Hacía horas que Luis Caputo había lanzado el drástico plan de ajuste del gobierno de Javier Milei, que si se concreta estará en el top 3 de los que se hayan aplicado en Argentina, y en A Dos Voces le preguntaron:
- ¿Y qué va a pasar con los asalariados, que sufrirán una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo?
El ministro de Economía, después de devaluar el 55% y de pronosticar meses de explosión inflacionaria, pareció sorprenderse un poco pero rápidamente acomodó su cara de yuppie displicente y dijo:
- No sé. Supongo que tendrán que negociar.
Dos opciones: o esa franja de la población no entró en las ecuaciones de Caputo o, tanto o más inquietante, no se animó a describir cuáles serán los efectos de un paquete de medidas que combina fuerte devaluación, inflación de entre el 20 y el 40 por ciento mensual y acelerada licuación de los sueldos. Curioso. No es un elemento menor: las últimas crisis argentinas se desataron no tanto por decisiones que afectaron a los sectores humildes sino a la franja de gente con algún nivel mayor de poder adquisitivo.
En un video bizarro, el presidente Javier Milei ratificó que el país está inmerso en una hiperinflación -el vocero Manuel Adorni habló del 3.678 por ciento anual, mientras que el jefe de Estado llevó la cifra hasta 7.550 por ciento- y les pidió a los argentinos que comprendan el esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno para desactivarla. El líder libertario parece tener en ese punto una visión distorsionada: si hay alguien que está haciendo el esfuerzo ante el ajuste es más la gente que el gobierno. En sólo una semana el kilo de carne llegó a 8 mil pesos, la nafta tuvo dos aumentos acumulativos del 30 y el 46% y los remedios se duplicaron.
La mayoría de los economistas plantean que el ajuste era inevitable porque es imperioso ordenar las variables de la macroeconomía. Aunque disienten sobre las herramientas elegidas por Milei y sobre la posibilidad de éxito o no de las medidas (todos coinciden en que no se trata de un plan). Pero hay un punto central en la discusión: el destinatario de las consecuencias. Durante la campaña, Milei se la pasó diciendo, y lo repitió en su asunción, que era necesario un ajuste profundo pero que con él iba a cortarse la tradición de los recortes aplicados a la gente. Esta vez, dijo incansablemente, le tocaba pagar a la casta.
Si algo quedó claro desde que Caputo enumeró su decálogo es que el Presidente incumplió de manera inmediata con su principal compromiso: al ajuste lo pagarán los mismos de siempre.
¿Cuál será el límite social ante esa historia repetida? Es impredecible. Pero hay un punto vital: Milei necesita más que los anteriores gobiernos que recurrieron al ajuste de la validación social. Porque su gestión no tiene, por ahora, el volumen político para soportar una reprobación extendida. Sus dispositivos de poder son notablemente inferiores a los que le permitieron por ejemplo a Carlos Menem avanzar con un esquema similar.
Las primeras encuestas marcan que hay acompañamiento pero, a la vez, muestran algunos llamados de atención. La consultora Zuban Córdoba acaba de publicar un relevamiento que indica que el 48,8% de la gente le adjudica al gobierno de Alberto Fernández los fuertes aumentos de precios de los últimos días, pero el 31,6 ya se los endilga a Milei y el 18,9 habla de responsabilidad compartida.
El 27% de los encuestados le da un plazo de tres meses al jefe de Estado para mostrar resultados, mientras que otro 10% estira el plazo a 6 meses; sólo el 32,6%, es decir su núcleo duro, está dispuesto a esperar todo el mandato.
Hay otro dato interesante: al 38,5 por ciento la gestión de Milei le genera mucha desconfianza, mientras que al 11,5 le produce algo de desconfianza. Como contrapartida, sólo el 31,6 tiene mucha confianza en él.
Es decir, el nuevo gobierno no dispone de un cheque en blanco a pesar del enorme caudal de votos que consiguió en el balotaje. Además, los números de la encuesta de Zuban Córdoba reflejan cuál es la opinión ante los primeros efectos del ajuste. Todavía quedan por delante meses de altísima inflación -diciembre estaría por encima del 30 por ciento-, de pérdida de empleos y de recorte de calidad de vida. Esos elementos tal vez hagan menguar el apoyo de estos días iniciales: siempre es más defendible un ajuste con el discurso que con el bolsillo.
