“En el 31% de los casos tóxicos presentes superan límites del Senasa”.
Esto fue revelado en el informe “El veneno continúa llegando al plato" de la organización Naturaleza de Derechos, que analizó y sistematizó la información del organismo oficial entre los años 2017 y 2019. “En el 31 por ciento de los casos, los agrotóxicos presentes en los alimentos superaban los límites legales ordenados por el Senasa, mientras que en el 47 por ciento de los casos positivos se hallaron principios activos que están cancelados en la Unión Europea (UE)”, indicaron.
Pimiento, manzana y pera fueron los tres alimentos con más residuos de agrotóxicos: 37, 35 y 33 principios activos se encontraron entre los casos positivos, sobre un total de 80 agroquímicos encontrados por los controles del Senasa. Uva (30), naranja (30), tomate (30), limón (29), durazno (28), lechuga (26) y banana (24) fueron los alimentos que rankearon entre los diez más contaminados.
Un caso positivo con residuos de agrotóxicos no significa que esté fuera de la normativa legal del Senasa, como ocurrió en el 69 por ciento de los casos en el trienio analizado, ya que las resoluciones vigentes 934/2010 y 608/2012 son las que indican los “límites máximos de residuos (LMR)” permitidos. “Sin perjuicio de que los residuos dentro del margen legal no implican inocuidad alimentaria en absoluto”, sentencia el informe de Naturaleza de Derechos.
En ese sentido, el documento subraya que el 47 por ciento de los principios activos detectados en los casos positivos están cancelados por la legislación de la Unión Europea —en usos determinados o con prohibición total—, mientras que el 46 por ciento están considerados dentro del grupo de Pesticidas Altamente Peligrosos, calificados así por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por “causar efectos tóxicos agudos o crónicos, y plantean riesgos específicos para los niños”. Mientras que el 49 por ciento son agentes cancerígenos, de acuerdo a la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC-OMS).
Frente a los parámetros vigentes en otras partes del mundo, el informe sostiene que el volumen de casos positivos “obliga a realizar una evaluación integral y dimensionar la carga química diaria y el real nivel de riesgo al que está expuesta la población” y advierte que el sostenimiento de los LMR actuales es un acto inconstitucional —por no preservar el derecho a la salud— y conforman un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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