Cuando acaban de cumplirse nueve meses desde el dictado de las primeras medidas de aislamiento frente al arribo a la Argentina de la pandemia de Covid-19, la cada vez más cercana puesta en marcha de las campañas de vacunación debería estar esparciendo crecientes dosis de esperanza respecto del ingreso de la dolorosa crisis sanitaria en una suerte de “principio del fin”. No obstante, es evidente que este momento fundamental que ya están transitando otros países llega en un marco de amargas disputas políticas y notoria desconfianza en buena parte de la población, mientras los esfuerzos por despejar las dudas y transmitir tranquilidad carecen de la solidez y de la consistencia que la situación requiere.
Si bien la información al respecto siempre estuvo sembrada de una hojarasca dentro de la cual no era fácil distinguir entre expectativas y realidades, así como entre críticas fundadas y mero oportunismo político, da la impresión de que en los últimos días la confusión ha pasado a ser la norma. La noticia de que en un principio la primera vacuna que está disponible no podrá aplicarse al grupo de riesgo más expuesto y numeroso, junto a la controversia en torno a las frustradas negociaciones para obtener otra cuyo acceso antes se había garantizado, potencian la ya elevada incertidumbre en torno de la idoneidad con que una cuestión tan delicada está siendo administrada.
El hecho de que el propio presidente de la Nación y su ministro de Salud hubieran declarado que iban a ser los primeros en aplicarse la Sputnik V, antes de conocerse por parte del líder ruso Vladimir Putin que no estaba recomendada aún para personas de más de sesenta años, no es una incongruencia que pueda justificarse en una simple “mala traducción”. Tampoco es comprensible por qué se han vuelto “inaceptables” para la Argentina las condiciones impuestas por Pfizer, cuando en varios países del mundo, inclusive en la región, han sido aceptadas sin que sean un obstáculo los problemas de logística o la reducción de la producción prevista por dificultades en la provisión de insumos, excusas esgrimidas desde aquí.
Esto ocurre en un contexto en que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno merece cada vez más objeciones, y se superponen los motivos para dudar de la palabra oficial que la siguió defendiendo aun después de que la Argentina pasó a formar parte de los países más afectados tanto en materia de contagios como en número de muertes. Es comprensible que haya habido fallas al enfrentar un desafío fundamentalmente inédito para el cual no existían manuales de procedimiento, pero si el empecinamiento se extiende a cuestiones que no tienen que ver con la evaluación de lo actuado sino con la toma de decisiones sobre los pasos a seguir, resulta absurdo adjudicar los reparos sobre la gestión de las vacunas exclusivamente a la dirigencia opositora o a los medios de comunicación.
Cabe recordar que ya existe en una parte de la población una predisposición negativa hacia las vacunas en general, una actitud irracional y peligrosa -como se ha señalado en esta página en más de una oportunidad- que ignora el aporte inconmensurable que la posibilidad de inmunizarse ha realizado a la humanidad, al erradicar incluso enfermedades capaces de desatar pandemias mucho peores que la que hoy se transita. Que esta resistencia producto de una profunda ignorancia y a veces del fanatismo se vea en cierta forma legitimada y reforzada por un discurso oficial desprovisto de seriedad y consistencia ocasiona un daño a la salud pública que trasciende el provocado por el propio coronavirus.