La palabra de Alberto, ¿cuánto vale?

¿Cuánto vale hoy la palabra de Alberto Fernández? Ese presidente, que llegó con el desafío de construir un poder propio, hace apenas un año tenía índices de aprobación propios de una época de guerra. En los primeros meses de la pandemia, que obligó a su gobierno a tomar medidas extremas para una sociedad que ya venía en crisis, se mostró decidido y pareció ir desarrollando un liderazgo personal, ya no a la sombra de su vicepresidenta, Cristina Fernández.

Pero Alberto se ha ido desintegrando. Y no sólo en el sentido de que aquellos índices de popularidad inéditos fueron volatilizándose con el correr de la crisis sanitaria, al fin y al cabo una consecuencia previsible, sino fundamentalmente porque fracasó en aquella premisa básica, casi de supervivencia, de que debía abandonar el segundo plano, el papel de reparto. Sin un liderazgo propio, sin una autoridad que emanara de sí mismo, su gobierno entraría en una zona de alto riesgo. ¿Cómo conducir si no a una coalición tan heterogénea en la que, por si fuera poco, gravita indiscutiblemente una dirigente como Cristina? ¿Cómo gobernar un país siempre complejo pero que hoy enfrenta una crisis agudísima y multiforme que, como un monstruo de varias cabezas, abarca lo económico, lo social, lo político, lo laboral?

La autoridad de un presidente suele conformarse, y sostenerse, de acuerdo al grado de conexión que exista entre su palabra y su capacidad de convertirla en acción. Si su discurso no es performativo, si no construye realidad, entonces queda despojado de su componente de ejecutividad, y la densidad política del dirigente, en este caso Fernández, va diluyéndose.

El Presidente se ha ido convirtiendo cada vez más en un comentarista de lo que ocurre o de lo que le gustaría que ocurriera. Y no es solamente porque la magnitud de la crisis imponga una resistencia pertinaz, sino porque su postura ante cada tema no aparece teniendo un peso determinante dentro de la propia coalición.

El 24 de marzo fue un exponente de esa situación. Mientras Alberto juraba que el país honraría sus compromisos y Martín Guzmán negociaba en Washington con el FMI, Cristina decía en Argentina, durante el acto por el Día de la Memoria, que es imposible pagar esa deuda de 44.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri porque no hay plata.

¿Cuál es la postura del Gobierno? ¿La de Alberto y Guzmán o la de Cristina? Tal vez el episodio no pasara de ser una contradicción pública -imprudente ante una patología crónica como la deuda- si no fuera porque los antecedentes más cercanos marcan que no termina imponiéndose la postura del Presidente sino la de Cristina. La instalación como prioridad -en un país con pandemia, crisis económica, desempleo en alza, inflación persistente, pérdida del poder adquisitivo, incremento de la pobreza- de la conformación y el funcionamiento de la Justicia es el ejemplo más reciente.

Los gobiernos kirchneristas suelen abrir varios frentes a la vez. Pero el de Alberto no sólo los abre sino que expone en casi todos varias posturas inconexas.

El inconveniente principal no pasa sólo por el hecho de que el discurso presidencial tenga competencia sino porque pierde.

La erosión de la autoridad de Alberto se ha ido acrecentando aceleradamente porque el foco de contradicción ya no es sólo con Cristina sino que parece haberse ramificado.

Los gobiernos kirchneristas nunca se caracterizaron por abrir un frente a la vez. Han preferido las confrontaciones simultáneas. Sin embargo, esa práctica política puede sostenerse si el oficialismo se encuentra abroquelado ante cada conflicto que tiene ante sí.

La gestión de Alberto Fernández ha iniciado acciones múltiples pero, casi en todas, lo que se exterioriza son principalmente sus diferencias internas. Eso debilita su posición, la vuelve vulnerable.

Ese escenario políticamente inestable está provocando un fenómeno inusual. El Presidente de la Nación ha pasado a referirse a algunos temas espinosos de manera indiciaria. Como dentro de la coalición conviven contraposiciones, no expresa una postura de manera directa sino lateral, como si estuviera tanteando el terreno.

Ocurrió este viernes, cuando habló ante sus pares del Mercosur. En un tramo del discurso, Fernández incluyó, como al pasar, a los biocombustibles entre las exportaciones con valor agregado, que crean empleos genuinos y de calidad y que marcan el rumbo por el que debe transitar el Mercosur. Pareció un guiño al etanol.

Un día antes, los diputados del Frente de Todos, que presumiblemente responden al Presidente, habían generado un vacío en la Cámara para evitar que se prorrogara la ley de promoción de los biocombustibles, que está próxima a vencer y sin la cual la industria entraría en una zona de zozobra.

Además, circula por los teléfonos de los diputados el proyecto que se adjudica a Máximo Kirchner y que impulsa una reducción en la cantidad de bioetanol o biodiésel que las petroleras deben incorporar en sus combustibles.

El borrador atribuido a Máximo no sólo entra en colisión con lo que expresó el Presidente sino con lo que hizo el Senado, conducido sin contratiempos Cristina, que votó por unanimidad, a fines del año pasado, una extensión de la ley por cuatro años.

Los diputados opositores que intentaron reunir el quórum para la sesión especial, entre los que estuvieron los cuatro legisladores del schiarettismo, alcanzaron 108 asistencias. Esperaban, al menos, 120, 9 menos de las necesarias para sesionar. Adjudican las ausencias sorpresivas al lobby petrolero y a su capacidad de seducción.

En realidad, no sólo el lobby petrolero está presente en el debate por los biocombustibles. También las etanoleras, que son 54 y cuentan entre ellas a algunos actores poderosos, han activado sus influencias para no ver desaparecer de un plumazo la mitad de su negocio.

Sin embargo, hay una diferencia. Los movimientos de las petroleras son subterráneos, no incluyen posicionamientos públicos, argumentaciones para justificar la restricción del régimen de promoción. Ese sector, de enorme poder, actúa solamente a través de las voces de algunos diputados. El exponente principal es Máximo. Aunque Sergio Massa, presidente de la Cámara, también es incluido entre los miembros de esa tropa.

Hay un fenómeno incipiente que es inusual. Alberto está hablando de manera indiciaria, como tanteando el terreno, en vez de definir una postura unívoca.

Al gobierno nacional el capítulo de los biocombustibles puede generarle una complicación en aumento porque provincias importantes como Córdoba y Santa Fe lo han convertido casi en una cruzada y prometen seguir dando pelea.

A lo que apuestan, en realidad, es a una intervención directa de Alberto y a un decreto que extienda al menos por un año la ley y permita configurar un nuevo proyecto que no deje abiertamente derrotados a los etanoleros.

El Presidente ha dado, con su discurso ante el Mercosur, señales de que no dejará caer los biocombustibles. Pero tratándose del Frente de Todos nunca está dicha la última palabra ni la de Alberto es especialmente decisiva.

El socavamiento de su autoridad no se explica sólo por sus inconsistencias, por su incapacidad para erigir su propio liderazgo o por las contradicciones internas. En las últimas semanas, medios opositores al Gobierno han insistido con que la posición de Alberto es insostenible y que podría renunciar. Esas versiones, especialmente nocivas en un contexto como el actual, no sólo surgen de una oposición sin miras ni miramientos. También son alimentadas desde la propia coalición oficialista, especialmente por el massismo, que imagina a su jefe convertido en un emergente salvador en medio del desastre.