El insólito veto contra sí mismo

Hoy, la política es un fenómeno raro, en el que casi cualquier cosa puede ocurrir. Pero había que ser muy imaginativo para prefigurarse un episodio como el que el radicalismo acaba de protagonizar en el Congreso: impulsó un proyecto de recomposición de los haberes jubilatorios, logró que se votara en las dos cámaras con la aplastante mayoría de dos tercios, impuso así una agenda de reparación del daño que la devaluación de Luis Caputo causó en los viejos, enojó por lo tanto al Presidente, que vetó la ley en malos términos, pero, después de una serie de negociaciones a cara descubierta, ese mismo partido aportó los votos en Diputados para que el veto quedara firme. No debe haber demasiados antecedentes de una fuerza política que imponga una ley y después la boicotee.

El radicalismo está rompiendo esquemas, aunque no precisamente en sentido positivo.

Hubo dos cordobeses que estuvieron en el centro de la historia:uno es Rodrigo De Loredo, que preside el bloque de diputados radicales;el otro es Luis Picat, exintendente de Jesús María, radical que en la presidencial jugó para Patricia Bullrich.

Picat fue uno de los cinco radicales que cambiaron su voto: el 5 de junio, en la primera votación, consideró que era justo establecer una nueva fórmula jubilatoria que, a final de cuentas, les dejaba a los jubilados una migaja de $ 17 mil en el bolsillo;sin embargo, después de reunirse con Milei, cambió mágicamente de opinión y pasó a afirmar que la ley era nociva y fiscalmente irresponsable.

La pirueta argumental de Picat es de antología. El 15 de mayo, antes de que se tratara la ley, en la red social X publicó:“Presentamos un proyecto previsional que corrige la brecha negativa que provocó la inflación de enero, devolviendo a los jubilados un 8,1% (...)Aclaro que no tiene costo fiscal para el Estado”. Cuatro meses después dijo exactamente lo contrario.

El cambio de postura, la forma en que se dio, lo insólito de los argumentos generaron sospechas inmediatas. Pero Martín Lousteau, que es senador y presidente del radicalismo a nivel nacional, oficializó ese recelo:en una entrevista dijo que el comportamiento de los diputados zigzagueantes lo avergonzó y los acusó de entregar a los jubilados a cambio de cargos y prebendas personales.

Ahí se introduce otro elemento innovador de los diputados radicales:cuando existían sospechas de corrupción era porque el gobierno de turno compraba voluntades para imponer un proyecto propio;por ejemplo, en el caso de la Banelco. Ahora, fue un bloque el que le dio una vuelta de tuerca al escándalo al votar en contra de una ley que era de su autoría.

En este punto entra De Loredo. El jefe del bloque no estuvo entre quienes alteraron su voto; es más, argumentó a los gritos en la sesión a favor de los jubilados y la recomposición. Pero al cordobés lo golpea la incredulidad. El problema es que su postura es, cuanto menos, de dudosa verosimilitud. Es muy difícil tragarse la versión de que De Loredo no sabía nada y que los diputados que defeccionaron lo hicieron por iniciativa propia y no en el marco de una negociación.

En cualquier caso, el episodio lo salpica.Si sus diputados lo traicionaron, su capacidad de conducción quedó seriamente afectada. Si fue el producto de una negociación oficial con el Gobierno, en la que él estuvo, entonces es partícipe necesario de un capítulo vergonzoso.

Hay algunos datos que fortalecen la segunda alternativa. Por un lado, horas antes de la sesión, el gobierno de Milei oficializó la puesta en marcha de la Universidad Nacional de Río Tercero, ciudad gobernada por el socio político de De Loredo, Marcos Ferrer, y ahora presidente de la UCR a nivel provincial.

Pero, además, el portal La Política Online reveló que un abogado cercano a De Loredo fue nombrado como subsecretario legal de la Secretaría General de la Nación que comanda Karina Milei, El Jefe, según el Presidente.

Se trata de Juan Galli, que fue designado oficialmente el 26 de agosto, semanas antes de que el veto se tratara en Diputados.

Galli, según consigna La Política Online, venía de ser procurador de la Municipalidad de Río Tercero, nombrado allí por Ferrer.

