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El concejal Carrizo va a juicio y el Tribunal Superior decide dónde será

Lo acusan de lesiones leves calificadas por violencia de género a su expareja, en 2019. Ya se sabe que el debate no se realizará en Río Cuarto, y la defensa pidió suspenderlo. Por qué se inhibieron los jueces de las dos cámaras

El concejal del Frente Política Abierta Pablo Carrizo irá a juicio acusado de lesiones leves calificadas por mediar violencia de género contra su expareja, Elsa Celluci, hecho ocurrido en noviembre de 2019. Así lo resolvió la Cámara Segunda del Crimen, en una sentencia en la que, sin embargo, todos los miembros se terminaron apartando. Uno de los jueces es el padre del abogado defensor y los dos restantes son amigos. Con la otra sala penal inhibida porque ya emitió opinión en la causa, ahora será el Tribunal Superior de Justicia quien defina dónde podría realizarse el debate. Lo que está claro es que no será en Río Cuarto.

El expediente judicial contra Pablo Carrizo data del 26 de noviembre de 2019, tras la denuncia policial de quien fuera su pareja, Elsa Celluci, víctima y luego querellante en el proceso. El fiscal Daniel Miralles acusa al concejal y referente del Frente Política Abierta de haberla agredido físicamente cuando estaba embarazada de tres meses.

Más de dos años después, todo está encaminado para la celebración del juicio, aunque no hay certezas de cuál sería el tribunal que se encargará del proceso. La Cámara Segunda del Crimen confirmó en una resolución del viernes último que la causa está lista para ir a juicio.

En el fallo, decidió “remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia a los fines de la determinación de la competencia del tribunal que se avocará".

Inhibidos

Todos los jueces de la Cámara Segunda se terminaron apartando por motivos personales. En este sentido, ellos mismos resolvieron "tener por inhibidos a los jueces Emilio Francisco Andruet, Carlos Hernán González Castellanos y Pablo Bianchi”.

En rigor, el fallo de apenas dos carillas de extensión aporta pocos elementos más, pero deja firme la elevación de la causa a juicio.

Más allá de esto, trascendió que la defensa de Carrizo llegó con un recurso de queja al Tribunal Superior de Justicia.

El abogado de Carrizo, Lautaro Andruet, pretende que Miralles continúe con la investigación, y que se les permita incorporar prueba. Esa es la postura con la que insiste desde el 31 de agosto del año 2020, cuando se opuso por primera vez a la elevación de la causa al debate oral.

Carrizo está acusado de lesiones leves calificadas por mediar violencia de género hacia su pareja, por un hecho de agresión física ocurrido en 2019.

Sin certeza sobre el lugar donde podría sustanciarse, parece más claro el panorama en cuanto a los plazos, ya que al menos en este plano se da por descontado que la resolución insumirá varios meses.

Ahora bien, si el Tribunal Superior hace lugar al planteo de la defensa, quedaría sin efecto el debate oral.

No se juzgará en Río Cuarto

Las dos cámaras del crimen quedaron inhibidas para juzgar el caso contra Pablo Carrizo por lesiones calificadas por mediar violencia de género, lo cual significa que el juicio en su contra no se podrá realizar en Río Cuarto.

El otro tribunal, integrado por los jueces Daniel Vaudagna, Natacha García y Nicolás Rins, ya intervino en la causa en el año 2020, cuando había rechazado la apelación defensiva al fallo la jueza de control Luciana Alba, que ratificaba por primera vez la elevación a juicio.

Al emitir sentencia, la primera sala penal quedó impedida de llevar adelante el debate del caso.

El Código Procesal Penal de Córdoba establece que los magistrados que se pronuncien con relación a una causa particular quedan inhibidos para intervenir nuevamente en ella. Se considera que el hecho de haber opinado previamente pone en riesgo su imparcialidad.

La defensa hizo su jugada

No conforme con ese resultado adverso, a fines del 2021, el abogado defensor Lautaro Andruet presentó un recurso de casación ante la misma cámara, con la idea de llevar luego el reclamo hasta el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Finalmente, los jueces le cerraron la puerta al planteo el 4 de marzo de este año, pero Andruet no se quedó de brazos cruzados: poco después, fue al máximo tribunal provincial con un recurso de queja, que todavía está pendiente de resolución.

La causa es sencilla pero, desde 2019 a hoy, acumula mucha discusión técnica. Por parentesco y amistad, los jueces de la Cámara 2 se apartaron días atrás.

De todos modos, no interrumpe la preparación del juicio, que debe seguir su marcha, por lo que, con el otro tribunal fuera de pistas, la causa recaló en la Cámara Segunda del Crimen.

Pero ahora, el vocal Emilio Andruet se inhibió de participar de un eventual juicio, porque el abogado defensor de Carrizo es su hijo Lautaro. Lo mismo hicieron sus pares Carlos González Castellanos y Pablo Bianchi, aunque estos dos aludieron una relación de amistad con el letrado.

La denuncia

Pablo Carrizo fue denunciado a mediados de noviembre de 2019 por un hecho de violencia de género por su novia, Elsa Celluci, quien por entonces cursaba tres meses del embarazo de la hija de ambos. Relató que fue agredida físicamente por el concejal y que esto le dejó lesiones en el cuello y los brazos.

En aquel momento, Celluci recibió un botón antipánico y la Justicia dispuso una restricción perimetral para evitar que el dirigente político se le acerque.

En paralelo, Carrizo radicó una contrademanda, en la que afirmaba ser él la víctima de agresiones, además de apuntar contra su suegro por envenenar a su perra, pero ninguna de las dos prosperó.

Por su parte, en la acusación, el fiscal Daniel Miralles sostiene la hipótesis de la violencia de género. Entiende que la investigación demuestra que Carrizo se posicionó en una relación de poder sobre la víctima, a quien trató “con violencia física, entre otras cosas, por su género”.

El fiscal cita un informe médico que indica que la víctima sufrió “escoriaciones en la cara anterior del cuello y hematomas en los brazos”, por lo que, en su momento, se le otorgaron diez días de curación y carpeta médica para no asistir a su trabajo.

Leonardo Brochero. Redacción Puntal