La causa por narcolavado volvió a sufrir un cimbronazo en las últimas horas. Fue a raíz de las nuevas imputaciones que decidió el juez federal Carlos Ochoa, en el más cerrado hermetismo.
Río Cuarto |
Esta vez, la lista de personas imputadas en la investigación que desde comienzos de año tiene en vilo a los riocuartenses sumó a dos profesionales de la ciudad: se trata de los contadores Martín Boiero y Silvia Andarnello, quienes quedaron bajo la mira de la Justicia después de los allanamientos conjuntos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria hizo el 12 de marzo pasado en oficinas y estudios céntricos.
De acuerdo a las averiguaciones que llevó adelante Puntal entre fuentes vinculadas a la causa, estas dos personas fueron notificadas del delito que se les imputó y ya han sido citadas a indagatoria.
Las responsabilidades que la Justicia les atribuye a uno y otro profesional no son las mismas. Mientras a Andarnello la vinculan con un presunto delito autónomo como lo es el lavado de activos, en un número reiterado de oportunidades, la situación de su colega, Boiero, es bastante más complicada pues el magistrado lo incluiría dentro de la organización montada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Entre los aspectos que está tratando de dilucidar la Justicia aparece el vínculo que podría existir entre el contador Boiero y otra de las personas imputadas en la causa narcolavado, Cristian Pereyra, quien habría desempeñado algún tipo de tareas en el estudio contable que ahora quedó bajo la mira.
La calificación legal
A Martín Boiero, la Justicia Federal lo imputó por los artículos 7 y 11 de la Ley 23.737 de Estupefacientes, relacionados con la actividad del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
A esa acusación el magistrado la agravó por el inciso “C”. Ese inciso aumenta en un tercio las penas previstas cuando en los hechos delictivos intervienen tres o más personas organizadas para cometerlos.
Menos grave es la imputación que le formuló a la contadora Andarnello, a quien la Justicia Federal no la vincula directamente con la organización sino que le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos, agravado por la habitualidad con que se habría efectuado.
Esa figura está contenida en el Artículo 303, inciso 2a y también le fue aplicada a Boiero, junto con los otros artículos mencionados anteriormente.
Entre los elementos de prueba que el juzgado tendría en contra del contador se cuentan intervenciones telefónicas, el informe que elaboró la Policía de Seguridad Aeroportuaria después de haber allanado el estudio contable de Boiero en los primeros meses de 2019, y los datos que la Administración Federal de Ingresos Públicos puso en manos del juez Ochoa.
Alejandro Fara. Redacción Puntal
De acuerdo a las averiguaciones que llevó adelante Puntal entre fuentes vinculadas a la causa, estas dos personas fueron notificadas del delito que se les imputó y ya han sido citadas a indagatoria.
Las responsabilidades que la Justicia les atribuye a uno y otro profesional no son las mismas. Mientras a Andarnello la vinculan con un presunto delito autónomo como lo es el lavado de activos, en un número reiterado de oportunidades, la situación de su colega, Boiero, es bastante más complicada pues el magistrado lo incluiría dentro de la organización montada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Entre los aspectos que está tratando de dilucidar la Justicia aparece el vínculo que podría existir entre el contador Boiero y otra de las personas imputadas en la causa narcolavado, Cristian Pereyra, quien habría desempeñado algún tipo de tareas en el estudio contable que ahora quedó bajo la mira.
La calificación legal
A Martín Boiero, la Justicia Federal lo imputó por los artículos 7 y 11 de la Ley 23.737 de Estupefacientes, relacionados con la actividad del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
A esa acusación el magistrado la agravó por el inciso “C”. Ese inciso aumenta en un tercio las penas previstas cuando en los hechos delictivos intervienen tres o más personas organizadas para cometerlos.
Menos grave es la imputación que le formuló a la contadora Andarnello, a quien la Justicia Federal no la vincula directamente con la organización sino que le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos, agravado por la habitualidad con que se habría efectuado.
Esa figura está contenida en el Artículo 303, inciso 2a y también le fue aplicada a Boiero, junto con los otros artículos mencionados anteriormente.
Entre los elementos de prueba que el juzgado tendría en contra del contador se cuentan intervenciones telefónicas, el informe que elaboró la Policía de Seguridad Aeroportuaria después de haber allanado el estudio contable de Boiero en los primeros meses de 2019, y los datos que la Administración Federal de Ingresos Públicos puso en manos del juez Ochoa.
Alejandro Fara. Redacción Puntal
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