Nacionales | CGT | Presidencia | paro

La CGT realizará el segundo paro general de la era Milei el 9 de mayo

Se impuso la postura de los gremios más combativos en la reunión del consejo directivo, que además resolvió una marcha al Monumento al Trabajo el 1° de mayo

Después de su primer encuentro oficial con el Gobierno, la CGT definió una movilización para el 1° de mayo al Monumento al Trabajo y fijó para el 9 de mayo el segundo paro general contra la gestión de Javier Milei.

En la previa a la reunión del consejo directivo había ganado fuerza la idea de condicionar la huelga hasta esperar una reacción del oficialismo en lo relativo a la homologación de las paritarias y a conocer la letra chica del proyecto de reforma laboral. Sin embargo, se impuso la presión de los sindicatos más duros, por lo que el triunvirato de mando, a cargo de Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, avaló la medida para evitar una ruptura en la central obrera peronista.

De acuerdo con el tono de los discursos en el consejo directivo, se impuso por mayoría la idea de activar la segunda huelga contra el Gobierno. La primera había sido el 24 de enero, que consistió en un paro de 12 horas con movilización a tan solo 45 días de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

En la CGT tenía mayor consenso la postura de “los gordos” (grandes gremios de servicios) y del sector de los autodenominados “independientes” (Uocra y los estatales de Aysa y UPCN) de postergar la huelga y coordinar solo un acto por el Día del Trabajador como demostración de fuerza. Cuando se convocó a la reunión del consejo directivo, la semana pasada, la CGT no tenía previsto el encuentro del miércoles con el Gobierno, en el que los funcionarios de Milei se comprometieron a consensuar con los gremios una reforma laboral light y a homologar las paritarias pendientes, entre ellas, la de los camioneros de Hugo Moyano.

La decisión de avanzar con el llamado a un paro con casi un mes de antelación choca con la estrategia inicial de esperar el desenlace del nuevo proyecto ómnibus en el Congreso y la posibilidad de un fallo de la Corte Suprema sobre la validez del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/23.

Pablo Moyano, que fue relegado por su padre de la negociación salarial de los camioneros y también de la reunión del miércoles con el Gobierno, fue uno de los más enérgicos en fijar la fecha de otra medida de fuerza. Se sumaron también los gremios docentes, muy molestos por los recortes que dispuso el Gobierno y que ya tuvo impacto en los salarios de los maestros.

La cúpula de la CGT valoró el primer intercambio con el Gobierno y mantiene la amenaza de paro a pesar de haber abierto el diálogo. La confrontación, de todos modos, queda condicionada a que se resuelvan las homologaciones de las paritarias (la de Moyano está próxima y resta la de la UTA, que es más compleja por los subsidios estatales) y a conocer la letra chica del proyecto de reforma laboral. “Para el paro falta casi un mes, todavía puede pasar cualquier cosa”, dijo un dirigente de la CGT.

De todos modos, en la CGT son escépticos de que la negociación que se abrió con el Gobierno llegue a buen puerto. También le ven poca influencia al ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los funcionarios que promovió el encuentro del miércoles y con quien la CGT habló sobre reforma laboral, paritarias y el DNU.

Daer explicó que el paro general se basa sobre el rechazo a las políticas aplicadas por el gobierno de Milei que -según dijo- llevarán al país a un "proceso recesivo inaceptable".

"No podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites. Somos organizaciones sindicales responsables y tenemos claro cuáles son los límites y las posibilidades de cada sector para llegar a acuerdos", indicó Daer.

Lo dijo durante una conferencia de prensa junto con los cosecretarios Pablo Moyano y Carlos Acuña. Daer aclaró que "el paro es por 24 horas sin movilización" el próximo 9 de mayo.

“Sindicalistas con síndrome de abstinencia”

Como era de prever, la reacción oficial tras el anuncio del paro general de la CGT no se hizo esperar: el subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, apuntó contra sus dirigentes y aseguró que son “sindicalistas con síndrome de abstinencia”.

“La CGT está decidida a que (Javier) Milei sea el Presidente con mayor cantidad de paros generales. Sindicalistas con síndrome de abstinencia. Hibernaron cuatro años en el período de mayor empobrecimiento de los trabajadores. Es un gran honor!”, publicó el funcionario nacional en su cuenta de la red social X.

Lanari fue uno de los primeros funcionarios en salir a cuestionar la medida de fuerza adoptada por los dirigentes sindicales, que se materializará el próximo 9 de mayo.

El segundo paro contra la administración del presidente Javier Milei se anunció un día después de que la cúpula de la CGT fuera recibida en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

La UCRpresentó su proyecto de reforma laboral

Diputados y senadores de la UCR llevaron ayer a la Casa Rosada un borrador de la reforma laboral que reemplazará el capítulo del DNU que quedó frenado por la Justicia. Los recibió el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien se comprometió a incluir el proyecto en el nuevo dictamen del proyecto ómnibus.

Si bien la iniciativa radical no fue negociada con los otros bloques “dialoguistas” (Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal), en el radicalismo descuentan que existe un amplio consenso para avanzar con los trazos gruesos de la reforma. No obstante, esperan que durante el debate en comisión haya varias modificaciones y agregados.

Uno de los puntos principales por su impacto político será la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos, ya que recrudecerá la disputa con los gremios porque corta una de sus principales vías de financiamiento. La legislación vigente permite que en los convenios colectivos se incluya una cuota extra tanto para afiliados como para no afiliados. El proyecto radical los prohíbe por completo. “No es verdaderamente solidaria porque se incluye en los convenios colectivos y los trabajadores no pueden elegir no pagarla”, explicaron desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo. Este punto no estaba en el DNU 70, es aporte nuevo del radicalismo que se basa en una iniciativa ya presentada por el diputado nacional Luis Picat.

Por otro lado, la UCR propone la derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral (ley 24.013, ley 25.013 y ley 25.323) y una fuerte reducción de las multas por trabajo no registrado para calcular las indemnizaciones. Estas habían sido directamente eliminadas en el DNU de Milei pero se optó por reducirlas para garantizar consensos más amplios, especialmente en el Senado.

A modo de ejemplo, explicaron que aplicando las multas vigentes un despido con un sueldo de $500 mil brutos puede terminar en una indemnización de $5 millones. Mientras que con la reducción de multas rondaría $1,5 millón.

Para el radicalismo, los agravamientos de las multas han mostrado ser poco efectivos, ya que la tasa de trabajo no registrado se ha ido incrementando en las últimas décadas, principalmente porque no se aplican en la mayoría de los casos.