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Se abstuvieron de declarar los cuatro acusados del crimen de Claudio Torres

El fiscal Fernando Moine decretó el secreto de sumario por diez días. Tres de los involucrados integraban la banda narco

Los cuatro acusados de mandar a matar a Claudio Torres se abstuvieron de declarar ante el fiscal Fernando Moine, quien dictó el secreto de sumario por diez días.

Cristian Fabián Ortiz, Mariano Martín Rivarola, Jonathan Palacios y el rosarino Néstor Robledo están sospechados de organizar el crimen del líder de la banda narco que formaban parte los tres primeros.

Torres fue ultimado de ocho balazos al frente de su casa de Laprida 1264 el 16 de enero de 2019, por un sujeto que se dio a la fuga en una Renault Kangoo que dejó abandonada en la ruta 8, en inmediaciones del puente Antártida Argentina.

Ortiz y Rivarola están imputados del delito de homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y alevosía en perjuicio de Torres y tentativa de homicidio calificado por alevosía en perjuicio de Germán Salinas, quien fue alcanzado por la balacera.

En el caso de Palacios y Robledo, quien se encuentra detenido en Villa María, la acusación del fiscal es de partícipe necesario del delito de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y alevosía en perjuicio de Torres y tentativa de homicidio calificado por alevosía en el caso de Salinas.

Entre ayer y el jueves, los acusados negaron los hechos y se abstuvieron de declarar.

Luego de tres años de investigación, Moine logró avanzar en la causa con el cruzamiento de llamados telefónicos, informes técnicos de las antenas de telefonía y un integrante de la organización narco que declaró que había fuertes diferencias entre los cabecillas, por lo que se contrató un sicario para terminar con la vida del denominado “zar de la droga”.

El homicidio de Torres también aceleró la investigación de narcolavado que llevaba adelante el juez federal Carlos Ochoa, que finalizó con el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal N°2 de Córdoba, en un juicio abreviado, que condenó a 18 miembros de la banda por asociación ilícita y lavado de activos con penas de entre tres y cinco años de prisión.