De manera casi simultánea con la adopción de medidas que flexibilizan las restricciones dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria, el aumento de la cantidad de infecciones por Covid-19 detectadas en los sectores de la Ciudad de Buenos Aires más afectados por la pobreza y las deficiencias de infraestructura ha alumbrado versiones en torno de la siempre latente posibilidad de un retroceso hacia un aislamiento más riguroso, al tiempo que ha exacerbado los cortocircuitos políticos que oscurecen la imagen de relativa unidad ofrecida desde la cúpula de la dirigencia. Aparte de profundizar las dife- rencias formalmente establecidas entre el área metropolitana y el resto del país, el cuadro de situación pone límites a cualquier expectativa exageradamente opti- mista que pudiera haberse generado a partir de los últimos anuncios, y advierte acerca de la precariedad de los logros alcanzados y de los que puedan conseguirse en el futuro próximo.
Desde luego, la explosión de casos en barrios vulnerables porteños, con epicentro en la llamada Villa 31 de Retiro, se debe a la realización de testeos masivos en esos ámbitos, y no tiene nada que ver con la flexibilización, cuyas consecuencias, si las tiene, sólo aparecerán en los próximos días. Pero sí ha habilitado críticas de intendentes del conurbano hacia la administración de la Ciudad de Buenos Aires, de otro signo político, que contrastan con la buena relación de trabajo que sostienen haber establecido el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.
Estos ataques que parecen “preparar el terreno” para un eventual estallido de casos en los municipios que rodean a la Capital, y que forman con ésta un único conglomerado urbano donde los límites establecidos sobre el mapa no impiden el constante tránsito de personas, y muchos de cuyos problemas deben ser sí o sí tratados de manera coordinada. En ese sentido, cualquier intervención sospechada de producirse alentada por la especulación política o peor aún, electoralista -a pesar del año largo que queda por delante hasta la siguiente campaña-, constituye una señal muy negativa.
Sin embargo, más allá de lo criticable de la actitud de ponerse a buscar anticipadamente culpables antes que soluciones -un clásico de la política argentina y de la de muchos otros países, con o sin pandemias en curso-, es preciso advertir que las razones objetivas detrás de los planteos existen, y que de hecho la consolidación del área metropolitana como el ámbito donde el virus seguirá encontrando el más propicio de los terrenos para prosperar es inevitable. En ese marco, también parece poco realista esperar que no aumenten las dificultades para discutir, establecer y mantener los indispensables consensos en torno de la hoja de ruta a aplicar para ir aflojando los rigores de la cuarentena sin despilfarrar al mismo tiempo los logros alcanzados a lo largo de los últimos dos meses en materia de freno a la expansión de la enfermedad.
Mientras tanto, la parte de la Argentina que de algún modo ha quedado como testigo de una obra que por el momento, y afortunadamente, no la tiene como protagonista central no debería, sin embargo, dejar de mirar estos acontecimientos con atención y, sobre todo, con la guardia alta. Está claro que no es ajena a la precariedad que, con más notoriedad y virulencia, condiciona extremadamente las perspectivas del área metropolitana, y los riesgos que corre, aunque acaso no se presenten como tan apremiantes, son de la misma naturaleza.