Tendrá aplicación federal en todas las provincias y el foco estará puesto en el endurecimiento de penas y la ampliación de figuras agravadas. Además incluirá nuevos delitos, como la criminalidad ambiental
El Gobierno enviará al Congreso una profunda reforma del Código Penal. Tendría aplicación federal en todas las provincias.
El hincapié estará puesto en el endurecimiento de penas y la ampliación de figuras agravadas. También incluye cambios en homicidios, delitos cometidos con armas, conducción imprudente, reincidencia, cumplimiento efectivo de las condenas e imprescriptibilidad de crímenes graves. Incorpora una presunción ampliada de legítima defensa y un nuevo esquema de notificación obligatoria a víctimas.
El proyecto busca un cambio de doctrina con el objetivo de que “las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria”.
Por su parte, Bullrich sostuvo que el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”.
Anticipó que el proyecto prevé el “agravamiento de las penas” y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.
Destacó que incorpora la figura de conducción imprudente —reclamo histórico de Madres del Dolor—, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”.
Y aseguró que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y que, como consecuencia de las innovaciones, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”.
La iniciativa propone elevar la pena máxima del homicidio simple de 25 a 30 años, y sumar agravantes como el magnicidio, los homicidios contra autoridades educativas en ejercicio y los crímenes cometidos contra menores de 16 años o adultos mayores.
En el capítulo de delitos viales, las lesiones por conducción imprudente pasarán de un máximo actual de 2 años a un rango de 2 a 6 años en su forma simple, y de 3 a 6 años cuando sean agravadas.
Otro punto clave es el endurecimiento del régimen para armas de fuego: quien porte un arma sin autorización enfrentará una condena taxativa, sin posibilidad de alternativas. Además, el proyecto exige que toda pena aplicada tenga cumplimiento efectivo, y en el caso de la prisión perpetua, plantea que no tenga límite temporal.
La reforma establece que los delitos graves y gravísimos serán imprescriptibles, entre ellos homicidios graves, abuso sexual, sustracción de menores, trata de personas, terrorismo y tráfico o contrabando de estupefacientes. En materia de corrupción, los funcionarios condenados perderán el acceso a jubilaciones de privilegio.
Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”.
Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos.
Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal.
Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales.
Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). No comprometería derechos fundamentales ni criminalizaría acciones legítimas de protesta.
Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito.
Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica.
Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto.
Adorni y Bullrich también anunciaron el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana (ALERTAR), que notificará en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública.
