El Concejo Deliberante destituyó ayer al concejal Pablo Carrizo, después de admitir su responsabilidad en un hecho de violencia de género y recibir una condena de 7 meses de prisión en suspenso. Se decidió con los votos de Hacemos Por Córdoba y Juntos Por Río Cuarto, mientras que el propio Carrizo y su par del Frente Política Abierta, Miriam Salvatierra, estuvieron ausentes. Fue en la segunda sesión de ayer, que se desarrolló por la tarde, y en la que solo se discutió este asunto. Ahora, el escaño vacante debería ser ocupado por el tercer candidato en la lista: Santiago Pérez.
Los dos bloques mayoritarios resolvieron ayer expulsar del cuerpo al referente opositor, invocando la causal de indignidad para el ejercicio de la función pública, contemplada en la Carta Orgánica Municipal.
Fue un agitado debate, después de conocerse la condena contra Pablo Carrizo en un juicio abreviado en el que este se reconoció culpable de un hecho de violencia de género hacia su expareja.
Hacemos Por Córdoba y Juntos Por RíoCuarto llegaron a un acuerdo en la reunión de labor, temprano en la mañana de ayer, lo que se terminó reflejando en la segunda sesión ordinaria de ayer, que comenzó a las 15.30 y concluyó alrededor de las 17 con la destitución.
Carrizo dejó su banca vacía en los dos plenarios, mientras que su compañera de bancada, Miriam Salvatierra, estuvo presente por la mañana pero se ausentó cuando se discutía la cuestión de privilegio.
“Indignidad”
Al término de la votación, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes, explicó algunos de los aspectos técnicos de la decisión y destacó el mensaje institucional contra la violencia de género que motivó la expulsión del concejal.
"Hemos dispuesto la exclusión del concejal Pablo Carrizo en el ejercicio de la concejalía. Es en virtud de la Carta Orgánica, que hace alusión a las cuestiones de indignidad para el ejercicio de la función pública, al haber un acto condenatorio en el que Carrizo ha confesado ejercer violencia de género hacia su excompañera de vida”, apuntó.
En rigor, se refiere al artículo 71 de la carta magna local, que hace referencia a las facultades disciplinarias del cuerpo deliberativo:
“Por inconducta en el ejercicio de sus funciones, inasistencias reiteradas, indignidad o incapacidad sobreviniente, el Concejo Deliberante puede, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, corregir con llamados al orden o multa a cualquiera de sus integrantes y, con el voto de los dos tercios de sus miembros, suspenderlo o excluirlo de su seno. Basta el voto de la simple mayoría para decidir sobre la renuncia que voluntariamente un concejal hiciera de su cargo”.
“La violencia de género no debe tener lugar”
Por otro lado, Fuentes destacó el componente político de la decisión tomada: “Estamos dando un mensaje contundente desde este Concejo y desde la ciudad de Río Cuarto de que la violencia de género no debe tener lugar".
En otro orden de cosas, consultado por la prensa sobre cuál es el mecanismo previsto para cubrir la vacante, precisó que se debe “convocar a quienes han estado en la lista con la que el Frente Política Abierta se ha presentado a elecciones".
Vale recordar que, en las últimas elecciones municipales, en noviembre de 2020, la lista del Frente Política Abierta estaba encabezada por el propio Pablo Carrizo, seguido por Miriam Salvatierra y luego por Santiago Pérez, quien ahora debería ocupar la banca vacía.
“Un antes y un después”
Finalmente, y en cuanto a la trascendencia de la destitución de Carrizo, el presidente del Concejo Deliberante sostuvo que es un hecho sin precedentes, que marca un hito en la historia institucional de Río Cuarto.
"Se puede decir que esto marca un antecedente histórico en la institucionalidad de la ciudad. Un antes y un después en cuanto a los paradigmas en contra de la violencia hacia la mujer", señaló.
De todos modos, hay algunos antecedentes similares, aunque no del mismo tenor que la expulsión, en la historia del Concejo Deliberante.
Por citar algunos, se recordará el caso del edil Gustavo Segre, de la bancada de Río Cuarto Para Todos.
En 2010, se pidió la elevación a juicio de la causa en la que se lo investigaba por supuesta sobrefacturación en compras realizadas desde el cuerpo. Pese a que la oposición pidió la suspensión, se le concedió una licencia mientras se realizaba la investigación.
Otra situación semejante ocurrió muchos años antes, en la década del 90, cuando el concejal Fermín Borthelle fue suspendido por varios meses a partir de que fue investigado por la Justicia en un supuesto caso de malversación. Sin embargo, tras la suspensión fue absulto, se reincorporó al cuerpo y completó su mandato, indicaron fuentes conocedoras del caso.