La familia, representada por los abogados Óscar Zárate y Andrés Paladino en lo civil y como querellante, cuestiona la decisión judicial. “No podemos ocultar nuestro repudio a la decisión de liberar al imputado”, sostuvo Zárate en declaraciones a Puntal, en un tono que refleja el impacto que generó la resolución en el entorno más cercano de la víctima.
Según explicó, la noticia de la liberación fue recibida con “profunda indignación”, especialmente porque Zambelli se encontraba imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia de armas de guerra. “Estos delitos conformaban un cuadro gravísimo en su situación procesal. Sin lugar a dudas, se trata de una decisión incomprensible e inaceptable a la luz de la práctica cotidiana del sistema provincial”, remarcó.
La discusión de fondo gira en torno al cambio de calificación dispuesto por el fiscal Víctor Chiappero, quien en cuestión de horas atenuó la imputación hacia una figura vinculada al exceso en la legítima defensa, lo que habilitó la excarcelación. Para la familia, ese giro no sólo es prematuro en una investigación aún incipiente, sino que además deja al descubierto un criterio desigual. “Podemos visualizar un doble estándar. Si el error lo hubiera cometido el policía, hoy estaría privado de su libertad, en situación pasiva y con consecuencias devastadoras para su familia”, planteó Zárate.
En ese marco, adelantó que solicitarán formalmente que la fiscalía revise la decisión y evalúe la detención de Zambelli bajo los parámetros de la prisión preventiva. “Vamos a exigir que se reconsidere de inmediato. Estamos hablando de quien mató a un policía de un disparo y que además tenía armas sin autorización legal”, insistió.
El caso ocurrió el jueves por la noche, en una vivienda de calle Nepper al 5900, en Villa Belgrano. Dos jóvenes armados con un destornillador irrumpieron en la casa donde se encontraban Zambelli y su pareja. Fue una amiga de la mujer, que escuchó la situación por teléfono, quien alertó al 911.
Minutos después llegó Azábal, de 56 años, quien descendió de su móvil e ingresó al domicilio ante un delito en curso. Mientras los asaltantes escapaban por los techos, Zambelli logró liberarse, subió a la planta alta, tomó una pistola Glock 9 milímetros y, desde una ventana, disparó hacia una figura que creyó sospechosa. No advirtió que se trataba de un efectivo policial. El balazo ingresó por una zona no cubierta por el chaleco antibalas y resultó letal.
La secuencia posterior, el intento desesperado de reanimación, el traslado urgente y los esfuerzos médicos durante 45 minutos, no lograron evitar la muerte del suboficial, que estaba a pocos meses de su retiro. “Luis Azábal no era un ladrón: era un policía, un padre, un hijo, un compañero que no dudó en responder al llamado del deber”, subrayó Zárate, en una definición que busca devolverle humanidad a una historia que, en el expediente, corre el riesgo de volverse técnica.
En paralelo al reclamo de la familia, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, adoptó una postura pública contundente. Cuestionó la liberación “exprés” del acusado y anunció que la Policía provincial se constituirá como querellante. “No vamos a mirar para otro lado. El que ataca a un policía, ataca al Estado”, afirmó.
Las declaraciones, sin embargo, abren un plano de análisis que excede la coyuntura. Si bien la intervención del Estado como querellante busca reforzar la acusación, el tono de las críticas hacia decisiones judiciales en curso introduce una tensión inevitable en el equilibrio institucional. La necesidad de acompañar a la víctima y dar una respuesta política convive con el desafío de no interferir, ni siquiera simbólicamente, en la autonomía del proceso penal.
En este escenario, la causa avanza con interrogantes aún abiertos: la situación legal de las armas secuestradas, la reconstrucción fina de la percepción de Zambelli al momento del disparo y el alcance real de la legítima defensa en un contexto de confusión extrema.
Mientras tanto, la familia de Azábal intenta reencauzar la investigación hacia una figura más grave, convencida de que la muerte del suboficial no puede quedar subsumida en una interpretación apresurada. “Confiamos en que la Justicia de Córdoba estará a la altura institucional necesaria para responder a la gravedad de este caso y honrar su memoria”, concluyó Zárate.
