La auge de los ataques vandálicos a los campos
Como en otras oportunidades en que una escalada del conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario se ha transformado en protagonista central del escenario político, se ha asistido en los últimos días a una proliferación de los ataques a propiedades rurales, que a las ya crónicas roturas de silobolsas añaden en esta oportunidad los incendios de campos próximos a la cosecha. Se trata de una cara particularmente alarmante de una guerra en la que todos pierden, y condenada sin embargo a durar indefinidamente como víctima del prejuicio ideológico y la falta de imaginación de los responsables principales.
Aun cuando sus autores se cuiden de declararlo públicamente, los ataques a las silobolsas tienen una finalidad en apariencia práctica, como es la de forzar a los productores a comercializar sus granos de inmediato, sin “especular” sobre un posible aumento del precio posterior. En el imaginario de esta categoría de vándalos, el acopio puede ser incluso resultado de una maniobra concertada para torcerle el brazo al Gobierno y obligarlo a reducir la carga impositiva, o incluso para ahogar la economía al restringir el ingreso de dólares, por dar más importancia a sus intereses sectoriales y a la oportunidad de dar rienda suelta a su odio ideológico que al interés nacional.
Desde luego, no se puede negar que la especulación respecto del precio puede ser uno de los motivos por los cuales se difiere la liquidación de lo cosechado, pero difícilmente sea la única, o ni siquiera la principal. En rigor, y más allá del derecho que asiste a cualquier persona a vender lo que es de su propiedad en el momento en que más le conviene, en este caso la preferencia por mantener el capital en granos hasta tanto se lo necesite tiene sentido por la falta de opciones para ahorrarlo de otra manera, en un contexto donde, por ejemplo, la compra de dólares está severamente restringida -salvo para quienes manejen instrumentos financieros sofisticados u opten por pasarse a la ilegalidad- y los plazos fijos dan una renta inferior a la inflación.
Por eso no solamente resulta condenable de por sí una metodología que bien podría considerarse extorsiva y hasta mafiosa si su aspiración es forzar a los productores a vender, y gratuitamente antisocial si sus propósitos son estrictamente punitivos y de venganza. También debe advertirse que su pretendida justificación parte de falsas premisas, que los autores comparten con sus referentes políticos aun cuando no existan pruebas de que actúen siguiendo sus instrucciones.
En cualquier caso, la notoria renuencia de la mayor parte de los voceros del oficialismo para condenar estos hechos hace más ruido que cualquier denuncia proveniente de representantes del sector. Y las sospechas de que estos actos vandálicos gozan de algún tipo de cobertura institucional profundizan el abismo entre el Gobierno y el campo de un modo mucho más radical que la carga impositiva o un proyecto de expropiación de final todavía incierto.