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Martín, farsante y chivo expiatorio

El fiscal Miralles archivó la denuncia para definir si el falso médico del COE tuvo cómplices políticos. Sin embargo, el texto sigue dejando abierta la gran pregunta que genera el caso

Setenta y dos páginas consumió el fiscal Daniel Miralles para dejar a Ignacio Martín solo. Según la resolución judicial, fue él, y nadie más que él, el “médico trucho”, quien urdió y ejecutó una obra maestra del engaño que ridiculizó al COE Central y a la Municipalidad de Río Cuarto en plena pandemia de coronavirus. Ese joven de 19 años con cara de nada no tuvo cómplices políticos: dijo ser médico y le creyeron, hasta que buscó cierta estabilidad laboral y quiso que lo contrataran formalmente, un paso audaz que lo condenó.

La resolución de Miralles tiene 72 páginas y un punto débil preponderante: no responde a la pregunta principal, la que todos se hacen desde que el caso Martín se hizo público y estalló en los medios:¿quién decidió que ese chico sin ningún conocimiento médico, a quien rápidamente descubrieron sus compañeros, tuviera un puesto de conducción en el Comando de Operaciones Tácticas durante el momento más crítico de la pandemia en Río Cuarto?

En los testimonios que se compendian en la sentencia, Marcelo Ferrario, secretario de Salud, asegura que Martín llegó junto con el COE Central y que fue presentado como médico por Pablo Carvajal, secretario de Salud de la Provincia, y por el resto del equipo que desembarcó para combatir el brote.

El propio Carvajal relata que fue Diego Almada, interventor del COE Regional, quien armó el equipo de trabajo que incluyó a Martín.

El testimonio clave, por lo tanto, es el de Almada. Sin embargo, ese médico, que en algún momento fue denominado mediáticamente como “el cazador de virus”, señala que existía un sistema de voluntariado que se diseñó para la pandemia y que, en ese marco, Martín llegaba a las ciudades donde explotaban los brotes enviado desde Córdoba como parte de un contingente mayor. Era un voluntario más. Y él, Almada, desconoce los criterios que se usaron en Córdoba, así mencionada, como si fuera una entidad despersonalizada y superestructural, para asignarlo a los destinos en los que actuó.

Nadie fue. Nadie eligió a Martín, en un universo de 600 voluntarios, para ponerlo por encima de los demás y posibilitarle llegar hasta donde llegó.

Almada, en su declaración, apenas desliza que él, junto con el COE, pusieron a Martín en el COT pero remarca que nunca como médico sino sólo en funciones operativas.

La pregunta entonces, la gran pregunta, queda sin respuesta. El texto apenas si sobrevuela la cuestión.

Nadie fue. Nadie lo eligió del universo de 600 voluntarios para ponerlo por encima de los demás y posibilitarle llegar hasta donde llegó.

Miralles concluyó que Martín actuó solo, sin complicidades ni connivencias.

Por supuesto que la resolución de un fiscal debe concentrarse en el aspecto jurídico, en determinar si existió o no la comisión de un delito. Y promover a un mitómano dentro del COE tal vez no sea un delito pero la respuesta a ese interrogante habría servido para establecer, al menos, las responsabilidades políticas que permitieron una conducta temeraria como la de Martín. Está en cuestión la salud pública en un contexto de pandemia.

Si se tiene en cuenta la reacción social y mediática que generó la decisión de Miralles de archivar la denuncia de la oposición, se trató más que nada de una sentencia reafirmatoria. Aunque haya sido ajustada a derecho, causó un efecto político y social basado en ideas preconcebidas; el texto de Miralles sirvió como elemento ratificador. “La Justicia cubre a la política”, esa es la idea que giró en torno a la mayoría de los comentarios que se leyeron en las redes o en los sitios web de los medios periodísticos.

Es decir, las 72 páginas del fiscal sirvieron como una exculpación judicial pero no social. Lo que sí hizo, en términos políticos, fue diluir la responsabilidad al no especificarla. No fue Almada, por lo tanto no fue el gobierno provincial;ni fue Ferrario, lo que habría dirigido el dedo acusador hacia el Ejecutivo municipal. No fue responsable nadie en particular, sino el “poder político”, una entidad genérica ya lo suficientemente desprestigiada, a la que en esta ocasión puede atribuírsele, como máximo, un descuido burocrático justificado por la crisis sanitaria.

El efecto puede ser un enojo, pero un enojo impreciso.

La resolución del fiscal sirvió como una exculpación judicial pero no social. Aunque, en términos políticos, diluyó la responsabilidad al no especificarla.

Martín juega, en este marco, un rol dual, como parece ser su personalidad. Es el artífice de la mentira, del engaño, de la demencial actitud de simular ser médico durante una pandemia pero, a la vez, en lo atinente específicamente al aspecto político, el simulador se convierte en un chivo expiatorio. Sirve para descargar en él todas las culpas y las negligencias;las de la Provincia y las del Municipio;las de quienes debieron controlarlo y no lo descubrieron antes.

El fiscal culpa enteramente a Martín. Y al caos provocado por el coronavirus.

Esa línea argumental se enfrenta con un problema de verosimilitud. Por eso la decisión de Miralles tuvo la recepción que tuvo. Porque a nadie -o a muy pocos- le resulta creíble que ese chico que no parece especialmente avispado haya podido engañar a especialistas médicos sin tener al menos un apoyo, una ayuda, una influencia. No es que no pueda ser verdad;tal vez fue así, tal vez estamos en presencia de un genio embaucador;el inconveniente es que parece una versión difícil de tragar.

Martín, el taimador y el chivo expiatorio, provocó una generalización de la desnudez. Desnudó que los controles son débiles y falibles, desnudó que Tribunales puede actuar con lentitud e indolencia -el caso durmió más de un mes en un cajón porque desde Córdoba enviaron la causa y en Río Cuarto nadie la abrió ni la investigó porque estaban de feria- y ahora también parece haber desnudado los mecanismos de actuación entre la Justicia y la política.

No es extraño, entonces, que desde el Municipio se asegure que esperan que le caiga todo el peso de la ley. Por su delito. Pero también por sus efectos.