La dinámica refleja un cambio de lógica en la política energética del país y un giro en una de las partidas más sensibles entre las cuales el Gobierno libertario aplicó la “motosierra” para bajar el gasto público. El recorte se apoyó también en fuertes incrementos de tarifas y en una mejora de la producción local por Vaca Muerta, que permitió reducir costos del sistema.
El resultado fue que en los últimos dos años y medio la reducción total de los subsidios fue equivalente a más de US$ 5.600 millones. En términos del PBI, esas erogaciones cayeron desde niveles cercanos a 1,4% del PBI a alrededor de 0,6%, con el objetivo oficial de 0,5% en 2026.
Parte de ese ajuste se explicó también por una depuración del padrón. En ese proceso, la Secretaría de Energía identificó 15.518 hogares en countries y barrios cerrados que recibían subsidios, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 1,59 millones de hogares que reunían las condiciones para acceder a la asistencia, pero nunca la habían solicitado. También se retiró la asistencia a comercios e industrias, una decisión que en las últimas semanas encendió alertas en el sector ante el impacto que puede tener la guerra en Medio Oriente en los costos.
“Estamos terminando con que hogares con alta capacidad de pago recibían subsidios financiados por todos los argentinos, mientras otros vulnerables no siempre estaban correctamente protegidos”, explicaron desde Energía.
El sistema alcanza a un universo amplio: 16,5 millones de usuarios residenciales en electricidad y más de 9,6 millones en gas por redes, según registros oficiales. Sobre esa base, que no varió significativamente en los últimos años, el recorte implicó una reducción sostenida de los hogares alcanzados por subsidios y un crecimiento del número de quienes pagan el costo pleno de la energía.
En electricidad, los hogares con subsidios pasaron de 10,8 millones en diciembre de 2023 (67,1%) a casi 9,23 millones al cierre de 2025 (55,8%). Con la implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el universo que recibe asistencia cayó a 8,73 millones (53%), un ajuste adicional de 500.000 hogares.
En gas por redes, la dinámica fue similar: los beneficiarios bajaron de 5,64 millones (59,8%) a 5,12 millones (53,4%) y, luego, a 4,78 millones (49,8%) tras la aplicación del SEF, lo que consolidó el quiebre del escenario previo hacia uno con mayoría de usuarios sin subsidios.
Pagan el costo pleno
Más que un recorte puntual, los datos muestran un cambio en la estructura del sistema: cada vez más usuarios pasan a pagar el costo pleno de la energía.
El cambio se da sobre un esquema que ya había comenzado a modificarse. En 2022 se implementó la segmentación por ingresos, que dividía a los usuarios en tres niveles: N1 (ingresos altos), que pagaban la tarifa plena; N2 (ingresos bajos), que recibían la mayor parte de los subsidios; y N3 (ingresos medios), que accedían a una asistencia parcial. Ese sistema buscaba bajar el peso del gasto sin eliminarlo, pero mantenía una cobertura amplia.
A partir de este año, el Gobierno avanzó con un modelo más simple, con la implementación del SEF: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos a partir de cruces de datos de ingresos, patrimonio y consumo.
En ese esquema, la asistencia se concentra exclusivamente en los usuarios residenciales y se aplica sobre un bloque básico de consumo que varía según la estacionalidad. Por encima de ese umbral, la energía se paga a precio pleno, lo que implicó una disminución tanto de la cantidad de beneficiarios como del nivel de subsidio por usuario.
La subvención se aplica sobre el costo de la energía, uno de los componentes de la tarifa, que también incluye transporte, distribución e impuestos. En los hogares subsidiados, el Estado bonifica una parte de ese componente, mientras que el resto —y los otros cargos del sistema— se paga sin asistencia.
El recorte impactó especialmente en los usuarios de ingresos medios, que bajo el esquema anterior accedían a subsidios parciales y que, en muchos casos, quedaron fuera del beneficio.
Ese ajuste también se reflejó en las tarifas. Para un consumo residencial típico de gas en el Area Metropolitana de Buenos Aires —unos 711 metros cúbicos anuales-, en marzo de 2026 se pagó $33.987 con subsidios y $39.309 sin subsidio, a precios actuales. Esas mismas boletas durante la gestión de Alberto Fernández costaban $20.991, mientras que en 2018 y en términos reales, durante la gestión de Mauricio Macri, ascendían a $43.719.
