Río Cuarto | Biocombustibles | Empresas | Etanol

La ecuación que ahora impulsan las etanoleras de maíz para evitar cierres

Desde la bancada oficialista del Senado aseguran que con la reglamentación se salvarían algunos riesgos para las empresas

Después de 15 años y dos meses, la original ley de biocombustibles 26093 tiene a su sucesora tras la media sanción que restaba del Senado y que ocurrió en la madrugada del viernes. A partir de allí comienzó a transitarse otro momento clave: el de la reglamentación. Y a ese proceso se aferran ahora las empresas productoras de etanol de maíz que, aseguran, podrían ser las más perjudicadas por el nuevo marco normativo si la autoridad de aplicación baja el aporte de ese alcohol para las naftas, tal como la habilita la sanción.

Es que la ley, que tendrá vigencia hasta el año 2030, establece nuevos porcentajes de cortes para nafta y gasoil en relación con los distintos componentes que participen de su elaboración: en el caso de la nafta, pauta un mínimo obligatorio de 12% de bioetanol y una eventual reducción al 9%. Pero, como se sabe, ese 12% es abastecido en partes iguales por la industria de la caña de azúcar y la del maíz. Sin embargo, la baja se aplicaría sólo a esta última, mientras la de caña tiene asegurado el 6% siempre. ¿Por qué se da esta diferencia? No quedó claro en el debate, pero los argumentos apuntan básicamente al precio que puede llegar a alcanzar el maíz, tal como ocurrió en los últimos 9 meses, y que podría presionar al alza a los combustibles en los surtidores; algo que las etanoleras cuestionaron con la estadística de precios en la mano en donde mostraron la evolución de los fósiles y los biocombustibles. Pero en definitiva fue la explicación del oficialismo: si la materia primar sube, se podría bajar el aporte del etanol de maíz a la mitad para reducir el impacto en el valor final del litro de nafta. Esa decisión queda en manos de la Secretaría de Energía.

Las empresas advierten que si eso ocurre, muchas deberán cerrar las plantas porque trabajan actualmente a menos del 80% de su capacidad de producción y con eso caerían al 41%, lo que haría inviable desde lo económico su funcionamiento.

Por eso impulsaron en las últimas semanas, y cuando se advertía que el oficialismo avanzaría finalmente con el proyecto aprobado en Diputados, con una contrapropuesta. Las etanoleras de maíz quieren incluir en la reglamentación una cláusula que, si el precio del maíz crece fuerte, nunca eso pueda hacer subir el litro de alcohol por encima del precio que se paga al mismo producto de caña de azúcar. Esto funcionaría con el etanol de caña como tope para el de maíz. De esa manera, se eliminaría la posibilidad de una baja en el aporte de este último. Antes de recortarle el volumen, se frenaría la suba de precio.

De hecho, en los últimos años, y hasta diciembre de 2020, el precio que se pagaba al litro de etanol de caña era mayor que el que recibía una etanolera de maíz. Eso tenía una explicación similar a la que ahora muestra el oficialismo: la caña de azúcar está situada mayormente en Tucumán y también en Salta y Jujuy, aunque con menor presencia de plantas. Allí, las opciones de agregado de valor para esa materia prima son reducidas, y de hecho hay sólo otro camino: producir azúcar. Si toda la caña se destina a la producción azucarera se produciría una sobreoferta que haría desplomar el precio en el mercado y los ingenios quedarían en serias dificultades. La cadena de la caña de azúcar es una de las más relevantes en generación de empleo en el norte y por eso el Gobierno busca protegerla.

Ese argumento fue vertido por la gestión de Mauricio Macri para sostener una política de precios desdoblados que comenzó en el último año de la presidencia de Cristina Fernández y que el gobierno de Cambiemos mantuvo. Incluso hubo duros cuestionamientos desde la cadena del maíz por la diferencia importante que existió en determinados momentos entre ambos productos. Por ejemplo, en octubre del 2017 se pagó $16,8 el litro de alcohol de caña y $13,3 el de maíz. El valor volvió a unificarse seis años después del desdoblamiento, en diciembre de 2020: $ 29,808.

La intención de las etanoleras de maíz es que se mantenga el valor unificado. Pero allí se cruza el otro indicador clave: cómo se fijará el precio de aquí en adelante. En este punto la Secretaría de Energía, desde que asumió Darío Martínez, luego de un tramo casi sin conducción de esa cartera, dio señales positivas. Primero descongeló el precio de los biocombustibles que habían permanecido sin cambios durante todo el año pasado, y luego adelantó un sendero de valores para los primeros cinco meses de 2021 que se completó con otro incremento a inicios de este mes.

Las empresas pidieron previsibilidad sobre esta variable, pero en los últimos años no hubo una fórmula como la que rigió hasta 2015 que arrojaba una actualización mensual en base a la evolución de los componentes que la integraban. La Secretaría de Energía fue la responsable de aplicar le recomposición sin ninguna base objetiva explícita.

Lo cierto es que las etanoleras de maíz esperan ahora “abrazarse” a la evolución que vaya teniendo sus pares del norte.

Si esa propuesta no prospera, las empresas, mayormente ubicadas en Córdoba, advierten que su continuidad estará en serio riesgo. Lo volvieron a remarcar tras la sanción de la ley ocurrida el viernes a primera hora.

“Esta no es una buena ley y creemos que Argentina se perdió una oportunidad importante para que haya más biocombustibles en la matriz energética. El mundo va a una matriz más limpia con menos uso de petróleo”, recordó Víctor Accastello, deAcaBio.