Los ombudsmen de Río Cuarto y Villa María, Daniel Frangie y Rafael Sachetto, les pidieron a los senadores cordobeses Vigo, Juez y Álvarez Rivero que rechacen el veto a la emergencia aprobada por el Congreso
En la provincia de Córdoba, se dieron de baja 4.000 pensiones no contributivas para personas con discapacidad laboral.
A nivel nacional, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ya dio de baja más de 110 mil pensiones en todo el país.
Por ello, los ombudsmen de Río Cuarto y Villa María, Daniel Frangie y Rafael Sachetto, les pidieron a los senadores cordobeses Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero que rechacen el veto.
“Efectivamente, con el colega de Villa María, enviamos notas a los senadores por Córdoba para que rechacen el veto a la emergencia en discapacidad”, dijo ayer a Puntal el defensor Frangie.
La nota enviada dice:
- “De nuestra mayor consideración: quienes suscribimos, defensores del Pueblo de las ciudades de Río Cuarto y Villa María, en el marco de las atribuciones y deberes conferidos por nuestras respectivas cartas orgánicas municipales y ordenanzas vigentes, nos dirigimos a ustedes a fin de expresar nuestra profunda preocupación institucional ante el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el pasado 10 de julio”.
- “Dicha norma, cuyo objeto era declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, representaba una respuesta legislativa concreta frente a una situación social y sanitaria alarmante”.
- “Entre otros aspectos, contemplaba mecanismos para regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles, fortalecer la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), revisar el sistema de pensiones no contributivas y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad”.
- “Recibimos reclamos de personas con discapacidad, familiares y profesionales, que evidencian barreras estructurales en el acceso a derechos básicos”.
- “Entre las principales problemáticas se encuentran atrasos en pagos, recortes en prestaciones, obstáculos administrativos, falta de articulación entre niveles del Estado y un deterioro en la continuidad de los tratamientos”.
- “Todo ello afecta gravemente a uno de los colectivos más vulnerables de nuestras comunidades y del país”.
- “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378), la Ley Nacional 22.431, la Constitución Nacional (artículo 14 bis y artículo 75 inciso 23) y la normativa vigente en materia de salud, trabajo y seguridad social imponen al Estado argentino obligaciones concretas”.
- “La ley aprobada por el Congreso constituía un avance importante en el cumplimiento de dichas obligaciones. El tiempo de la espera está agotado. En este sentido, la Honorable Cámara de Diputados ya rechazó el veto presidencial y ahora corresponde al Honorable Senado de la Nación hacer lo propio. Instamos respetuosamente a que rechacen el veto y ratifiquen la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, garantizando así una respuesta efectiva e inmediata para las personas y familias afectadas en todo el país”.
“Solicitamos que se tenga presente la gravedad de la situación y se actúe con urgencia y que se rechace el veto presidencial”.
- “Por ello, solicitamos que se tenga presente la gravedad de la situación y se actúe con la urgencia que el contexto demanda y que se rechace el veto presidencial, insistiendo en la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
- “Desde estos espacios de defensa de derechos, reiteramos nuestra plena disposición para colaborar en el seguimiento de este proceso, aportar insumos derivados de nuestra actuación cotidiana y acompañar toda iniciativa que contribuya a garantizar el derecho a una vida digna para las personas con discapacidad en nuestro país. Sin otro particular, saludamos a ustedes con la mayor consideración y respeto”.
