Después de una presentación de la defensa, el segundo juicio contra Maximiliano Celi volvió a verse interrumpido ayer. Los pedidos que el fin de semana el abogado Marcelo Torres ya había elevado de manera digital llegaron ayer a manos de la Cámara Primera del Crimen, que decidió entonces suspender el nuevo debate por el crimen de Álvaro Zarandón, ocurrido hace ocho años en Laboulaye.
El escrito pide por un lado que se cite a más de 80 testigos que, según explicó Torres, estuvieron admitidos en el proceso y declararon para el primer juicio pero en esta instancia no se los convocó.
La segunda requisitoria es para desarrollar una inspección ocular en Laboulaye, para que el jurado popular que debe asistir al juicio y los jueces técnicos, más el fiscal, puedan tener un mejor conocimiento del contexto y el escenario donde ocurrió el fatídico hecho del 8 de febrero de 2013.
La causa Zarandón ya tuvo un debate oral y público en 2014. En septiembre de ese año la Cámara del Crimen de Laboulaye absolvió al policía Celi, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló el fallo y ordenó hacer un nuevo juicio en otra jurisdicción. El expediente, caratulado como homicidio calificado, entonces recaló en Río Cuarto.
En abril del año pasado se había fijado fecha para el segundo debate, pero las restricciones de la pandemia truncaron en ese momento el comienzo.
Ayer, todo estaba listo para iniciar la audiencia cuando las partes tomaron conocimiento de la presentación de la defensa. Después de estudiar los planteos, resolvieron suspender el debate.
Frustración en la querella
“En lo personal considero que es una falta de respeto, se movilizó el jurado para venir hoy (por el lunes); Sandra, la mamá de Álvaro, es de escasos recursos económicos y esto le significó un gasto. Aparte la fecha del juicio la teníamos desde hace varios meses, lo podría haber hecho antes”, consideró la abogada querellante Vanesa Pereyra al ser consultada por Puntal sobre la presentación del abogado defensor de Celi.
“Lo hace a último momento, entiendo yo, en una cuestión dilatoria, es su estrategia, no voy a cuestionarla, pero sí tal vez podría haber sido un poco más precavido y entender que la gente, no solamente la Cámara que ocupó toda esta semana para esta causa, tanto para el fiscal como a mí también y ni hablar de los gastos de Sandra, que tengo entendido hizo hasta una rifa para juntar dinero y poder estar en Río Cuarto”, agregó.
Pereyra indicó que estaba previsto que declararan 15 personas durante los cinco días de esta semana, pero se sorprendió con la cantidad de testigos solicitados por la defensa.
“Tratamos de conciliar con ese número y el doctor se mantuvo en su postura de que quería los 85 testigos y es una prueba que no se le puede negar, no en este momento, entonces la Cámara decidió suspender el debate porque en tiempo es imposible hacerlo de acá hasta el viernes”, afirmó la abogada querellante.
A su vez, entendió dificultosa la posibilidad de hacer una inspección ocular esta semana, para la que habría que trasladar a todo el jurado a Laboulaye, en un contexto de pandemia y pidiendo una autorización a Córdoba.
Por su parte, el abogado defensor, Marcelo Torres, al argumentar su pedido de citar a más testigos sostuvo que sólo habían convocado a 20 y todas personas que perjudicarían a su cliente. El letrado afirmó a Puntal que excluían a los declarantes propuestos por la parte que él representa.
Torres indicó que en el escrito pidió que se cite rápidamente a esos testigos, atendiendo que debe cumplirse con determinadas garantías para el proceso, como por ejemplo trasladarlos por separados y afrontando costos para ciudadanos que no cuentan con recursos para viajar.
¿Se hará este año?
Tras comunicar la suspensión del juicio que iba realizarse durante toda la semana, la Cámara no estableció una nueva fecha y no hay certezas de que vuelva a poder programarse para este año.
La abogada querellante recordó que una de las camaristas, Virginia Emma, podría jubilarse en las próximas semanas, lo que implicaría otro obstáculo para poder avanzar con el debate en el corto plazo.
“De ser así, tendríamos que esperar que se designe al nuevo camarista, que se le tome juramento y después que ese camarista se aboque a la causa. Con mucha suerte, va a ser para después de julio”, analizó Pereyra, quien también consideró que los plazos podrían extenderse hasta 2022.
La letrada lamentó que toda la dilatación en la causa profundiza el dolor de la mamá de Álvaro.
“Llevamos ocho años de impunidad y mis hijos -los hermanos de Álvaro- y yo como mamá necesitamos conocer la verdad de lo que pasó esa noche”, lamentó ayer Sandra Zarandón.