“Es muy cercano a Rodrigo y a Oscar Aguad. Siempre lo llevaron a las áreas en las que estuvieron y nunca lo dejaron en banda”, relató un dirigente del PJ cordobés.

Milei parece estar no sólo manipulando al radicalismo sino divirtiéndose con él. Lo lleva a protagonizar episodios insólitos con las armas de la vieja política que, en teoría, el libertario venía a combatir. Pero al costo político se los traslada a los radicales.

La UCR aparece sin referencias, sin liderazgos, sin una posición definida ante el gobierno pero, sobre todo, con una profunda crisis de identidad: ¿qué es hoy el radicalismo?¿Qué representa?

Un político como Milei, recién llegado, puede darse algunos lujos porque detrás de él no tiene casi ningún bien simbólico que resguardar. Pero el radicalismo es diferente, o debería serlo:lleva más de 100 años, referentes en el pasado, definiciones ancladas en su historia. Por eso, ahora, después de lo que ocurrió con los jubilados, se abre un nuevo interrogante:¿qué pasará cuando la Cámara Baja deba tratar el veto, que Milei anunció, a la ley de financiamiento universitario?

La universidad pública y gratuita es un emblema que la UCRviene defendiendo desde hace décadas. Pero, además, tiene una presencia política importante en el sistema universitario. ¿Va a poder desprenderse tan fácilmente de esos condicionamientos como lo hizo con los jubilados?Hay quienes aseguran en el radicalismo, y también en el peronismo, que habrá más resistencia. Primero, en sus propias filas. Pero, además, en la calle:los universitarios ya están organizando una gran marcha para horas antes de que se discuta la suerte del veto. Son actores menos predispuestos a la quietud que los jubilados cuando se ven afectados.

Para Milei fue una semana intensa, que mezcló resultados y sensaciones. Por un lado, se mostró triunfante al imponer su veto, aunque esa es la lectura inmediata. Por lo bajo habrá que ver cuál es el costo político que puede tener recurrir a cualquier recurso para frenar un aumento a los jubilados, que ganan menos de 300 mil pesos por mes.

Una característica de Milei, que por ahora le viene dando resultado pero que podría ser peligrosa en otro contexto, es que juega siempre a todo o nada. En el caso de los jubilados podría haber optado por una reglamentación que tuviera efecto fiscal neutro, pero prefirió dejar sin un peso a los jubilados y mostrarse intransigente.

Ahora, desde las universidades argumentan que el impacto real que tendría la ley de financiamiento sería limitado. Representaría el 0,14% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Los gremios docentes señalan que es un costo considerablemente menor al 0,43% del PBI que el Estado dejará de cobrar por haber alivianado el impuesto a los Bienes Personales.

Pero plantearle a Milei que aumente las jubilaciones o financie a las universidades públicas con un impuesto que pagan quienes poseen patrimonios de cientos de millones de pesos implica pedirle que traicione su naturaleza.

El protagonismo de los dos radicales cordobeses en el veto al aumento jubilatorio provocó que hubiera una derivación provincial. El gobierno de Llaryora salió a tratar de acrecentar el costo político que están pagando sus adversarios. A través del jefe de bloque en la Legislatura, Miguel Siciliano, el oficialismo les reprochó a De Loredo y a Ferrer las críticas que suelen plantearle al peronismo cordobés por su política previsional. La UCRvota en el país en contra de un aumento a quienes cobran la mínima y, en Córdoba, donde las jubilaciones son más altas, plantea una prédica en favor de la clase pasiva. Esa es la contradicción que remarcó Siciliano, en un intento por desgastar y exponer el discurso de sus rivales.

Casi en paralelo con esa polémica, el gobierno de Llaryora tuvo que afrontar una complicación derivada de una política nacional:las empresas de transporte anunciaron el corte del Boleto Educativo, uno de los caballitos de batalla del PJ cordobés, porque los números ya no cierran. Hasta ahora, la Provincia pagaba el 50% del costo del BEGy la otra mitad era cubierta con los subsidios nacionales. Cuando Milei cortó los aportes, la ecuación empezó a crujir.

“En realidad, tienen razón. Es un problema que se soluciona con plata”, dijeron desde el oficialismo. En los próximos días, cuando se conozca el nuevo esquema para sostener el BEG, se sabrá con cuánta.