Romina, violinista profesional y gran deportista, había denunciado a su expareja por años de maltrato y control, incluyendo violencia económica, patrimonial y digital. En su denuncia, que fue presentada en agosto de 2024, Romina relató los constantes abusos a los que fue sometida, destacando cómo su exmarido había controlado todos los aspectos de su vida, incluso su carrera profesional, que incluyó su trabajo en el mundo de la música y los instrumentos. A pesar de contar con pruebas contundentes —incluyendo informes de aduana y documentación que respaldaban la existencia de dinero involucrado en negocios compartidos—, su denuncia por violencia económica fue desestimada por la justicia.
Graciela Taranto, abogada penalista que representaba a Romina, explica a Puntal que el proceso judicial fue extremadamente lento, lleno de obstáculos y desinterés por parte de la fiscalía. "Fue muy difícil que aceptaran la denuncia. La violencia económica no era reconocida como un tipo de abuso, a pesar de que ella estaba claramente siendo sometida a un control total de sus recursos", señala Taranto. La fiscalía nunca procedió a realizar las pericias psicológicas necesarias ni aceptó la declaración testimonial de la denunciante. Además, su expareja, quien se encontraba fuera del país, nunca enfrentó consecuencias legales por sus actos.
Este retraso en la respuesta judicial fue solo uno de los factores que contribuyó a la creciente desesperación de Romina, quien terminó sufriendo lo que se denomina "victimización secundaria", un fenómeno común en los casos de violencia de género, cuando las víctimas se enfrentan a un proceso judicial que no las protege y que las re-victimiza al no darles un tratamiento adecuado y empático. "El sistema judicial no actuó con la rapidez y la urgencia que Romina necesitaba. Estaba absolutamente desprotegida, pese a haber presentado pruebas claras de su situación", resalta la abogada.
Romina había quedado a la espera de declarar, en medio de un proceso judicial que parecía no avanzar, con el añadido de un sistema saturado de causas y la constante revictimización que sufrió al no recibir el acompañamiento necesario. Así fue como, agotada por la falta de respuestas, la joven decidió quitarse la vida.
Este caso no es aislado. A lo largo de los últimos años, otros casos de mujeres jóvenes que padecieron la violencia patriarcal, como Luana Ludueña y Sathya, también fueron arrastrados por la inacción judicial y el desinterés del sistema.
Luana Ludueña, bombera y víctima de abuso sexual por parte de su jefe, Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, sufrió una serie de intentos de suicidio antes de finalmente morir en 2022. A pesar de las denuncias por abuso sexual, el caso de Luana también fue marcado por la lentitud de la justicia, que no actuó a tiempo para evitar el desenlace fatal. Similar a Romina, Luana padeció un sistema judicial que no actuó con la urgencia y el compromiso necesarios para protegerla.
Por su parte, el caso de Sathya, quien sufrió abusos sexuales de su padre desde los 8 hasta los 14 años, también pone en evidencia las secuelas de la violencia, que, aunque finalmente se reconocieron en la justicia, se tradujeron en una muerte autoinfligida de la víctima en 2020. El fallo judicial que condenó a Walter Insaurralde a perpetua por homicidio vinculado al abuso sexual dejó en claro que el sistema judicial debe actuar con rapidez y seriedad frente a las denuncias de abuso sexual y violencia de género.
Taranto explica que “la justicia no solo falló en proteger a Romina, sino también en proporcionarle el acompañamiento que necesitaba para superar la violencia que vivió”. Y remarcó "este tipo de tragedias puede evitarse si el sistema judicial toma en serio las denuncias de las mujeres desde el primer momento".
La violencia de género no es solo la violencia física; se manifiesta también en formas económicas, psicológicas y emocionales, y no se detiene cuando las mujeres se separan de sus agresores. Sin embargo, el sistema judicial, en muchos casos, no está preparado para reconocer y atender todas las formas de violencia, lo que perpetúa el ciclo de abuso. Las víctimas, como Romina, Luana y Sathya, se ven atrapadas en un sistema judicial que no las protege, que no actúa a tiempo y que las deja expuestas a situaciones de vulnerabilidad extrema.
Las familias de mujeres como Romina, Luana y Shatya, deben enfrentar no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también el vacío de un sistema judicial que, al no actuar con la rapidez necesaria, permite que las víctimas se desangren en silencio, sin que sus voces sean escuchadas.
