Tres inoperantes, ¿sólo tres?

Hace casi 20 años, cuando mataron a Nora Dalmasso, la Justicia de Río Cuarto empezó rápidamente a dar señales de precariedad. Como los meses pasaban y la presión pública crecía, el foco comenzó a posarse sobre la investigación: y resultó que la capital alterna de la Provincia tenía un Poder Judicial rudimentario, con recursos sumamente limitados. Las pericias debían enviarse a Córdoba, no había áreas especializadas y los forenses se quejaban de que ni siquiera tenían material para hacer los hisopados.

El caso causó un impacto tan profundo que desde el inicio se decía que sería un antes y un después, que la Justicia riocuartense iba a dejar de ser un servicio de segunda.

Pero esta semana, en pleno 2026, después de que los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueran destituidos, el Colegio de Abogados pintó públicamente un panorama casi calcado del que se oía hace dos décadas: hoy, las pericias se hacen en Córdoba y en Río Cuarto siguen faltando fiscalías y recursos. Es decir, a pesar de todo lo que pasó y lo que se dijo, el cuadro de situación es el que había en el punto de partida.

Ahora, la decisión inédita de apartar a tres fiscales que investigaron aquel crimen que aún sigue impune, de destituirlos por mal desempeño y negligencia grave, también genera pronósticos sobre el impacto que tendrá en la Justicia y sobre los cambios que debería operar. ¿Será? ¿O volverá a ocurrir lo mismo?

En una instancia inicial, la destitución parece tener un primer efecto hacia afuera y hacia adentro de Tribunales: el mensaje que se transmite es que la Justicia ya no encarna necesariamente un poder vitalicio y casi pontificial, intocable, sino que ahora le alcanzan las generales de la ley. Si existe un error grave, puede haber consecuencias. A tono con una sociedad a la que ya no le agradan los poderes inmutables, un terreno históricamente estable parece haber ganado en inestabilidad.

Sin embargo, hay un aspecto del proceso que no puede soslayarse: la expulsión de los fiscales dependió previamente de la voluntad política y, por lo tanto, de una cuota considerable de discrecionalidad. El jury tiene el ropaje de un proceso judicial pero, en realidad, es político. Y lo fue especialmente en esta oportunidad: quedó claro que, dijeran lo que dijeran, la suerte de los fiscales estaba echada desde el primer minuto. La pelea, y ese fue un elemento que los Macarrón entendieron cabalmente, se decidía más en la opinión pública que en la sala de audiencias. ¿Había alguna chance política de que el resultado fuera otro?¿El poder provincial podía permitirse que los tres fiscales que no encarcelaron a un asesino que en teoría tenían a la mano volvieran a sus despachos? ¿Cuál habría sido el discurso de la familia, del viudo Marcelo y de los hijos Facundo y Valentina? Habrían declarado que ellos y su madre volvían a ser víctimas una vez más y hoy, públicamente, el peso de lo que dicen los Macarrón no es el que era hace 20 años.

Facundo dijo, y así deben sentirlo, que la destitución de los fiscales significó para ellos, en parte, una reparación del daño que sufrieron. Pero esa reparación requirió de un poder político que decidió que era necesaria, que debía producirse. ¿Cuántas familias debe haber en la misma situación?¿Cuántas se sienten víctimas de un funcionamiento defectuoso del Poder Judicial? Pero, seguramente por la repercusión del caso, existió la determinación de que si un daño debía subsanarse era precisamente el del caso Nora.

El jury se presentó públicamente como la posibilidad de un proceso de depuración judicial. Pero la culpabilidad se enfocó en los tres fiscales, que fueron destituidos por inoperantes y negligentes. Sin embargo, ¿ahí se agota la responsabilidad de lo que ocurrió?

Hace 20 años, el poder político intervino de manera directa y persistente en la causa. Entonces gobernaba José Manuel De la Sota. Desde Córdoba se tomó el control de la investigación: se enviaron fiscales y jefes policiales, algunos de los cuales, como Rafael Sosa, llegaron como infalibles y después terminaron implicados y condenados en casos graves como el narcoescándalo.

