Siempre, inevitablemente, la mirada se posa sobre los oficialismos. Y en Río Cuarto se agrega una particularidad: el gobierno de Juan Manuel Llamosas ya venía tomando acciones en materia de seguridad, como por ejemplo las cámaras en las calles, pero en los últimos meses decidió inmiscuirse más en un tema que normalmente solía ser policíaco y, por lo tanto, provincial. Sumó una Secretaría de Prevención e incorporó la Guardia Local. Lo hizo por una combinación de factores: porque la nueva gestión de Martín Llaryora definió que la seguridad sería uno de sus principales ejes de acción, porque las encuestas marcaban que el delito es la principal preocupación de los riocuartenses después de la crisis económica y, en el plano electoral, porque así le escamoteaba a la oposición, principalmente al radicalismo, el latiguillo de que el Municipio miraba desde afuera la lucha contra la delincuencia.
Las medidas que tomó Llamosas en los últimos meses pasaron a formar parte de la campaña de Guillermo De Rivas, quien además agregó como compromiso que la seguridad sería una prioridad de una eventual gestión suya. Es decir, el oficialismo hizo que el tema pasara a la órbita municipal, dividió la responsabilidad con la Provincia y la Policía y, en ese acto, respondió a un pedido de la gente pero, a la vez, se autogeneró un riesgo: que los hechos delictivos, y más aún uno shockeante como el crimen del remisero, le generen un costo político mayor del que normalmente habrían tenido.
En las horas posteriores al asesinato de Pereyra hubo algunos episodios que atenuaron las consecuencias políticas del caso: fundamentalmente, que los supuestos autores fueran atrapados sin demoras y que la protesta de los remiseros durara sólo hasta el mediodía del lunes. De todos modos, el oficialismo sintió el impacto: la pauta la da que ni Llamosas niDe Rivas se refirieron aún al caso, en un intento por “desmunicipalizarlo” y transformarlo en un hecho eminentemente policial.
Otro elemento que contribuyó a atenuar en algo el impacto sobre el Municipio es que el debate posterior se centró fundamentalmente en la edad de imputabilidad, en la conveniencia o no de bajarla, ya que tres de los cuatro sospechosos no son punibles por la ley. El gobernador Llaryora fue el primero que planteó que es un aspecto que debe analizarse.
Públicamente, quien apareció con una opinión que en parte se contrapone a la de Llaryora fue su ministro de Seguridad, Juan PabloQuinteros, quien planteó que condenar a chicos de 14 años no soluciona, por sí solo, el drama de la inseguridad ni del delito. Fue una postura sensata, realista, que busca abordar el tema en su complejidad pero que choca contra el reclamo de la sociedad, que exige soluciones rápidas, efectivas y, sobre todo, simples.
Quinteros, en su última visita a Río Cuarto, además dejó algunos datos inquietantes, que deberían preocupar a los candidatos a intendente, más allá de la campaña. Porque, según dijo el ministro, Río Cuarto ha pasado a ser un distrito en el que la droga, más precisamente el delito de la venta de droga y el oscuro ecosistema que se le asocia, está presente no como una eventualidad sino como realidad arraigada. “Es uno de los lugares donde tenemos que ir con un ataque frontal contra la droga. La presencia de la FPA en Río Cuarto tiene que ver con que nosotros analizamos un mapa rojo en Córdoba de lugares donde la droga ha penetrado y claramente Río Cuarto es uno de esos lugares donde tenemos que ir con ese ataque frontal”, dijo el ministro.
La inseguridad y la droga predominaron en la agenda pública de Río Cuarto en los últimos días. Pero, todavía, se percibe como un eje de campaña difuso. La mayoría de los candidatos tienen asumido que deben hablar de la inseguridad pero no parecen encontrar el contenido. Hasta ahora, ha habido propuestas puntuales pero no se ha escuchado ninguna planificación de fondo sobre hasta dónde debe actuar el Municipio, cómo sostener las acciones en el largo plazo, con qué recursos financiarlas, cómo generar una colaboración permanente y efectiva con la Policía y la Justicia, entre otros aspectos.
Uno de los candidatos que viene insistiendo en la necesidad de entender la inseguridad como una consecuencia directa de la droga es Gonzalo Parodi, de Primero Río Cuarto. Sin embargo, en los últimos días, no apareció con alguna propuesta enfocada en combatir ese vínculo. Desde el comando de campaña de Parodi aseguran que el candidato había programado para la semana pasada una conferencia de prensa en la que iba a presentar su plan de seguridad. Sin embargo, dicen que la suspendió para no aparecer como un oportunista que busca sacar rédito electoral de una tragedia personal.
En cambio, Parodi y su equipo decidieron modificar su cronograma de campaña y lanzaron la promesa de reducir un 30 por ciento los impuestos municipales, una idea de reminiscencias delasotistas, y de recortar consecuentemente de manera considerable el gasto de la Municipalidad. Más allá de la viabilidad o la necesidad de la medida, el anuncio de Parodi apuntó a alinear su campaña a un clima de época, que repudia el gasto público, y a tratar de seducir a esa franja de la población, nada despreciable en Río Cuarto, que abraza los conceptos de Javier Milei.
Achicar el Estado no parece una premisa que se adecue a la historia del radicalismo, aunque no confronte especialmente con su presente. Cerca de Parodi señalan, además, que Primero Río Cuarto es una fuerza nueva que no hace corresponder linealmente sus propuestas y sus maneras de abordar la realidad con el radicalismo. “Somos otra cosa”, señalan.
La baja del 30% de los impuestos, pero sobre todo la visión que se desprende de esa propuesta, busca sintonizar con los votantes libertarios o filolibertarios. Y también establecer un hito de campaña, esos hechos que movilizan el debate, instalan un eje y, por lo tanto, incrementan la visibilidad del candidato.
En parte Parodi lo logró. Pero, paralelamente, la oportunidad del anuncio puede no haberle caído del todo mal al oficialismo. Porque le permitió, cuando estaba a la defensiva por la inseguridad y sin iniciativa de campaña al menos momentáneamente, participar en la modificación de la agenda pública cuando sólo habían pasado 72 horas del crimen de Facundo.
Pero, además, el hecho de salir a contestarle a la promesa de Parodi provocó que, aunque sea temporariamente, la pelea entre tres pasara a ser de dos. Los antagonistas en el debate económico fueron, al menos en la semana que pasó, el peronismo oficial y Primero Río Cuarto. Esa polarización no es del todo antipática para la estrategia del comando de campaña de De Rivas.
Como contrapartida, un efecto negativo para Hacemos Unidos es que la rebaja del 30 por ciento de Parodi volvió a mostrarlo, como ocurrió durante la semana pasada casi de punta a punta, cediendo en iniciativa, “corriendo de atrás” en la disputa por la agenda pública.
El oficialismo aspiraba a que los días hasta la elección pasaran sin sobresaltos. La oposición apuesta al escenario contrario. En esa dinámica, en esa contraposición, también se juega el resultado.
