Almacenan agroquímicos y les falsifican la marca en plena ciudad
Un depósito acopiaba herbicidas en barrio Las Ferias. Sin autorización etiquetaban los productos y les colocaban marcas y fechas de vencimiento que serían falsas. Hace 6 meses lo clausuraron. Ahora la Justicia Federal y la Provincial investigan al comerciante
Un depósito de agroquímicos en plena ciudad quedó en la mira de la Justicia Federal y de la Justicia Provincial.
El galpón está enclavado entre calles Mosconi y Pasaje Goethe del barrio Las Ferias, a escasos metros del ex Hospital Regional. Se sospecha que en el lugar se manipulaban productos peligrosos sin medidas de seguridad y se falsificaban las marcas comerciales de herbicidas y las fechas de vencimiento de productos fitosanitarios.
A simple vista, el galpón construido con chapas de zinc en el Pasaje Goethe 3131 no deja ver qué actividad se despliega en su interior. Está herméticamente cerrado y no hay ventanas que den al frente. Sin embargo, el 29 de agosto del año pasado, se supo qué es lo que pasaba en su interior.
Esa tarde, a 20 metros del galpón, un vecino de la ciudad estaba visitando a su hermano en la ferretería de la esquina de Mosconi y el pasaje cuando un fuerte olor en el ambiente empezó a irritarle los ojos y las fosas nasales.
Eso fue lo que esa persona denunció en el 101 y el llamado puso en alerta al Grupo Especial de Rescate y Salvamento de la Policía Provincial (Gers).
Cuando el sargento a cargo del Gers, Axel Jeremías Sosa, llegó al lugar descubrió que en el interior del galpón había dos hombres que estaban manipulando agroquímicos. Se trataba del encargado del lugar, Norberto Severini, de 65 años y de su empleado, un hombre de 41 años. Ambos estaban trabajando con productos peligrosos sin ningún tipo de protección.
Pero eso no es todo. Al día siguiente, cuando los agentes allanaron el local de 300 metros cuadrados encontraron grandes cantidades de herbicidas e insecticidas, y también una máquina de etiquetado industrial, una máquina fechadora y 200 etiquetas de una marca comercial. Todo ese montaje dejaba entrever que en el sospechoso galpón se falsificaban marcas comerciales de herbicidas y se colocaban fechas de vencimiento apócrifas.
Además de la maquinaria que habría estado funcionando sin ningún tipo de autorización, las autoridades sanitarias se encontraron con 500 litros de herbicidas, 200 kilos de insecticida sólido y 1.200 litros de insecticida líquido.
En ese momento se apostó también en el lugar el inspector Fernando Cerutti, a cargo del Área Medio Ambiente del Edecom, y dispuso la clausura del centro de acopio. Hasta ahora, el lugar se encuentra inhabilitado, aunque Puntal pudo constatar que la faja de clausura que unía las dos hojas del portón se encuentra rota en la mitad.
La cuadra no es una zona densamente poblada porque en las dos manos está ocupada por galpones y depósitos industriales. Sin embargo, en los alrededores hay vecinos que detectaron en reiteradas oportunidades olores nauseabundos y habrían sufrido irritación en las vías respiratorias.
Eso fue lo que declaró en la Justicia el vecino que sacó a la luz las irregularidades. Ávila dijo que el mismo día que experimentó en carne propia los efectos de las emanaciones, consultó a familias que viven en el lugar y estas personas le contaron que el fuerte olor que les producía irritación se colaba incluso por las cloacas.
“Regaban las calles porque creían que el problema venía de las cloacas”, recalcó Ávila en su testimonio judicial.
¿Quién investiga qué?
Apenas surgió la sospecha, la causa recaló en la Fiscalía de turno, a cargo de Daniel Miralles, pero cuando el fiscal tomó dimensión del tenor de la denuncia consideró que en el barrio Las Ferias podrían haber varios delitos en danza que están contemplados en la Ley de Medio Ambiente 25675 y en la Ley de Residuos Peligrosos 24051, pero además Miralles concluyó que Norberto Severini estaría incurriendo en adulteración y falsificación de marca registrada, un delito federal que es sancionado por la Ley 22.362.
Por eso, el fiscal planteó que quien debía investigar la sospechosa actividad del centro de acopio de agroquímicos no era él sino el juez federal Carlos Ochoa.
Pero después de analizar en conjunto el caso, el Juzgado Federal les devolvió el expediente a los tribunales provinciales para que Miralles investigue la potencial contaminación en el lugar, en tanto que la órbita federal se ocupará de la probable adulteración y falsificación de marcas.
