Un acuerdo necesario para enfriar el dólar en otro julio caliente

Diciembre siempre fue en la Argentina un mes para que la política extreme su pericia, más en momentos turbulentos. Hay sobrados ejemplos de tensiones extremas en el último mes del año.

Pero en 2022 y 2023, el que se convirtió en un punto de atención fue julio. El año pasado dejó el recuerdo de la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán, el salto inflacionario, la corrida del dólar y fuertes momentos de incertidumbre tanto en la calle como en la Casa Rosada. De hecho, hasta uno de los ministros de aquel momento contó poco después que veían cerca el final del Gobierno. Fue Silvina Batakis la que se hizo cargo del sillón de Guzmán, pero su paso por la cartera no duraría mucho. Apenas unas semanas hasta que finalmente se conoció que Sergio Massa sería el ministro que asumiría. Su espalda política, su condición de fundante del espacio político tripartito que ganó las elecciones en 2019 y una amplia red de contención le otorgaban un diferencial que la gestión de Alberto Fernández tomó como tabla de salvación.

A un año de aquel tumultuoso contexto, el Gobierno atravesó otro julio difícil con un vencimiento de deuda ante el FMI a comienzos de mes que debió ser postergado para hoy a la espera de una revisión del acuerdo con ese organismo. Y si bien ese entendimiento fue anunciado al cierre de la semana pasada, no hay por ahora desembolsos disponibles para cubrir la cuota a vencer. Por eso será otra vez necesario utilizar una ingeniería con yuanes para cumplir el compromiso.

El Gobierno celebró el anuncio del acuerdo y el ministro Massa destacó que permitirá un segundo semestre con mayor tranquilidad.

Es que el blue arriba de los 550 pesos impulsó de nuevo dos efectos ya conocidos, y que se habían dado de manera más contundente en la segunda quincena de abril, cuando se produjo otra fuerte escalada de la moneda norteamericana: falta de precios de algunos productos y remarcación de casi todo. Por eso las proyecciones de las consultoras hablan de un piso de 7% nuevamente para el mes que finaliza, lo que claramente no es una buena noticia para el Gobierno, que venía de dos bajas consecutivas del índice de inflación.

En junio, el número había sido del 6%, el más bajo, junto con enero, de la primera mitad del año. El pico había llegado en abril con el 8,4%, después de aquella corrida que se extendió por dos semanas en el cierre del mes. Por eso, aquella experiencia encendió alarmas sobre el índice que el Indec dará a conocer entre el 14 y el 18 de agosto.

Es que además, la inflación tiene como contracara a los ingresos. Y allí los salarios siguen corriendo desde atrás, y más alejados cuanto más brusco sea el movimiento de los precios. En terrenos como el de abril, es difícil que puedan acompañar. Esta semana se conoció que el único sector que logró equiparar a la inflación interanual fueron los trabajadores públicos, en promedio. De acuerdo a la estadística oficial tuvieron un aumento de salarios del 118% en los últimos 12 meses, aunque el dato corresponde a mayo. El sector privado formal quedó 10 puntos por detrás del público, con 108% de recomposición, lo que lo dejó por debajo del índice de inflación. Naturalmente, la peor parte se la lleva el sector privado no registrado, con un ajuste interanual de ingresos de sólo el 77%. Este último grupo es, además, el que más crece en los últimos tiempos.

Allí radica otro desafío central para el gobierno nacional actual y el próximo. La Argentina fue avanzando en una matriz laboral que tiene dos características centrales: ocupación alta pero baja calidad de empleo. Es decir, el mercado laboral ajustó por calidad e ingresos.

Para no seguir deteriorando ese cuadro de situación es vital un equilibrio de las variables macro, que en gran medida dependen de un entendimiento con el FMI, algo que se terminará de conocer en las próximas semanas cuando efectivamente se rubrique el anunciado acuerdo. Allí también se sabrá si se trata de un acuerdo para garantizar mayor tranquilidad para el actual semestre, como dijo Massa, o es algo más. En principio, es natural que la meta sea llegar hasta que asuma el próximo gobierno y allí rediscutir todo. Es poco probable que el organismo internacional comprometa a los actuales funcionarios con muchas cosas más allá del 10 de diciembre. Sí les pedirá mayor compromiso con las variables que ya trascendieron y que hasta acá no terminaron de lograr el aprobado del FMI, especialmente el orden fiscal. En ese punto es de esperar una aceleración de quita de subsidios como ya se destacó, más que un ajuste del gasto en otros ítems más sensibles. Las facturas de electricidad y gas para los sectores más acomodados o clases medias altas recibirán la eliminación total de los aportes del Estado, algo que en verdad debería haber ocurrido hace tiempo. El Estado, con recursos escasos, estuvo pagando parte de la factura de la luz y el gas a sectores que no lo necesitaban.

Lo cierto es que más allá del entendimiento necesario con el FMI, Argentina tiene problemas estructurales a resolver como la falta de dólares, la inflación, el déficit fiscal, el incremento de la pobreza y una actividad económica a la baja. Una agenda desafiante para quienes quieren asumir el 10 de diciembre la conducción del país.