Violencia familiar: se denuncian 12 casos por día en Río Cuarto y zona
Según las cifras oficiales del Poder Judicial de la Provincia, en los tribunales de la ciudad hubo 4.327 causas en 2017. Es la dependencia que más expedientes recibe. El juez José Varela Geuna indicó que los recursos humanos y profesionales para trabajar en la prevención y el seguimiento son insuficientes.
Cada dos horas, una nueva denuncia por violencia familiar ingresa en los tribunales de Río Cuarto. Así, todos los días 12 casos se judicializan y son el reflejo de una situación que ha ido empeorando en la ciudad y la zona.
Según las estadísticas que dio a conocer el Poder Judicial de la Provincia, durante 2017 el juzgado que está en manos de José Varela Geuna recibió 4.327 denuncias por violencia familiar. Esa cifra implica que los conflictos dentro de los hogares ocupan el tercer lugar en Río Cuarto, detrás de las causas de ejecución fiscal y las civiles. El panorama es más grave que en la provincia en su conjunto, donde las causas por violencia familiar ocupan el cuarto lugar entre las más numerosas.
“Uno advierte que la cantidad de causas va creciendo año tras año. Las denuncias son cada vez más y reflejan una realidad social muy sensible. Lo que se puede destacar es que, si bien son más los casos, también existe una mayor predisposición a denunciar, a no naturalizar situaciones violentas. Muchas cosas que durante tanto tiempo se soportaban, ahora se denuncian. Si bien algunos casos son graves y otros no tanto, en este fuero no se puede minimizar nada”, manifestó Varela Geuna, juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil.
Ese juzgado recibe más causas que ninguna otra dependencia en los tribunales de Río Cuarto. Sus más de 4.000 causas contrastan con las 1.560 que maneja el organismo que ocupa el segundo lugar en el ranking: la Oficina Única de Ejecución Fiscal.
Varela Geuna plantea que ese aluvión de causas no se corresponde con el personal a disposición para atender la problemática. “Si bien las cautelares se proveen en el día y el tribunal funciona, hay una carencia absoluta de recursos humanos para trabajar en la prevención de este tema, en políticas públicas que hagan que se evite que lleguemos a los hechos consumados”, manifestó el juez.
Lo que cuestiona es el concepto de actuar sólo con una visión penal. “No se trabaja en lo que ocurre una vez tomada la medida cautelar o la exclusión del hogar. Faltan recursos humanos y técnicos en los organismos administrativos que tienen a su cargo el tratamiento y que deben apuntar a evitar que haya una reincidencia de esos hechos. No se solucionan esas situaciones si sólo el fuero penal mete preso al violento y si esa persona está detenida durante algún tiempo pero no recibe una asistencia mínima. El cuadro familiar suele ser muy complejo en muchos casos y hay que analizarlo. Como no se hace, existe una elevada reincidencia”, indicó Varela Geuna.
Para el magistrado hay una notoria carencia de profesionales especializados en los organismos que deben atender los casos de violencia familiar. “La medida judicial sirve para un determinado momento. En muchos casos, se define darle un botón antipánico a la víctima o se resuelve una prohibición de contacto, pero no se puede garantizar con esas medidas que no vaya a ocurrir una situación violenta. Hay que hacer hincapié en el tratamiento y la prevención. Desde que tenemos esta ley las medidas cautelares evitan muchísimos casos y se genera un freno o una reflexión pero el fondo de la cuestión es más trabajo y prevención”, declaró Varela Geuna.
El juez indicó que hay casos que, al principio, aparentan ser leves pero que, a partir del trabajo de profesionales, se va desnudando una situación profundamente más grave y violenta. “Y eso sólo puede determinarse si hay un equipo que lo detecta. Por eso se necesitan recursos. Los especialistas son los que pueden encontrar algo latente en un hecho que en apariencia no es complicado”, planteó.
