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"A partir del primero de enero no hay más derechos de exportación"

Así lo aseguró Andrés Costamagna de Sociedad Rural Argentina. La entidad inició una recorrida por distintas unidades pares de Córdoba brindando asesoramiento sobre la condición inconstitucional que tienen hoy las retenciones

Miembro de la Comisión Directiva de Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna pasó por la Sociedad Rural de Río Cuarto para contarles a los productores lo que está pensando su entidad madre respecto de derechos de exportación. “Pensamos que a partir del primero de enero no hay más derechos de exportación en Argentina”, dijo en exclusiva para Tranquera Abierta.

¿Por qué no existe más?

- Particularmente los derechos de exportación los tiene que fijar el Congreso Nacional según la Constitución de 1994, en su artículo 75 dice que los derechos de exportación deben ser regulados por el Congreso y que esta facultad es indelegable, no se la puede delegar al Poder Ejecutivo, salvo en momentos de crisis o particulares donde se le da facultades extraordinarias con una ley de emergencia el Ejecutivo.

Como sucedió en la pandemia…

- Así es, es la ley 27.541, Ley de Solidaridad Social, que terminó el 31 de diciembre de 2021, y le daba facultades al Ejecutivo para poder decretar las regulaciones sobre derechos de exportación e importación, por lo tanto el decreto 851/21 que emitió el Estado Nacional el 15 de diciembre pasado, fijando los derechos de exportaciones para los productos agropecuarios para 2022 carece de vigencia legal, porque está fuera de la vigencia de la ley. Nosotros consideramos que es decreto es inconstitucional y no tiene base legal, por lo tanto no hay retenciones y los productores deben resguardar su derecho de cobro del diferencial que le está reteniendo el exportador, respecto de lo que está cobrando por su mercadería.

¿Qué implica que la ley de presupuesto 2022 no se haya aprobado?

- Lo que sucedió es que el Gobierno pretendía era hacer pasar dentro de la Ley de Presupuesto 2022 una autorización para tener poder sobre los derechos de exportación, cosa que tampoco hubiese sido constitucional, pero lo intentó. Al fracasar ese intento de aprobar la Ley de Presupuesto se emite el decreto 851/21 para cubrir los derechos de exportación de 2022, el Gobierno hace un parche legal que es inconstitucional e ilegal.

Además es inconstitucional porque lo fija el Ejecutivo

- Porque lo fija dentro de un período que esta fuera de la ley de emergencia, no tiene facultades para fijar derechos de exportación para 2022 dentro de una ley que terminaba en 2021

¿La SRA propone no pagar los derechos de exportación?

- Lo que nosotros proponemos es que hoy los derechos de exportación los tiene que fijar el Congreso, le pedimos a los diputados nacionales que se aboquen a la tarea de definir cuáles son y cuales no son, porque hoy no hay. Lo tiene que definir el Congreso, entonces lo que debería suceder es que el Congreso lo trate, entre ellos hay 18 proyectos de ley presentados por algunos diputados, más o menos afines al campo, pero esto se tiene que discutir en el Congreso. En el mientras tanto, los derechos de cobro de este diferencial de precios que hay entre el valor de exportación y el valor de cobro del productor deben resguardar al productor, porque en algún momento puede demandar su cobro hasta que haya una nueva ley o se solucione el tema en el Congreso, donde debe ser tratado.

¿Cuáles son los principales proyectos de ley para tratar?

- Son tres los más difundidos, uno del diputado Pablo Torello (PRO), otro del diputado Ricardo Buryaile (UCR) y otro que tiene la provincia de Córdoba con sus diputados nacionales. En general todos hablan de una reducción escalonada de los derechos de exportaciones hasta llegar a cero en un período de tiempo determinado. Pero lo que está en discusión hoy no es eso, lo que está en discusión hoy es que el Congreso es el que debe brindar los derechos de exportación y no el Poder Ejecutivo.

Las retenciones explican ingresos para el Estado por cerca de 2,5 puntos del PBI, ¿reducirlas a cero qué impacto tendría?

- El PBI argentino no sufre variaciones si hay o no derechos de exportación. Tampoco la disponibilidad de dólares del país. Porque las exportaciones seguirán y los dólares ingresan al Banco Central de la República Argentina.

¿Hasta podría haber más destino de granos a exportaciones con menos retenciones o nulas?

- Así es, sólo afectaría la recaudación del Estado Nacional y aumentaría los ingresos a las provincias productivas como Córdoba a través del impuesto a las ganancias. Mejoraría el empleo en el interior, la inversión local y activaría la economía de lugares como Río Cuarto y la región.

¿El Estado puede hacer uso del código aduanero para establecer retenciones?

- No existe más esa herramienta, es la ley 22.145. La Corte Suprema de Justicia decretó ya en 17 fallos que eso no lo puede hacer el Estado Nacional por eso es que necesitó una ley de emergencia para tener facultades extraordinarias para poder determinar los derechos de exportación.

¿Creen que hay preocupación en el Gobierno nacional por esto?

El único que se manifestó es el Ministro Aníbal Fernández, el Gobierno está en tema y tiene preocupación. Mientas los exportadores entiendan que el decreto 851/21 es legal, le van a seguir pagando al Estado los derechos de exportación hasta que entiendan que no, o hasta que algún exportador tenga un amparo a su favor para no pagar hasta que el Congreso lo defina, que es el verdadero motivo de esto.

¿Hay amparos a favor de productores?

- Hay varias presentaciones de productores individuales de la provincia de Buenos Aires, se está aguardando que finalice el período de receso del Poder Judicial para poder iniciar acciones. Seguramente, SRA iniciará un amparo colectivo. Para eso estamos recorriendo las principales sociedades rurales de Córdoba como es Bell Ville, Río Cuarto, entre otras. Estamos abiertos para asesorarlas a todas, tanto como a productores individuales, para abordar este tema y analizarlo con sus asesores legales.

LA OPINIÓN DEL MINISTRO ANÍBAL FERNÁNDEZ

Este es un fragmento de una nota de opinión publicada por Infobae en los primeros días de enero 2022, titulada ‘Los derechos de exportación se mantienen incólumes en el horizonte’, firmada por Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación.

“La Sociedad Rural exhortó al Presidente de la Nación, a dejar de percibir los derechos de exportación. El fundamento jurídico de ese reclamo radica en que el Decreto 851/21 dejó de tener vigencia, al no aprobarse la sanción de la ley de presupuesto.

“Esa interpretación no es una derivación razonada del derecho vigente. Por lo pronto, los derechos de exportación son establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de una habilitación permanente ínsita en el Artículo 755 del Código Aduanero. Los reglamentos administrativos dictados, en consecuencia, son reglamentos ejecutivos dictados al amparo del Artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional. (…)

“En el caso que nos concierne comentar, el Art 52 de la Ley 27541 (Ley de Solidaridad Social) estableció las bases de la delegación, habilitando a gravar con derechos de exportación hasta un máximo determinado y por un plazo que expiró en diciembre de 2021. Los reglamentos dictados a su amparo, como el decreto 851/21, se incorporan al ordenamiento jurídico con fuerza de ley, mantienen su vigencia aún después de expirado el plazo de la delegación, hasta tanto ambas Cámaras del Congreso rechacen su aplicación (Artículo 24, Ley 26122).

“A todo evento, lo que podrá discutirse es si el Poder Ejecutivo puede seguir modificando los derechos de exportación con fundamento legal en el Artículo 755 del Código Aduanero. Esta norma fue ratificada por el Congreso al ratificarse el Digesto Jurídico Argentino”.