El "asesoramiento" informal de Boudou a La Rioja

Mientras sigue en pleno desarrollo el debate público sobre la utilización de la emergencia sanitaria como argumento para otorgar beneficios procesales que permitan a quienes los piden abandonar las cárceles donde estaban alojados, ha generado un pequeño escándalo la noticia de que uno de los beneficiarios más conspicuos, el ex vicepresidente Amado Boudou, se encuentra asesorando al gobierno de La Rioja mientras cumple prision domiciliaria. Más allá de la desmentida inmediata de que hubiera algún tipo de contratación de por medio, y de la acusación contra los medios que difundieron la versión, el episodio vuelve a reflejar cómo para una parte del oficialismo valores como el respeto por la ley y las instituciones sucumben frente a una alarmante “solidaridad de clase” respecto de sujetos que no sólo la opinión pública sino también la Justicia han caracterizado como delincuentes.

"Estuvimos participando en una teleconferencia con el compañero Amado Boudou” y “le pedimos su asesoramiento para un tema particular”, fueron las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela que, de hecho, habilitaron la confusión, al inducir a creer que existía algún tipo de relación laboral. En principio, el mandatario no debería mostrarse tan indignado por un malentendido que contribuyó a generar cuanto menos en parte. Pero además, inclusive si se trató de consejos comunicados informalmente y sin contraprestación económica, los cuestionamientos también apuntan a la persona de quien los brindó.

Boudou se encuentra condenado, en el marco de la causa Ciccone, a una pena de cinco años y medio confirmada por la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país. El sorpresivo hecho de que un juez dispusiera enviarlo a su casa diez días después de haber dictaminado exactamente lo contrario, y sin que forme parte de los grupos de riesgo frente a la amenaza del Covid-19, no lo vuelve menos culpable. Tampoco lo hacen sus constantes reclamos al Presidente de la Nación de que pase por encima de la Justicia para resolver su situación “de facto” y sin ningún respeto por las reglas institucionales.

Pero si es lógico que un delincuente intente, en busca de “zafar” o de al menos mejorar su situación, no sólo distorsionar la realidad de los hechos sino manipular las normas en su propio beneficio, lo indignante es que una parte del oficialismo se pliegue a esa versión acríticamente, sin tener en cuenta ni siquiera lo abrumador de las pruebas de que Boudou cometió efectivamente los delitos por los que fue condenado. Además de otros, por supuesto, por los que todavía debería responder, una posibilidad que no obstante hoy hay que ver con escepticismo dadas las fuertes presiones que buscan la impunidad no sólo de él sino de casi todos los involucrados en las tramas de corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Desde luego, si Boudou hubiera sido efectivamente contratado por el Gobierno de La Rioja la iniquidad sería mucho más grave: hasta incluiría la comisión de un delito más, por cuanto parte de la condena consiste en la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero incluso un asesoramiento informal, si gira en torno de un asunto vinculado con la gestión e involucra el manejo de dinero del Estado, como es el caso, no debería ser requerido de alguien que utilizó su posición en el Estado para buscar su enriquecimiento, y pretende abiertamente escapar a las consecuencias de sus actos induciendo a sus “compañeros” a pasar por encima de la ley.