral, recursos humanos, jueces, fiscales y por Agepj”, señalaron desde el gremio.
La comisión empezó a reunirse a fines de 2019 y luego de una breve interrupción al inicio de la pandemia, se reanudó el funcionamiento de forma virtual. Presentó su proyecto que finalmente el Tribunal Superior de Justicia plasmó en la Acordada 1706 Serie A del 8 de junio de 2021, y publicada el miércoles pasado.
Con el protocolo aprobado, se espera su puesta en vigencia en etapas.
"Ahora tenemos el instrumento que posibilitará la transformación de conductas y erradicar en forma definitiva la violencia laboral y de género dentro del marco laboral del Poder Judicial. De ninguna manera se trata del fin de un camino, sólo es el comienzo ya que la tarea que se abre en esta nueva etapa será de visibilizar aún más la violencia oculta, nombrar las cosas por su nombre y desnaturalizar prácticas que están muy arraigadas dentro de la estructura institucional".
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