Una sesión especial en la Cámara de Diputados impulsada por sectores de la oposición es hoy la nueva luz de esperanza para los biocombustibles que ven cómo se consumen los días y el 12 de mayo se acerca cada vez a mayor velocidad. En esa fecha vence la actual ley 26.093 aprobada en 2006 que le dio el marco normativo y las reglas de juego a esa agroindustria que le permitió alcanzar una expansión muy fuerte en todo el interior productivo. De hecho funcionan 54 plantas que elaboran etanol o biodiésel a partir de materias primas, agregando valor en origen, evitando exportar granos, supliendo importaciones de naftas y sumando a la conservación del medio ambiente por la menor emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Pero pese a esos argumentos, el oficialismo decidió, por alguna razón que aún no explicitó, frenar todo y hacer tambalear a la actividad que le permitió a Córdoba sentarse en la mesa de discusión petrolera sin contar con un sólo pozo en su territorio. Es que con la producción de alcohol elaborado a partir del maíz en sus tres grandes plantas de Río Cuarto, Villa María y Alejandro Roca, más las minidest ubicadas en distintos puntos de la provincia, ingresó a los surtidores de naftas por la mezcla obligatoria que fija la ley del 12% de etanol por cada litro que se carga en los vehículos. Por eso, sin esa ley, cae la obligación de las petroleras de mezclar y desaparece el mercado de los biocombustibles, y con ello las empresas y los puestos de trabajo generados en los últimos 15 años en 10 provincias.
A 60 días de que eso pueda ocurrir, un grupo de diputados nacionales, motorizaros por Juntos por el Cambio con el acompañamiento de algunos representantes del interbloque Argentina Federal como el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, trabajan en convocar a una sesión especial para lograr la prórroga por 4 años que ya votó por unanimidad el Senado en octubre. Eso le daría margen a la industria para luego sí trabajar por una nueva normativa que perfeccione aquella aprobada en la gestión de Néstor Kirchner.
Sin embargo, el Frente de Todos, tras las dos solicitadas en favor de una prórroga de la 26.093 publicadas en Córdoba y Santa Fe por los gobiernos provinciales de Schiaretti y Perotti junto a decenas de entidades empresarias y universidades, parece que definió buscar su propio proyecto que ya circula por despachos del Congreso y que la semana próxima conocerían las empresas del sector porque hoy podrían ser convocadas para el próximo martes, según trascendió. En la industria hay un temor en base a trascendidos: que la iniciativa oficial podría proteger al etanol de caña de azúcar que se elabora en Tucumán, Salta y Jujuy y perjudicaría al de maíz y al biodiésel. Eso sería un fuerte golpe, justamente para Córdoba y Santa Fe.