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Polémica por un registro de empleados y abogados que denuncien accidentes

Los especialistas advierten que es parte de una política más amplia que intenta recortar derechos

Los abogados laboralistas encendieron una nueva alarma tras una polémica decisión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que resolvió crear un registro con aquellos trabajadores y abogados laboralistas que inicien demandas por accidentes laborales.



La decisión oficial se enmarca en la posición que el gobierno nacional viene mostrando en materia de litigiosidad laboral. El propio presidente Mauricio Macri insistió en la existencia de una industria del juicio y de una mafia oculta detrás de las miles de causas que se acumulan en los tribunales del Trabajo.



Lo cierto es que los abogados laboralistas y muchos sindicatos cuestionaron la iniciativa de la SRT por considerar que se puso en marcha “una lista negra” que vulnera derechos de los empleados y sus representantes legales.



Ayer, integrantes del Foro del Derecho del Trabajo cuestionaron la ofensiva oficial que creen como un paso más en el camino hacia una reforma laboral tendiente a restar beneficios a los empleados.



“Hay una clara intención de preparar el terreno a los fines de instalar una inmediata reforma laboral por parte del Gobierno que se excusa de manera agraviante y generalizada en el supuesto accionar irresponsable, cuando no ilícito, de sindicatos, abogados laboralistas y jueces del fuero laboral, intentando generar una ‘nueva grieta’ entre estos sectores y los empresarios culpando a aquellos de la alta litigiosidad, la falta de productividad, el alto índice de desempleo y la mala situación por la que atraviesan las pymes”, planteó la presidenta del Foro, Cristina Azócar.



Con respecto a la resolución 760 de la SRT y la creación del registro, Tristán Pagano, integrante del Foro, señaló que “resulta violatorio al derecho de privacidad e intimidad al no dejarse claramente establecido cuál sería la concreta utilización de los datos solicitados siendo además que los mismos podrán ser consultados públicamente”, advirtió.



Los abogados niegan la posibilidad de que existan mafias locales y alientan la tesis de que en realidad hay una sobreactuación por parte de funcionarios nacionales tendiente a disimular una realidad económica que tiene a las pymes en el ojo de la tormenta. “Ante la desesperanza y la genuina necesidad de crecimiento por la que nuestro país atraviesa, se implementan políticas nacionales paliativas a la realidad económica que se nos presenta basadas en un solo hilo rector: terminar con el alto grado de litigiosidad y las mafias de abogados y juristas laborales, las cuales se presentan como salvadoras y exterminadoras de la desgracia presentada, todo  lo cual resulta descabellado”, aseveró Patricia Etienne.



Los abogados recordaron que en esta nueva gestión de gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional lleva en menos de 8 meses tres cambios a la ley de riesgos. El 20 de enero de este año se dictó el DNU 54/17, el  24 de febrero se publicó la ley 27.348 y resolución 298/17 y ahora sorpresivamente y sin sentido esencial alguno la SRT dicta la resolución 760/17 que crea el “Registro para el estudio de la litigiosidad” (Sirel).



“Otra vez el gobierno nacional se equivoca pretendiendo mejorar una cuestión estructural que merece una urgente solución con claras y eficientes políticas de Estado con una resolución que nada aporta en lo esencial para el objetivo propuesto y que al mismo tiempo genera intrigas y miedos ante el oscuro destino de los datos solicitados”, remarcó Azócar, y agregó: “Me pregunto si las anteriores modificaciones realizadas a la ley de riesgos de manera apresurada, arbitraria, contraria a derecho, violatorias al sistema republicano, pero implementadas, ¿no sirvieron para paliar el alto grado de litigiosidad? ¿No será que la solución pasa por otro lado y que el sistema lo que necesita es más bien una eficiente y urgente política de Estado? ¿No será que se equivoca el Presidente al culpar livianamente a un sector de la población que nada puede hacer para evitar los litigios?”, se preguntó la presidenta del Foro.



Por último, Pagano destacó: “Tenemos que tener presente que las relaciones laborales se conforman entre tres sujetos: Estado - Empleador - Trabajador, que la crisis estructural es real, pero ello no justifica el desprolijo, innecesario e injustificado proceder del gobierno nacional, el que deja traslucir claramente la preparación del terreno para implementar una reforma laboral respecto de la cual estamos todos atentos.