Desde que se denunció el caso hasta hoy pasaron 8 meses. El depósito sigue con la faja de clausura pero aún no se conoce ninguna imputación contra Severini.
Alejandro Fara
Redacción Puntal
El galpón está enclavado entre calles Mosconi y Pasaje Goethe del barrio Las Ferias, a escasos metros del ex Hospital Regional. Se sospecha que en el lugar se manipulaban productos peligrosos sin medidas de seguridad y se falsificaban las marcas comerciales de herbicidas y las fechas de vencimiento de productos fitosanitarios.
A simple vista, el galpón construido con chapas de zinc en el Pasaje Goethe 3131 no deja ver qué actividad se despliega en su interior. Está herméticamente cerrado y no hay ventanas que den al frente. Sin embargo, el 29 de agosto del año pasado, se supo qué es lo que pasaba en su interior.
Esa tarde, a 20 metros del galpón, un vecino de la ciudad estaba visitando a su hermano en la ferretería de la esquina de Mosconi y el pasaje cuando un fuerte olor en el ambiente empezó a irritarle los ojos y las fosas nasales.
Eso fue lo que esa persona denunció en el 101 y el llamado puso en alerta al Grupo Especial de Rescate y Salvamento de la Policía Provincial (Gers).
Cuando el sargento a cargo del Gers, Axel Jeremías Sosa, llegó al lugar descubrió que en el interior del galpón había dos hombres que estaban manipulando agroquímicos. Se trataba del encargado del lugar, Norberto Severini, de 65 años y de su empleado, un hombre de 41 años. Ambos estaban trabajando con productos peligrosos sin ningún tipo de protección.
Pero eso no es todo. Al día siguiente, cuando los agentes allanaron el local de 300 metros cuadrados encontraron grandes cantidades de herbicidas e insecticidas, y también una máquina de etiquetado industrial, una máquina fechadora y 200 etiquetas de una marca comercial. Todo ese montaje dejaba entrever que en el sospechoso galpón se falsificaban marcas comerciales de herbicidas y se colocaban fechas de vencimiento apócrifas.
Además de la maquinaria que habría estado funcionando sin ningún tipo de autorización, las autoridades sanitarias se encontraron con 500 litros de herbicidas, 200 kilos de insecticida sólido y 1.200 litros de insecticida líquido.
En ese momento se apostó también en el lugar el inspector Fernando Cerutti, a cargo del Área Medio Ambiente del Edecom, y dispuso la clausura del centro de acopio. Hasta ahora, el lugar se encuentra inhabilitado, aunque Puntal pudo constatar que la faja de clausura que unía las dos hojas del portón se encuentra rota en la mitad.
La cuadra no es una zona densamente poblada porque en las dos manos está ocupada por galpones y depósitos industriales. Sin embargo, en los alrededores hay vecinos que detectaron en reiteradas oportunidades olores nauseabundos y habrían sufrido irritación en las vías respiratorias.
Eso fue lo que declaró en la Justicia el vecino que sacó a la luz las irregularidades. Ávila dijo que el mismo día que experimentó en carne propia los efectos de las emanaciones, consultó a familias que viven en el lugar y estas personas le contaron que el fuerte olor que les producía irritación se colaba incluso por las cloacas.
“Regaban las calles porque creían que el problema venía de las cloacas”, recalcó Ávila en su testimonio judicial.
¿Quién investiga qué?
Apenas surgió la sospecha, la causa recaló en la Fiscalía de turno, a cargo de Daniel Miralles, pero cuando el fiscal tomó dimensión del tenor de la denuncia consideró que en el barrio Las Ferias podrían haber varios delitos en danza que están contemplados en la Ley de Medio Ambiente 25675 y en la Ley de Residuos Peligrosos 24051, pero además Miralles concluyó que Norberto Severini estaría incurriendo en adulteración y falsificación de marca registrada, un delito federal que es sancionado por la Ley 22.362.
Por eso, el fiscal planteó que quien debía investigar la sospechosa actividad del centro de acopio de agroquímicos no era él sino el juez federal Carlos Ochoa.
Pero después de analizar en conjunto el caso, el Juzgado Federal les devolvió el expediente a los tribunales provinciales para que Miralles investigue la potencial contaminación en el lugar, en tanto que la órbita federal se ocupará de la probable adulteración y falsificación de marcas.
Desde que se denunció el caso hasta hoy pasaron 8 meses. El depósito sigue con la faja de clausura pero aún no se conoce ninguna imputación contra Severini.
Alejandro Fara
Redacción Puntal