Una de las características casi inevitables de los programas económicos restrictivos es que caen en cascada. La riqueza no necesariamente derrama, como quedó demostrado en la historia reciente de este país, pero el efecto de los ajustes sí. Por eso ya hay provincias, incluso que hasta el mes pasado no manifestaron grandes dificultades, que comenzaron a comunicar recortes de gastos, declaraciones de emergencia y desdoblamiento de sueldos. Por ejemplo, San Luis.
¿Qué pasará en Córdoba? ¿Cómo afrontará la crisis el flamante gobierno de Martín Llaryora? El nuevo mandatario provincial fue el primero en ser recibido en la Casa Rosada, tal vez en señal de reconocimiento por el 75% que los cordobeses le ofrendaron a Milei el día de la elección.
En la gobernación señalan que la reunión con Guillermo Francos fue positiva, que implicó la recuperación de la institucionalidad y que generó un clima de predisposición al diálogo. Pero, a la vez, dejó una constatación: no hay plata.
El contexto general empujó a Llaryora a definir sus propias medidas económicas, que van en la línea del ajuste. En el Panal existe el convencimiento de que si no actúan inmediatamente, en los próximos meses entrarán en un déficit mensual imposible de solventar.
La primera medida, y la principal, que tomará Llaryora es desactivar la cláusula gatillo que ata los sueldos públicos provinciales al costo de vida. “Es imposible cumplirla si se vienen meses de 30 o 40 por ciento de inflación. Todos van a hacer un esfuerzo y los empleados públicos también tendrán que poner su parte”, señalaron.
Ahí puede haber un primer punto de conflicto para el nuevo gobernador, principalmente con los gremios docentes y de la salud. Con los empleados habrá una segunda decisión que generará ruido: se descontará de los salarios un 2% adicional en concepto de aportes porque el gobierno nacional ya avisó que no cubrirá el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Otro componente relevante del gasto provincial son las obras públicas. ¿Podrá sostenerlas Llaryora, tal como planteó en su discurso de asunción? La decisión política es que los proyectos que están en ejecución sigan en marcha pero se analizarán con sumo detenimiento los que todavía no se iniciaron.
Ante la crisis económica y la inminencia del ajuste propio, Llaryora apostó por iniciar su gestión pivoteando sobre otros temas; por ejemplo, la seguridad. El gobernador lanzó un nuevo plan, que considera audaz y ambicioso para atacar uno de los problemas que más preocupan a los cordobeses, renovó la cúpula de la Policía y removió a los jefes del Servicio Penitenciario, que están envueltos en un escándalo de corrupción y connivencia con el delito. “Martín mostró decisión y trazó las primeras acciones que muestran el perfil que pretende darle a la gestión”, indicaron desde Córdoba.
Llaryora también apostó por la territorialidad y por dar una imagen de federalismo. No concentró sus primeros días en Córdoba capital sino que realizó parte de la jura de ministros en San Francisco, de donde es oriundo, otra parte en Río Cuarto, visitó Marcos Juárez y Bell Ville y la semana próxima estará en Cruz del Eje.
En la capital alterna lo esperaba un peronismo que no está en calma. La dinámica de la interna empieza a extenderse a cada rincón de la política riocuartense. Llaryora se mostró con Llamosas, le hizo algunos guiños al oficialismo y considera que Hacemos por Córdoba está en condiciones de ganar las elecciones del año próximo. Pero advierte que no está dispuesto a convertirse en el factor que ordene los desacuerdos.
Los encontronazos oficialistas se dan en varios frentes: por estas horas, el Centro Cívico está en disputa entre el intendente y el diputado Carlos Gutiérrez y el Ejecutivo tuvo inconvenientes para hacer votar el presupuesto de 2024 en el Concejo Deliberante; no porque hubiera problemas con la oposición sino adentro de su propio bloque: el schiarettismo está enojado porque le adjudica a Llamosas una movida para arrebatarle el control del Centro Cívico y el nazarismo, disconforme con la no convocatoria del intendente a la exdiputada, amenazó con no votar el proyecto de ingresos y gastos.
Las rebeldías en el bloque provocaron que el gobierno hiciera una movida que Llamosas siempre evitó: tuvo que quitarle al Concejo la facultad de fijar el precio del boleto y pasarla al Ejecutivo; en parte para acelerar la toma de decisiones; en parte para no exponerse a otro episodio de presiones internas de final imprevisible.
Entre el schiarettismo y el llamosismo existe una disputa por espacios y por la representatividad del nuevo gobernador en el sur. Desde Córdoba, el mensaje que llega es que los propios riocuartenses tendrán que encontrar la manera de resolver sus internas y de evitar que esos episodios impacten en las chances de retener el Municipio por cuatro años más.