A nivel provincial, el 2017 arrojó una cifra que alarma. En todo el territorio cordobés se registraron 49.182 causas por violencia familiar. Casi 135 por día. Detrás de esas cifras hay chicos vulnerados, mujeres golpeadas, situaciones límite. Y un Estado que provee recursos insuficientes para poder atender una demanda que continúa expandiéndose.
Marcos Jure
Según las estadísticas que dio a conocer el Poder Judicial de la Provincia, durante 2017 el juzgado que está en manos de José Varela Geuna recibió 4.327 denuncias por violencia familiar. Esa cifra implica que los conflictos dentro de los hogares ocupan el tercer lugar en Río Cuarto, detrás de las causas de ejecución fiscal y las civiles. El panorama es más grave que en la provincia en su conjunto, donde las causas por violencia familiar ocupan el cuarto lugar entre las más numerosas.
“Uno advierte que la cantidad de causas va creciendo año tras año. Las denuncias son cada vez más y reflejan una realidad social muy sensible. Lo que se puede destacar es que, si bien son más los casos, también existe una mayor predisposición a denunciar, a no naturalizar situaciones violentas. Muchas cosas que durante tanto tiempo se soportaban, ahora se denuncian. Si bien algunos casos son graves y otros no tanto, en este fuero no se puede minimizar nada”, manifestó Varela Geuna, juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil.
Ese juzgado recibe más causas que ninguna otra dependencia en los tribunales de Río Cuarto. Sus más de 4.000 causas contrastan con las 1.560 que maneja el organismo que ocupa el segundo lugar en el ranking: la Oficina Única de Ejecución Fiscal.
Varela Geuna plantea que ese aluvión de causas no se corresponde con el personal a disposición para atender la problemática. “Si bien las cautelares se proveen en el día y el tribunal funciona, hay una carencia absoluta de recursos humanos para trabajar en la prevención de este tema, en políticas públicas que hagan que se evite que lleguemos a los hechos consumados”, manifestó el juez.
Lo que cuestiona es el concepto de actuar sólo con una visión penal. “No se trabaja en lo que ocurre una vez tomada la medida cautelar o la exclusión del hogar. Faltan recursos humanos y técnicos en los organismos administrativos que tienen a su cargo el tratamiento y que deben apuntar a evitar que haya una reincidencia de esos hechos. No se solucionan esas situaciones si sólo el fuero penal mete preso al violento y si esa persona está detenida durante algún tiempo pero no recibe una asistencia mínima. El cuadro familiar suele ser muy complejo en muchos casos y hay que analizarlo. Como no se hace, existe una elevada reincidencia”, indicó Varela Geuna.
Para el magistrado hay una notoria carencia de profesionales especializados en los organismos que deben atender los casos de violencia familiar. “La medida judicial sirve para un determinado momento. En muchos casos, se define darle un botón antipánico a la víctima o se resuelve una prohibición de contacto, pero no se puede garantizar con esas medidas que no vaya a ocurrir una situación violenta. Hay que hacer hincapié en el tratamiento y la prevención. Desde que tenemos esta ley las medidas cautelares evitan muchísimos casos y se genera un freno o una reflexión pero el fondo de la cuestión es más trabajo y prevención”, declaró Varela Geuna.
El juez indicó que hay casos que, al principio, aparentan ser leves pero que, a partir del trabajo de profesionales, se va desnudando una situación profundamente más grave y violenta. “Y eso sólo puede determinarse si hay un equipo que lo detecta. Por eso se necesitan recursos. Los especialistas son los que pueden encontrar algo latente en un hecho que en apariencia no es complicado”, planteó.
A nivel provincial, el 2017 arrojó una cifra que alarma. En todo el territorio cordobés se registraron 49.182 causas por violencia familiar. Casi 135 por día. Detrás de esas cifras hay chicos vulnerados, mujeres golpeadas, situaciones límite. Y un Estado que provee recursos insuficientes para poder atender una demanda que continúa expandiéndose.
Marcos Jure