El presidente Alberto Fernández llegará mañana a Rosario con parte de su gabinete en el marco de las visitas a las capitales alternas del país, entre las cuales está Río Cuarto, que sería el próximo destino del equipo de Gobierno. En ese marco, y al igual que ocurrió el 9 de febrero en Tucumán, el desembarco del mandatario genera expectativas por anuncios en torno a la extensión de la ley de biocombustibles que está próxima a caducar.
Es que tanto Tucumán como Santa Fe son dos de las principales provincias productoras de biocombustibles. En el primer caso, de etanol a base de caña de azúcar, mientras que la segunda es potencia en biodiésel. Cordoba se suma con su amplia producción de alcohol a base de maíz, que luego es incorporado a las naftas. El 12% de un litro tiene que ser alcohol; en el caso del gasoil, el 10% debe ser biodiésel. Por eso la contracara de este debate se encuentra en el sector petrolero, del que desconfía todo el entramado de los renovables.
Pero lo cierto es que, en la visita del mes pasado al norte, el mandatario no avanzó en anuncios, tal como se esperaba, y fue más bien ambiguo en las declaraciones. Anticipó que había que revisar la normativa de los biocombustibles y allí se encendieron alarmas sobre qué implicaría eso. “Cuando uno dice: ‘Queremos revisar la ley de biocombustibles’, ellos leen que quieren terminar con los biocombustibles; cuando decimos: ‘Queremos revisar’ es queremos hacerlo mejor, que los empresarios produzcan más y den más trabajo”, dijo Fernández en Tucumán.
El debate surge porque el 12 de mayo se vence la ley vigente y, si eso ocurre, las petroleras ya no estarían obligadas a cortar los combustibles con renovables. Desaparecería el mercado de los biocombustibles que hoy engloba a 54 empresas del interior del país y a miles de puestos de trabajo.
Ante ese riesgo, algunos gobiernos provinciales comenzaron a manifestarse ya hace tiempo para pedir que se contemple la posibilidad de avanzar en este tema. La semana pasada, la gestión de Juan Schiaretti dio otra señal más en ese sentido al publicar una solicitada junto con 45 instituciones, entidades y cámaras pidiendo al Gobierno que se ocupe de este tema. Según trascendió, algo similar hará hoy el gobierno santafesino de Omar Perotti en los principales diarios de Rosario y Santa Fe, en la previa de la llegada del gabinete, mientras las cámaras empresarias esperan que eso termine arrojando resultados positivos y finalmente la prórroga se trate en Diputados o el Ejecutivo emita un decreto con esa disposición.
Además, Santa Fe es una de las caras más dramáticas de la crisis de los biocombustibles porque las plantas de biodiésel permanecieron casi todo el año paralizadas debido a que la ecuación económica fue tan negativa que, cuanto más producían, más se agravaba su situación. Por eso funcionaron apenas durante tres de los doce meses del año.
“Si vence la ley, la Argentina caería en un default ambiental porque no cumpliría los compromisos asumidos”
Juan Facciano es el presidente de la Cámara de Energías Renovables de Santa Fe y admite que tiene expectativas moderadas frente a la visita del presidente Alberto Fernández. Es que rápidamente recuerda la experiencia de Tucumán, que terminó sin anuncios sobre el futuro del sector de los biocombustibles pese a la gran expectativa que había el mes pasado. “Hay una gran incertidumbre y el tiempo se va terminando. Hoy es imposible pensar en discutir y consensuar una nueva ley, por lo que la única opción viable es extender la ley actual”, dijo el empresario en declaraciones al programa radial Buen Día Río Cuarto.
“La incertidumbre se da por el poco tiempo que queda y la inacción del Poder Ejecutivo al no haber dado tratamiento a esto en extraordinarias o lo rumores de proyectos de ley alternativos que no se conocen. El sector está dispuesto a debatir y consensuar con todos los actores, pero por el tiempo restante no hay más alternativas que una prórroga”, agregó.
¿Qué pasa si no hay prórroga?
Si no hay prórroga, no hay régimen. Y sin eso no hay mercado para las 54 plantas que están en 10 provincias. Y además es una industria que forma parte de un entramado productivo que se vería seriamente afectado en caso de que eso ocurra, ya sea de la caña de azúcar, del maíz o de la soja.
¿Pero qué ocurriría con las empresas si eso ocurre?
Si ocurre no habría actividad porque las petroleras no estarían obligadas a cortar los combustibles fósiles y habría un default ambiental por parte del Estado nacional, ya que se comprometió en distintos compromisos y tratados internacionales su lucha contra el cambio climático y este es una herramienta importante. Quiero creer que no va a suceder.
Córdoba se expresó la semana pasada con una solicitada y hay varias manifestaciones de ese tipo que no encuentran eco...
Sí. Toda la industria le envió ayer una carta al presidente de la República por este tema. Y no sólo este sector en particular está pidiendo y está interesado en esto, sino todo el entramado productivo. Y hay una expectativa para cuando se reúna en Rosario el gabinete federal. Entendemos y esperamos que el gobernador Omar Perotti tenga como uno de los temas centrales a plantear al de los biocombustibles.
Más allá de los comunicados y cartas, hasta acá no hubo eco...
Hasta ahora, en términos de resultado, no fueron favorables porque no pudimos hacer que el Ejecutivo incorporara el tema. Y el hecho de no incorporar por ejemplo el tema en el debate de Diputados es una decisión política. Falta justamente eso, una decisión política del Ejecutivo. Todos los cañones los estamos apuntando a la Cámara de Diputados y creemos que tiene la obligación de dar el debate por la importancia que tiene el desarrollo en las economías regionales. Y porque es un proyecto que salió del Senado por unanimidad. No vemos motivos para que no se trate, salvo por un cajoneo discrecional. Pero además es el momento, porque la gente en Tucumán que tiene encima la zafra tiene que saber qué hacer con la caña, lo mismo con el maíz en Córdoba o San Luis. El que produce necesita saber.
¿Y el biodiésel?
En el caso del biodiésel la situación que vivimos el año pasado, con apenas 3 meses de producción, no fue responsabilidad de la pandemia, sino del Gobierno por haber congelado el precio.

