Biocombustibles: ¿más tiempo para discutir lo mismo?

La decisión anunciada por el secretario de Energía de la Nación, el neuquino Darío Martínez, de extender hasta el 12 de julio la vigencia de la actual ley de biocombustibles llevó algo de alivio al sector, que primero contó por años la fecha de vencimiento de la normativa, luego pasó a contar por meses y finalmente por días y horas. La caducidad de la ley aprobada en 2006 opera a partir del primer minuto de este miércoles. Sólo le queda hoy y mañana. Con ese escaso margen el Gobierno trabajó con un sector que se desarrolló por el interior productivo, desde Córdoba, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires y La Pampa, hasta Tucumán, Salta y Jujuy. En algunas provincias aprovechando la soja, en otras -como Córdoba- el maíz y en el norte, la caña de azúcar. De esas tres materias primas se elaboró un combustible renovable que permitió avanzar en la agenda ambiental que el mundo fijó y que tomó nuevos brios a partir del cambio de gobierno en los Estados Unidos. El acuerdo de París dejó de ser una caricatura para retomar como brújula para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero(GEI), que especialmente producen las grandes potencias pero que todos los países deben sumarse para combatir. Y de hecho la Argentina firmó su compromiso al respecto.

En ese marco, la incorporación de los biocombustibles viene a aportar su granito de arena. Pero de pronto ese avance quedó al filo del precipicio. Es que la indefinición de la Nación sobre el rumbo que se tomó en 2006 llenó de incertidumbre a la industria de los biocombustibles. Es insólito que en 48 horas venza un régimen y nadie garantice cómo continuará, cuando hace 15 años que se conocía la fecha de caducidad. Hay 10 provincias, 54 empresas, miles de puestos de trabajo y familias que dependen del sector. Justo en un momento en el que el desempleo es una preocupación creciente por efecto de la pandemia y su impacto en la actividad económica, el primer objetivo debería ser no agravar aún más ese cuadro.

Claramente hay una visión distinta por parte del Gobierno con respecto a los argumentos e intereses que llevaron a promover el sector durante la gestión de Néstor Kirchner. En 2006 se avanzó con la norma con la intención de industrializar el agro y a su vez promover el uso de renovables que iba a terminar además mejorando la ecuación de la balanza externa del país porque la producción de combustibles fósiles no alcanzaba a cubrir la demanda y era necesario importar para que las estaciones de servicio no tuvieran faltante. Era un círculo virtuoso que consolidó inversiones, empleo y agregado de valor en origen. Con ese escenario, la industria de los biocombustibles comenzó 2020 con la idea de que habría una nueva apuesta por el sector, por expandir su producción. Sin embargo, al poco tiempo advirtió que ese no iba a ser el rumbo elegido. Transcurrió el año de la pandemia sin discutir cómo iba a ser el futuro. Por eso hacia fin de año, si bien no era la idea original, las empresas hasta celebraron la decisión del Senado de prorrogar por 4 años más la actual normativa. Fue la senadora del Frente de Todos por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, la que presentó esa propuesta en la Cámara Alta. Pero la indescifrable ruta del oficialismo llevó a que otro santafesino y también del Frente de Todos como Marcos Cleri presentara en Diputados un proyecto diferente el mes pasado que impulsaba un nuevo marco normativo para el sector. La intención fue discutirlo en el plazo que quedaba hasta el 12 de mayo. El mismo Cleri confirmó que incluso ya contaban con los votos suficientes en Diputados para avanzar y darle media sanción a su propuesta. En el Senado, se sabe, el oficialismo presenta amplia mayoría. Sin embargo, allí tampoco habría caído bien la idea de tratar un proyecto distinto, incluso dentro de las filas delFrente de Todos. La semana pasada fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá el que reclamó al jefe de la bancada del oficialismo José Mayans que interceda en el Ejecutivo para que se prorrogue la normativa y se desactive el proyecto Cleri. A las pocas horas Martínez desde Tucumán hacía el anuncio que espera la publicación en el Boletín Oficial.

Aquí comenzó la cosecha de maíz y en el norte, la zafra de caña. Las empresas deben cerrar las compras anuales de materias primas para todo el año.

Serán 60 días, de acuerdo a lo expresado por el funcionario para debatir qué hacer con el sector de los biocombustibles. Si se recortará su participación en la matriz energética como sugería el proyecto de Cleri, si se apostará por un mayor porcentaje o si habrá algún camino alternativo. Lo primero que deberá resolver Diputados es si avanzará con el tratamiento de la media sanción del Senado, cosa que reclama la Cámara Alta e incluso algunos diputados de la oposición. Eso lo marcó Graciela Camaño, quien recordó que Diputados no es cámara iniciadora, sino revisora en esta temática porque hay ya una media sanción vigente.

Por eso el plazo de 60 días no terminó de quitar la incertidumbre del escenario, por el contrario. En Córdoba, ya el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, dijo que esa opción es “inexplicable”. Las empresas deben resolver compras anuales, contratos y demás cuestiones operativas casi sin margen. En el norte, la zafra de caña comenzó y los ingenios deben resolver qué destino le dan a esa materia prima: azúcar o alcohol. Por eso la pérdida de tiempo y la falta de planificación no son gratis.

Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal