En diciembre de 2006 Andrea del Fa Svolos desapareció. Estaba embarazada de 7 meses. Pasaron ya casi 12 años de este hecho y su madre, Ana Dalton, sigue con el dolor a flor de piel.
Es que al hecho de no saber nada de su hija y su nieto se suma ahora la noticia de haberse enterado, por casualidad, que quien está condenado por la desaparición de Andrea, el productor Jorge Rinaldi, está nuevamente en Laboulaye tras ser beneficiado con la prisión domiciliaria.
El juez Marcelino Antonio Morales de Primera Instancia del juzgado de Ejecución Penal de Tercera nominación de Córdoba le otorgó el arresto en su casa, con lo cual a fines del año pasado el productor volvió a la ciudad. Desde que se le dictó condena se encontraba en la cárcel de Bower.
Para la mujer esta situación es una burla de la Justicia, que -señala- defiende los derechos del victimario y no los de las víctimas.
Días pasados se conoció que el Tribunal Superior de Justicia ratificó la condena que pesa sobre Rinaldi por “secuestro coactivo calificado”, con 18 años de prisión.
Ana asegura que se logró esta ratificación luego de que ella volviera a insistir y a reclamar ante la Justicia. “Moví todos los hilos y de un día para el otro logré que el TSJ ratificara la condena. Pero él está acá, libre. Me lo he cruzado en la calle. Iba en la pick-up con su yerno. Todo el pueblo me dice que lo ve por todos lados. El arresto domiciliario no lo cumple. Hasta pidió irse a vivir a Melo. Nadie lo controla”, sentencia con bronca Ana.
Según la ley, es el Patronato del Liberado de Río Cuarto el que debería controlarlo, distante a 200 kilómetros. “No tiene tobillera ni nadie que lo vigile, está completamente libre”.
Ana Dalton exige que Rinaldi cumpla su condena en la cárcel. “Que se le deniegue la prisión domiciliaria. Que cumpla en la cárcel, que no esté ni Laboulaye, ni en su campo ni en Melo, en la cárcel”. Y en su tono se cuela la impotencia de tener que convivir en la misma ciudad con Rinaldi.
También Dalton reclama que la Justicia obligue a Rinaldi a resarcir el daño que les ocasionó a ella y a los otros tres hijos de Andrea que quedaron a su cargo siendo muy chicos. “Pedí que a la brevedad se pague el resarcimiento que se fijó en el juicio. Son $ 3,5 millones y los honorarios de la abogada. Quiero ese dinero y todos los intereses, si no tengo el derecho de embargarlo y lo voy a hacer. Hasta la maceta que tiene en su ventana”, promete.
Admite que el dinero nunca va a aplacar su dolor, pues aún no ha podido encontrar ni a Andrea ni al bebé. “No duermo de noche pensando qué habrá hecho con ellos. No sólo mató a mi hija, sino a su propio hijo”.
Sin rastros
A pesar de los numerosos allanamientos, rastrillajes y búsquedas hechas durante todos estos años, nada se encontró. “Acá la gente dice que la mató y la tiró a los chanchos”, puntualiza con crudeza.
Ana llegó a comunicarse con el FBI para pedir que investiguen. Sus nietos -ahora mayores- siguen con su vida, pero el dolor permanece. Quieren saber qué fue de su madre y de su hermano.
La abogada que representa a Ana, la doctora Ana María Hernández Mas, cuestionó la decisión del juez de otorgar el arresto domiciliario. “Sólo tuvo en cuenta los derechos del victimario, pero se olvidó de la víctima y de su hijo a punto de nacer”.
El juez Marcelino Antonio Morales de Primera Instancia del juzgado de Ejecución Penal de Tercera nominación de Córdoba le otorgó el arresto en su casa, con lo cual a fines del año pasado el productor volvió a la ciudad. Desde que se le dictó condena se encontraba en la cárcel de Bower.
Para la mujer esta situación es una burla de la Justicia, que -señala- defiende los derechos del victimario y no los de las víctimas.
Días pasados se conoció que el Tribunal Superior de Justicia ratificó la condena que pesa sobre Rinaldi por “secuestro coactivo calificado”, con 18 años de prisión.
Ana asegura que se logró esta ratificación luego de que ella volviera a insistir y a reclamar ante la Justicia. “Moví todos los hilos y de un día para el otro logré que el TSJ ratificara la condena. Pero él está acá, libre. Me lo he cruzado en la calle. Iba en la pick-up con su yerno. Todo el pueblo me dice que lo ve por todos lados. El arresto domiciliario no lo cumple. Hasta pidió irse a vivir a Melo. Nadie lo controla”, sentencia con bronca Ana.
Según la ley, es el Patronato del Liberado de Río Cuarto el que debería controlarlo, distante a 200 kilómetros. “No tiene tobillera ni nadie que lo vigile, está completamente libre”.
Ana Dalton exige que Rinaldi cumpla su condena en la cárcel. “Que se le deniegue la prisión domiciliaria. Que cumpla en la cárcel, que no esté ni Laboulaye, ni en su campo ni en Melo, en la cárcel”. Y en su tono se cuela la impotencia de tener que convivir en la misma ciudad con Rinaldi.
También Dalton reclama que la Justicia obligue a Rinaldi a resarcir el daño que les ocasionó a ella y a los otros tres hijos de Andrea que quedaron a su cargo siendo muy chicos. “Pedí que a la brevedad se pague el resarcimiento que se fijó en el juicio. Son $ 3,5 millones y los honorarios de la abogada. Quiero ese dinero y todos los intereses, si no tengo el derecho de embargarlo y lo voy a hacer. Hasta la maceta que tiene en su ventana”, promete.
Admite que el dinero nunca va a aplacar su dolor, pues aún no ha podido encontrar ni a Andrea ni al bebé. “No duermo de noche pensando qué habrá hecho con ellos. No sólo mató a mi hija, sino a su propio hijo”.
Sin rastros
A pesar de los numerosos allanamientos, rastrillajes y búsquedas hechas durante todos estos años, nada se encontró. “Acá la gente dice que la mató y la tiró a los chanchos”, puntualiza con crudeza.
Ana llegó a comunicarse con el FBI para pedir que investiguen. Sus nietos -ahora mayores- siguen con su vida, pero el dolor permanece. Quieren saber qué fue de su madre y de su hermano.
La abogada que representa a Ana, la doctora Ana María Hernández Mas, cuestionó la decisión del juez de otorgar el arresto domiciliario. “Sólo tuvo en cuenta los derechos del victimario, pero se olvidó de la víctima y de su hijo a punto de nacer”.
Patricia Rossia
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