El caso refleja con crudeza la violencia persistente que atraviesan muchas mujeres aun después de denunciar. Según relató Carolina, las amenazas no cesaron ni siquiera con una orden judicial de restricción de acercamiento de 1.500 metros ni con la tobillera electrónica que lleva el agresor. “Logra hostigarme a través de otras personas. Siento que estoy completamente desprotegida”, contó a Puntal, desde donde busca “refugiarse” de su agresor.
El pasado 3 de agosto, cuando se dirigía a su trabajo en barrio Alberdi, Carolina fue interceptada por tres personas encapuchadas. “Me dijeron: ‘Viste que él dijo que te íbamos a encontrar y te vamos a matar’”, recordó. Los agresores la golpearon hasta dejarla inconsciente, le desfiguraron el rostro y le provocaron politraumatismos, fisuras en la nariz y pérdida parcial de visión en un ojo.
“Ese día pensé que me moría y que mi hija se quedaba sin mí”, relató con voz quebrada. Las secuelas físicas y psicológicas de esa golpiza siguen afectándola profundamente. “Tengo miedo todo el tiempo. Me da miedo salir, me da miedo que él cumpla con sus amenazas. No sé cómo explicarle a mi hija que vamos a estar bien cuando ni yo lo creo”, agregó.
Desde que se separó en 2018, Carolina intentó construir una vida independiente y estable para criar a su hija. Sin embargo, según denuncia, su expareja la persigue de manera sistemática: destruyó el emprendimiento de estética que había montado con mucho esfuerzo, la sigue en la vía pública a pesar de la restricción judicial y la hostiga a través de redes sociales y conocidos.
“Mi hija ya no quiere dormir. Tenemos miedo, no queremos salir a la calle. Imaginate que tu hija te diga: ‘¿Algún día tendremos nuestra vida?’”, expresó con desesperación.
La situación se agrava porque, de acuerdo con el testimonio de la víctima, las denuncias realizadas anteriormente no lograron frenar la violencia. La mujer presentó cinco denuncias formales en los últimos años, cada una acompañada de pruebas, certificados médicos y testigos. Sin embargo, el agresor continúa en libertad.
La abogada de Carolina, Sandra Lanza, exigió que se ordene la detención preventiva del agresor. “Es excesivamente violento, no tiene respeto por nada, ni siquiera por la Justicia. Ya destruyó la vida de Carolina y sigue amenazándola. Estamos pidiendo una medida inmediata, porque ella y su hija están en riesgo extremo”, advirtió.
La profesional también remarcó que el incumplimiento sistemático de la restricción de acercamiento y el uso de terceros para hostigar a la víctima son señales de escalada de violencia que deberían ser atendidas con urgencia por el sistema judicial.
El caso de Carolina no es aislado: según datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, la mayoría de las víctimas de femicidios en Argentina había denunciado previamente a sus agresores. La persistencia de la violencia, a pesar de las medidas judiciales, expone fallas estructurales en los mecanismos de protección y asistencia.
Según datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en lo que va de 2025 se registraron 126 femicidios y 198 intentos de femicidio en Argentina, lo que equivale a una mujer asesinada cada 34 horas. Córdoba es una de las provincias donde los casos aumentaron: en los primeros meses del año se contabilizaron ocho femicidios, el doble que en el mismo período de 2024. Desde la irrupción del movimiento #NiUnaMenos en 2015, el observatorio relevó 2.827 femicidios, un dato que revela la dimensión estructural de esta violencia. Estos números reflejan la urgencia de fortalecer las políticas públicas de prevención y protección, y contextualizan la situación de Carolina, quien sobrevive a un patrón de hostigamiento persistente que ya denunció cinco veces sin obtener una respuesta efectiva del sistema judicial.
Hoy su mayor anhelo es mudarse a otro lugar para empezar de nuevo con su hija. “Sólo quiero que nos dejen vivir. Quiero trabajar tranquila, criar a mi hija sin miedo, volver a tener una vida. No puedo seguir así”, expresó.
Su historia, como la de tantas otras mujeres, pone en evidencia que la violencia de género no se resuelve solo con dispositivos electrónicos ni con órdenes de restricción si no se cuenta con una intervención efectiva.
