El debate por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en el Congreso, donde un proyecto impulsado por distintos bloques logró reunir 37 firmas sobre un total de 66 integrantes de las comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales.
La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, PRO y UCR, además de representantes de provincias con fuerte actividad minera, lo que refleja un amplio apoyo político para avanzar en la modificación del marco normativo vigente.
Cambios clave en la normativa
El punto central de la reforma propone redefinir el alcance de la protección ambiental. En concreto, establece que solo quedarán bajo resguardo estricto aquellos glaciares que acrediten un “aporte hídrico relevante y verificable”.
De aprobarse, este criterio implicaría una flexibilización respecto a la legislación actual, que contempla la protección integral no solo de los glaciares, sino también del ambiente periglacial, considerado clave para la regulación de recursos hídricos.
Otro de los cambios significativos es el rol que pasarían a tener las provincias. El proyecto prevé otorgarles mayor participación en la elaboración del inventario glaciar, en línea con el principio constitucional que reconoce que los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales.
Debate abierto
La propuesta ya genera controversia entre distintos sectores. Mientras sus impulsores sostienen que permitirá compatibilizar el desarrollo productivo —especialmente la minería— con el cuidado ambiental, críticos advierten que podría debilitar la protección de ecosistemas estratégicos frente al cambio climático.
El tratamiento del proyecto en comisiones marca el inicio de un debate que promete ser intenso, con implicancias tanto económicas como ambientales para el país.
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