El poder político primero influyó abiertamente en la investigación y después, ante el fracaso, no sólo se desentendió sino que derivó las consecuencias;lavó sus culpas señalando a los tres fiscales y diciéndole a la sociedad: fueron ellos.

Pero, más allá del juego de la política, de lo que antes le convenía a De la Sota y lo que ahora le conviene a Martín Llaryora, hay un aspecto más de fondo que tiene que ver con el Estado en sí, con la selección que hace de quienes ocupan cargos de jerarquía como, por ejemplo, las fiscalías de instrucción. El Estado provincial, que se enorgullece de la metodología para designar a los miembros de Tribunales, ¿no tiene nada que decir de sus procesos?La Justicia cordobesa, que invariablemente cada apertura del año judicial insiste con que es la mejor del país, no debería revisarse a sí misma?Porque en el caso Dalmasso, lo que le está diciendo a la sociedad el resultado del jury, lo que está admitiendo el Estado es que no puso, excepcionalmente, a un funcionario inoperante y negligente sino a tres, uno detrás de otro. Si Pablo Jávega finalmente termina llevando la investigación hacia una condena, será, en la cadena de negligencias e inoperancias que se ha producido desde 2006 a la fecha, no una regla sino una anomalía ¿Puede impartir justicia acabadamente un sistema en el que un funcionario probo es una atipicidad?

Hacia ese punto está tratando de llevar el debate el Colegio de Abogados. Su nuevo presidente, Alberto Fernández, dijo después del jury que si la depuración se circunscribe a echar a tres fiscales, entonces la Justicia seguirá funcionando igual de mal que hasta ahora. Y dio un dato estadístico para avalar que hay una deficiencia sistémica en Tribunales:el año pasado, según las cifras de la Justicia de Córdoba, ingresaron 12 mil causas a las fiscalías de Río Cuarto. Se resolvieron 860. Actualmente, aseguró el titular del Colegio, la Justicia actúa con celeridad sólo en casos donde hay presos; el resto debe sentarse a esperar.

Fernández, además, le reclamó al Ministerio Público Fiscal, que fue el acusador en el jury y que a través de la adjunta Bettina Croppi les dedicó términos sumamente disvaliosos a los fiscales, que no se haga el desentendido, que si la Justicia está como está no es por tres funcionarios disfuncionales sino por una precariedad estructural de la que debería hacerse cargo.

El Ministerio Público también lavó sus culpas en Di Santo, Miralles y Pizarro. Las actuales y las pasadas. Cuando se sentaron a declarar, los exfiscales generales Gustavo Vidal Lascano y Darío Vezzaro negaron haber interferido en el curso de la investigación. Los periodistas que cubrimos el caso en sus inicios sabemos que no es verdad: incluso, en algún momento, para averiguar algún dato no había que llamar a Di Santo sino contactar directamente al fiscal general de turno, que además recibía directivas del poder político.

Si los fiscales actuaron mal, si incurrieron en mal desempeño, también existieron los mismos deméritos, al menos en un período prolongado, hacia arriba en la cadena de responsabilidades.

La salida de Di Santo y Miralles -Pizarro estaba en Río Tercero- deja además a Río Cuarto nuevamente con cuatro fiscales, en vez de los siete que deberían estar investigando las causas. Una de esas cuatro fiscalías es especializada en narcotráfico y otras dos son tan recientes que no tienen ni personal ni Secretaría. Por eso, en una reunión que se hizo después del jury, el Colegio de Abogados le reclamó al fiscal general, Carlos Lezcano, y al Tribunal Superior que con urgencia se designen al menos fiscales interinos en Río Cuarto. En Córdoba, no está demasiado claro que eso vaya a ocurrir.

Pero el planteo de fondo que está haciendo el Colegio es que la remoción de los tres fiscales debe generar una revisión sobre cómo está funcionando la Justicia y cómo puede mejorar. Para evitar que dentro de 20 años la descripción de la precariedad sea la misma que Río Cuarto viene escuchando desde hace décadas.