Río Cuarto | bienes | juicio | causa

"Río Cuarto será modelo en destinar los bienes del narco a fines públicos"

El fiscal federal Carlos Gonella, que impulsó el juicio abreviado del Narcolavado, explicó que las propiedades secuestradas se destinarán a instituciones como las que trabajan en adicciones. En diez días, el fallo queda firme

Para el fiscal federal Carlos Gonella, principal impulsor del juicio abreviado por el Narcolavado que recientemente selló el Tribunal Oral Federal 2, el acuerdo posiciona a Río Cuarto como “modelo en destinar los bienes del narcotráfico para una finalidad pública”. En este sentido, detalló que el patrimonio secuestrado a los delincuentes se pondrá a disposición de instituciones y organizaciones sociales como, por caso, aquellas que trabajan en la problemática de las adicciones. Dijo que se empezará a concretar en el corto plazo, una vez quede firme la sentencia.

El magistrado admitió que se puso el foco sobre las propiedades porque “es lo que más duele”, a cambio de condenas bajas como la regla general.

El 13 de mayo pasado, la sala penal del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, integrada por los jueces José Fabián Asís, María Noel Costa y Julián Falcucci, condenó a 18 riocuartenses por integrar una asociación ilícita y por lavado de activos. Fue en el marco de un juicio abreviado, donde se les aplicaron penas mínimas que van de los tres a cinco años de prisión. El acuerdo incluyó el decomiso de los bienes habidos a partir de la actividad delictiva, y multas equivalentes al doble de su valor.

“La riqueza para el bien común”

¿Qué destino van a tener las propiedades secuestradas?

Ahora se abre una etapa muy interesante, y este vendría a ser un caso modelo, con el que vamos a tener que aprender -utilizando las herramientas del Estado- para destinar estos bienes a una finalidad pública, que es lo que dicen las leyes. En este sentido, Argentina tiene una deuda muy grande, porque históricamente el sistema judicial no procesaba este tipo de casos tan importantes. Y ahora, que los estamos procesando, tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para tener una mirada transparente, ágil y lo más desburocratizada, para que toda esta riqueza pueda ser aplicada para el bien común en Río Cuarto.

Gonella indicó que secuestraron $ 3 millones, 100 mil dólares, 30 vehículos y 7 inmuebles. Además, dijo que las multas superan los $ 130 millones.

¿Cómo se ejecuta esa devolución de los bienes a la sociedad?

Estoy trabajando con la Fiscalía y con el juez Ochoa, que conoce el territorio, de manera de pensar un esquema que brinde amplios beneficios a la comunidad de Río Cuarto. Por ejemplo, instituciones y organismos que se dediquen a luchar contra las adicciones. Esta es la etapa que se abre ahora, una vez que quede firme la sentencia, lo cual va a ocurrir dentro de diez días. Entonces comenzaremos con la fase de ejecución de la misma. Queremos que esto también sea lo más transparente posible.

Las penas acordadas son mínimas y, por otro lado, hay abogados defensores que hablan de recurrir las multas. ¿Qué opinión tiene sobre esto?

La pena de prisión, que es la principal, y las accesorias como el decomiso, forman parte del acuerdo. Si algún abogado defensor decide discutirlo, se vería como una deslealtad. En el caso de que eso suceda, hay jurisprudencia -casos similares, aunque no muchos- donde, en poco tiempo, es resuelto por el tribunal superior en rechazo a ese cuestionamiento. Esto, en base a la teoría de los actos propios, según la cual no se puede ir en contra de algo para lo que anteriormente se prestó consentimiento. Me pasó en una causa donde se acordó el decomiso de un inmueble en la ciudad de Córdoba con un acusado de trata de personas. Posteriormente, esta persona recurrió pero en cuestión de días, la Cámara Federal de Casación rechazó el planteo con este argumento. Esperamos que no suceda, pero si se da, le veo pocas chances de prosperar. Respecto del quantum de la multa, es una operación compleja de arribar, porque el Código Penal establece máximas y mínimas, tanto para las penas como para las multas. Hemos tenido en cuenta para esto la valuación fiscal de los bienes, y lo hemos multiplicado por dos. La suma de todos los inmuebles nos dio la suma de 134 millones de pesos, que es una cifra importante.

¿Por qué cambió la calificación legal con la que la causa llegó a juicio, de organización dedicada al tráfico de drogas, a la figura de asociación ilícita y lavado de activos?

Es frecuente que a los fines de posibilitar un acuerdo de juicio abreviado, se hagan modificaciones, que en definitiva son concesiones de parte de la fiscalía. ¿Por qué? Porque al cambiar la calificación legal, también lo hacen los topes de las penas. Si se llegaba a juicio oral, la calificación legal iba a ser la de organización para el tráfico de estupefacientes, que tiene una pena mínima de 7 años de prisión. La fiscalía propuso un cambio de calificación legal, en base a criterios que ya están consolidados en la ciudad de Córdoba y en otras partes del país: modificar la figura de organización por la de asociación ilícita para cometer delitos de narcotráfico. Parece una cuestión semántica, pero es un criterio consolidado. Lo que ocurre es que la figura de organización para el narcotráfico es específica y nace con posterioridad, con la ley específica. Pero el Código Penal tiene la figura de asociación ilícita para delitos indeterminados. Se eligió esta calificación porque los hechos permitían ser encuadrados bajo esta norma. Y la escala penal más baja posibilitó el acuerdo.

“El patrimonio es lo que más duele”

¿Por qué impulsó este acuerdo para el juicio abreviado?

Si se analizan las consecuencias jurídicas, las multas se ubican por encima de los 130 millones de pesos. Y las penas van desde los 12 años de prisión, para un acusado como Mansilla (a quien se le unificó con otra condena), hasta los 3 años de prisión en suspenso. También tenemos el decomiso de un importante acervo patrimonial, valuado en 3 millones de pesos y cien mil dólares, que equivalen a otros 10 millones de pesos. Además, 30 autos y camionetas, entre los cuales hay varios de alta gama. Siete inmuebles, un complejo de cabañas. Si se analiza desde el punto de vista estratégico, la persecución de la criminalidad organizada -en este caso, narcotráfico y lavado-, se tiene que hacer hincapié en lo patrimonial, porque es donde duele. Al sopesar estas circunstancias, mi criterio fue que era más importante acordar las penas, resignar parte de los montos que se podrían haber pedido en un juicio oral, pero obtener una acuerdo. Eso evitó que se discutieran estos bienes. Si íbamos a juicio, no íbamos a disponer de esta enorme cantidad de dinero y de bienes en lo inmediato, porque habríamos tenido que esperar a que termine la etapa recursiva.

¿Qué balance final que hace de la resolución de la causa?

El balance de esta causa es positivo. Desde el comienzo, ha tenido un avance complejo. No solo me refiero a la parte instructoria, sino en lo que tiene que ver con la elevación a juicio y luego la alternativa del debate oral o esta posibilidad del abreviado, que fue finalmente lo que salió y que está previsto en la ley. Como nunca me ocurrió, una propuesta de juicio fue rechazada en primera instancia, con argumentos que no tenían acogida legal. Por eso, se insistió, y ahora ante un tribunal, lo que nos da más garantías, porque hay más visiones. Finalmente, lo aceptaron. Al tratarse de una causa compleja, tenía varios tramos con numerosos imputados. Cuando estábamos analizando el primer tramo, donde estaban los acusados más importantes, se elevó el segundo tramo, que también fue a juicio abreviado y se sumó al trámite en curso. Eso llevó varios meses.